El enconado conflicto que enfrenta desde hace una semana al decano del Colegio de Arquitectos de Sevilla y candidato a la reelección, Ángel Díaz del Río, con el organismo profesional de ámbito superior -el Consejo Andaluz de Arquitectos- arrojó ayer un episodio más en la dura liza que mantienen ambas instituciones corporativas con motivo de las elecciones que se celebran hoy en Sevilla para elegir a la nueva junta directiva de este importante órgano colegial.

Díaz del Río logró in extremis que el titular del juzgado contencioso-administrativo número diez, Francisco Pleite, emitiese un auto merced al cual deja en suspenso -de manera cautelar- la resolución del máximo foro de representación de los arquitectos andaluces que inhabilitaba a Díaz del Río para presentarse a estos comicios por violar los estatutos actualmente en vigor en el Colegio de Arquitectos, que impiden a cualquier decano optar a la reelección si ha ocupado la presidencia de la institución dos mandatos seguidos (seis años). Tal es el caso de Díaz del Río, responsable del Colegio desde 2001.

La resolución del Consejo Andaluz de Arquitectos, de naturaleza ejecutiva, obligaba a Díaz del Río a abandonar de inmediato la candidatura que encabeza. Así era, pese a la versión contraria sostenida por el decano, hasta esta resolución del juzgado, que al suspender de forma momentánea la citada inhabilitación permite que las elecciones puedan celebrarse, aunque las dudas sobre quién ocupará al final la dirección de la institución colegial seguirán vivas -con independencia del resultado electoral- mientras los juzgados no entren a dictaminar sobre el fondo del conflicto: si el decano de los arquitectos sevillanos tenía derecho o no a presentarse por tercera vez al cargo.

La resolución judicial, que indirectamente viene a dar seguridad jurídica a corto plazo a las dos candidaturas en disputa sobre la viabilidad legal del proceso electoral -había dudas sobre la conveniencia de su celebración teniendo en cuenta la situación creada por Díaz del Río-, ha sido adoptada, sin embargo, a instancias de la candidatura del decano, que reclamó al juez que suspendiera el acuerdo inhabilitante del foro de los arquitectos andaluces sin oír precisamente a esta parte. Es lo que técnicamente viene a denominarse "suspensión inaudita altera parte". El argumento alegado por la representación legal del Colegio de Arquitectos -Díaz del Río viene utilizando los medios de la institución para todo lo relacionado con su candidatura- es la supuesta "urgencia" de contar con una resolución cautelar. El juez, al estimar dicha petición sin recabar ni la versión del Consejo Andaluz de Arquitectos, ni de la Junta de Andalucía -administración implicada en el caso al ser quien debe tramitar los estatutos de los colegios profesionales-, viene a dar por buena la versión de una de las partes en liza, aunque no explica en su auto en qué radica dicha urgencia, salvo en el hecho de la inminencia de los comicios del Colegio de Arquitectos. De esta forma, el magistrado sacrifica conscientemente el principio legal de dar audiencia a todas las partes en conflicto por estimar que, en este caso, "las circunstancias no permiten, dada su naturaleza, esperar". El juzgado mantendrá, o en su caso revocará, la orden de suspensión cautelar una vez haya conocido las alegaciones de las partes, que están citadas un día después de los comicios: este mismo miércoles. Sobre el fondo del litigio, sin embargo, la justicia aún no se ha pronunciado ni se pronunciará en un periodo de tiempo más o menos largo, lo que generará una situación de interinidad en el Colegio de Arquitectos sea quien sea el decano elegido hoy por los arquitectos en las urnas. Si Díaz del Río resulta ser el decano electo, su capacidad ejecutiva estará cuestionada hasta en tanto la justicia no aclare si ha sido elegido con los suficientes avales jurídicos para ejercer el cargo. Si, en cambio, triunfa la candidatura que encabeza José Carlos Babiano -COAS Abierto-, la situación pudiera también repetirse si la otra parte decide reclamar ante los tribunales la suspensión cautelar de la ejecución del resultado electoral hasta que se aclare del todo la situación jurídica de Díaz del Río.