Defender Europa es apostar por su alimentación

Europa redescubre hoy una verdad que parecía olvidada: no hay fortaleza sin alimento, ni soberanía sin quienes lo producen. La seguridad alimentaria ya no es un tema sectorial ni rural, es un eje estratégico que define nuestra autonomía como continente y que debe ocupar un lugar central en el proyecto político de la Unión.

Las últimas crisis nos lo han recordado con dureza. La pandemia nos enseñó la fragilidad de las cadenas de suministro cuando dependemos de terceros países. La invasión rusa de Ucrania puso en evidencia que la seguridad europea no se mide únicamente en defensa o energía, sino también en la capacidad de nuestros campos y mares para proveer a millones de ciudadanos. A ello se suma la creciente competencia desleal que sufre nuestra agricultura y nuestra pesca, con importaciones de productos que no cumplen las mismas normas que exigimos a nuestros productores. Europa no puede mirar hacia otro lado: su soberanía está en juego en cada hectárea cultivada, en cada barco que sale a faenar y en cada industria agroalimentaria que transforma lo que producimos.

En 2024, las exportaciones agroalimentarias europeas alcanzaron los 235.000 millones de euros, confirmando a Europa como una potencia mundial. Ese éxito no es casualidad: es fruto del esfuerzo de agricultores, ganaderos y pescadores que, a pesar de las dificultades, garantizan un modelo de producción basado en la calidad, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad. Ellos son quienes fijan población en el territorio, quienes cuidan del medio ambiente, quienes hacen posible que Europa se mantenga en pie incluso en los momentos más adversos.

Por eso resulta incomprensible que la Comisión Europea plantee para el periodo 2028-2034 un recorte del 22% en la Política Agraria Común (PAC), diluyendo además sus pilares en un fondo único que rompe con la esencia de una política común para todos los europeos. Se pasaría de 378.000 a 300.000 millones de euros. En el caso de España, la pérdida podría superar los 15.000 millones. Y lo mismo ocurre con la pesca: el FEMPA, que es clave para la competitividad de nuestra flota, se reduciría de 6.000 a apenas 2.000 millones de euros.

Este golpe no es técnico, es político. Supone debilitar uno de los grandes éxitos de la integración europea, abrir una brecha peligrosa entre Estados y poner en riesgo la igualdad de condiciones en el mercado único. España, como líder mundial en aceite de oliva, frutas y hortalizas, sería uno de los países más castigados. El campo andaluz perdería más de 350 millones de euros al año; Castilla y León más de 260; Galicia cerca de 80 y Extremadura alrededor de 100. Detrás de esas cifras hay explotaciones familiares, jóvenes agricultores que esperan relevo, inversiones en regadíos, proyectos de digitalización y el futuro mismo de nuestras zonas rurales.

El Parlamento Europeo ya ha marcado una posición clara. El informe “El futuro de la agricultura y la PAC después de 2027”, que tuve el honor de presentar como ponente y que fue aprobado con un amplio respaldo, señala la hoja de ruta que Europa necesita: más presupuesto, dos pilares fuertes, menos burocracia, apoyo directo al agricultor activo, nuevas herramientas de gestión de crisis y una apuesta decidida por la modernización y la sostenibilidad. Ese es el camino para blindar nuestra soberanía alimentaria.

Ahora la responsabilidad recae en el Consejo y en los gobiernos nacionales. España no puede quedarse en silencio. El Gobierno de Sánchez debe abandonar la pasividad y encabezar la defensa de nuestros intereses. Tiene que liderar un bloque mediterráneo —junto a países como

Italia, Grecia, Francia o Portugal— para rechazar un recorte que amenaza no solo a nuestro campo, sino a la propia cohesión de la Unión. Es el momento de la política con mayúsculas, de construir alianzas, de trabajar en los trílogos y de aprovechar la mayoría que ya ha marcado el Parlamento Europeo.

Porque la soberanía alimentaria no es una opción ni un eslogan: es la condición de independencia de Europa en el siglo XXI. Defender la PAC es defender empleo, cohesión territorial y dignidad. No hacerlo sería dejar en manos de terceros países el futuro de nuestra alimentación, y con ello renunciar a un pilar esencial de nuestro modelo europeo.

Por todo ello, la alimentación no debe ocupar los márgenes del debate europeo, sino su centro. Y ese será el papel más importante que debe jugar el Parlamento europeo en esta legislatura. Alimentar Europa no es solo una necesidad: es una decisión política, una responsabilidad estratégica y una expresión de soberanía. La soberanía alimentaria no es una opción, es el pilar que decidirá el futuro y la independencia de Europa.