Nació en Sevilla. Se llamaba Jesualdo de la Iglesia Rosillo. En Filipinas ingresó en la Guardia Civil. De regreso a España, asciende a general de División. Se acogió a la ley Azaña para pedir el retiro voluntario cuando se proclamó la II República. Tras el Alzamiento, se refugió bajo el pabellón de Suiza. Pasó sucesivamente por Valencia, Marsella, Fuenterrabía e Irún, donde se puso a disposición de las nuevas autoridades. Después de ser nombrado gobernador civil de Badajoz en 1937, Jesualdo de la Iglesia recorrería toda España como juez especial para casos de espionaje.

Es un personaje de novela, pero quien presentó sus credenciales fue Juan José del Águila Torres, autor de un trabajo sobre el Tribunal de Orden Público que pasó de tesis doctoral a best-seller y no fue trilogía por culpa de la crisis.

No sabían escribir, pero lo dejaron todo escrito. "Eso hay que reconocérselo", dice José Antonio Martín Pallín, hijo de militar golpista y presidente de la Unión Progresista de Fiscales. A esa bibliografía pertenecen los más de doscientos mil consejos de guerra practicados por el régimen de Franco. Del Águila Torres y Martín Pallín participaron como ponentes en unas Jornadas sobre la represión en la Universidad y las fábricas organizadas en la Facultad de Derecho y coordinadas por Pablo Gutiérrez Vega y José Villa.

El decano de Derecho, Antonio Merchant, fue mucho más que un moderador. Este profesor de Historia del Derecho formado en La Sapienza de Roma y en Fráncfort estudió las Actas de la Facultad durante el periodo 1935-1940.

Al primer rector tras el comienzo de la Guerra Civil lo nombró Queipo de Llano, autor de un bando, fechado el 24 de julio de 1936, tan sanguinario que fue desautorizado por el general Cabanellas cuatro días después. Se convocaron cursos exprés para "alumnos militarizados con motivo de la Cruzada". El Alzamiento dio al traste con el proyecto de llevar la Universidad a la Plaza de España. "Los militares sublevados instalaron la capitanía general; el derecho a la fuerza se impuso a la fuerza del Derecho". Ramón Carande, rector entre 1930 y 1931, no pudo volver desde Madrid a su Universidad, que expedientó al catedrático de Derecho Canónico Manuel Giménez Fernández. Éste sería décadas después guía de algunos de los principales protagonistas de la Transición española.

En la tercera sesión coincidieron Julián Ariza y Eduardo Saborido, dirigentes de Comisiones Obreras incluidos en el proceso 1001 cuyo inicio coincidió con el atentado contra Carrero Blanco. En la segunda, sobre "la destrucción de la universidad española por el franquismo", compartieron mesa Alberto Carrillo Linares, autor de una tesis sobre profesores y alumnos represaliados, y uno de los protagonistas de su estudio, el catedrático y magistrado Manuel Ramón Alarcón.

El catedrático Bartolomé Clavero habló de Baltasar Garzón con cita del Wyoming. Se extendió en el taimado invento alemán del Derecho Penal del Enemigo, y recordó que la Corte de Derechos Humanos de Naciones Unidas recomendó al Gobierno español la supresión de la Ley de Amnistía de 1977 por ser el único país que no sentó en el banquillo a los inculpados en delitos de lesa humanidad. "Y España se arroga jurisdicción universal para procesar a dictadores de medio mundo".

No habría calculadora para sumar años de presidio de los asistentes. "¿Qué significa cuatralbo?", preguntaba Florentino Moreno Avellaneda (1940) muchos años después de recitar el poema de Alberti al que le puso música Serrat. Estuvo 27 años en la Renault, donde protagonizó una huelga en el 68 que le costó el despido. Lo readmitieron en 1971, lo procesaron en 1972 y en 1974 empezó a cumplir su condena. "Salí de la cárcel de Palencia un mes después de la muerte de Franco".

Antonio Iglesias (1943) preside la Asociación Memoria, Libertad y Cultura Democrática. Fue excarcelado quince días después de la muerte de Franco. En Carabanchel coincidió con Ariza y Saborido. Durante 16 años fue concejal en La Rinconada, ocho de ellos con Sánchez Monteseirín.

El tiempo del sin Derecho en la Facultad de Derecho. La noche del 18 de julio de 1936, recordó Martín Pallín, el sevillano Diego Martínez Barrio, que presidía el Congreso, ofreció al general Mola la cartera de la Guerra. Mola, "de los pocos que habían leído algo más que la cartilla militar", rechazó la cartera y prefirió la guerra.