La disputa por el Colegio de Arquitectos deriva en bronca

  • El decano niega que exista limitación de mandatos a pesar de la cláusula existente en los estatutos de 2001 · Del Río acusa a la Junta y al Colegio Andaluz de desprestigiarle

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Un embrollo jurídico que oculta, como siempre en las lides políticas -y los órganos de representación corporativa son una variante más de la política-, una agria batalla por el poder. El Colegio de Arquitectos de Sevilla, entidad fundada en 1931 que reúne a 2.600 colegiados, celebrará el próximo martes sus elecciones ordinarias en un ambiente de tensión derivado de la decisión del decano de volver a presentarse a la reelección a pesar de que los estatutos en vigor en la entidad prohíben expresamente que el titular efectivo de este cargo -no así el resto de su candidatura- opte a un tercer mandato de gobierno.

Así consta en los estatutos del Colegio redactados en 2001 y aprobados en enero de 2002. Sin embargo, la junta colegial que preside Ángel Díaz del Río -que dirige la institución desde hace seis años- considera que la norma de aplicación a este respecto no es este reglamento, sino unos estatutos reformados posteriormente -todavía en trámite de ratificación por parte de la Junta de Andalucía, que no los ha publicado en el BOJA y, por tanto, no los considera aún en vigor-, aprobados en diciembre 2004 por los colegiados (70 de 2.600 asociados) y avalados en 2005 de forma tácita -en una reforma de ámbito global para su adaptación completa a la ley andaluza- por los dos órganos de representación profesional de rango superior: el Colegio Andaluz y el Colegio Estatal. Estos estatutos, redactados por el equipo que preside Díaz del Río, eliminan la histórica limitación de dos mandatos para los decanos electos, lo que, a su juicio, le dejaría vía libre para su reelección en el Colegio.

La cuestión clave de esta controversia, que esta semana ha empezado a derivar ya en un grueso cruce de acusaciones personales entre Del Río y sus cinco antecesores en el cargo -que han emitido un comunicado de ex decanos en el que le acusan de querer "perpetuarse" en la institución al "mutilar" los estatutos del Colegio-, radica en saber cuáles de los dos en liza son los que realmente deben tenerse en cuenta como referencia legal. Si los aprobados en 2001, cuando el Colegio de Sevilla se segregó del antiguo Colegio de Andalucía Occidental, o los de 2004, todavía "no vigentes", como sostiene la Junta en un escrito oficial.

Los ex decanos del colegio -tal y como ayer publicó este diario- estiman que los estatutos en vigor son los que prohíben un tercer mandato de cualquier decano, circunstancia que -precisan- obedece a un pacto tácito. Díaz del Río quiso ayer responder a esta afirmación y, en una rueda de prensa convocada a última hora de la mañana de forma improvisada -el día anterior prefirió no opinar sobre la polémica-, aseguró que el citado comunicado de los ex decanos "no es veraz" y forma parte de una campaña de desprestigio contra su persona "y contra el Colegio" en la que, supuestamente, participarían sus antecesores en el cargo, así como también la Junta de Andalucía.

El decano llegó incluso a negar que exista ningún documento escrito que limite a dos los mandatos de los decanos. "En los seis años que llevo de decano yo no he sabido nada de limitación alguna", dijo Díaz del Río, que reiteró que la opinión de sus predecesores se debe a "cuestiones personales" y "al interés de la Junta de Andalucía de que no siga presidiendo el Colegio de Arquitectos de Sevilla".

El candidato a la reelección -que en su presentación dijo hablar como decano, no como líder de una de las listas electorales- lamentó "el acoso" y "las intoxicaciones contra el prestigio de la institución". "Hay doce decanos anteriores vivos y sólo han firmado cinco el manifiesto". Cuestionado por el informe de la Junta que señala que los estatutos de 2004 no están en vigor, Del Río explicó que el Colegio "no puede esperar a que lo inscriban" [en el registro de Colegios]. Su tesis parte de la base de que basta la validación de los órganos colegiales para que los estatutos sean vigentes.

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