La gasolinera de la calle Batán de Coria presenta un plan para descontaminar el suelo

El documento se remitió a la Junta el 23 de marzo, según el Ayuntamiento, que señala que es la administración andaluza la que debe aprobarlo

Los vecinos demandan soluciones efectivas de verdad y que no se demoren en el tiempo

La caseta, de color verde y junto a la gasolinera, donde está instalado un equipo de extracción de gases desde agosto.
La caseta, de color verde y junto a la gasolinera, donde está instalado un equipo de extracción de gases desde agosto. / Juan Carlos Muñoz
Trinidad Perdiguero

11 de abril 2021 - 06:10

La empresa propietaria de la gasolinera de la calle Batán de Coria del Río, donde la investigación ha localizado el foco de la contaminación que provoca los gases tóxicos en el alcantarillado que se propagan desde hace años por la barriada Guadalquivir, ha presentado ante la Junta una “solicitud de remediación voluntaria de suelo contaminado”, según ha informado el Ayuntamiento, que señala que es la administración autonómica la que a partir de ahora debe evaluar, aprobar y supervisar las medidas para solventar los daños que se hayan producido y que conllevaron ya la detención de tres responsables del establecimiento –dos administradores y gerente– y la investigación de cuatro técnicos encargados de las inspecciones de seguridad.

En su declaración ante el juez, los propietarios defendieron que se trata de una contaminación “histórica”, previa a que ellos asumieran el negocio, y a que puede haber otros motivos, como los pozos ciegos que existieron en la zona, que hagan que los gases lleguen a las casas.

En cualquier caso y según el Consistorio, esa solicitud de recuperación voluntaria de suelos contaminados se presentó el 23 de marzo. Está prevista en el artículo 38 de la Ley 22/2011 de 28 de junio de Residuos y Suelos Contaminados y debe incluir un estudio de la calidad del suelo y un proyecto de descontaminación.

Seguimiento médico a varios afectados

Seis adultos, vecinos de la barriada Guadalquivir, en los que el Instituto Nacional de Toxicología detectó la presencia n-hexano y acetona, dos disolventes tóxicos, están siendo objeto de un estudio en el Hospital Virgen del Rocío: ya han sido sometidos a pruebas de Cardiología y Neurología y están pendientes de otras de Urología, Neumología y en la Unidad del Sueño, según explica Rogelia Gómez, una de las afectadas. No obstante, el colectivo reclama que se haga lo mismo con dos niños en los que también se detectaron estos componentes en sangre y orina y que asegura que, como los adultos, han tenido síntomas que podrían estar relacionados con los mismos. Así van a reclamarlo en el Hospital Infantil y en su centro de salud.

Ahora estaría en fase de evaluación por parte de la Consejería de Agricultura, Pesca, Ganadería y Desarrollo Sostenible, que, consultada al respecto, ha eludido dar más detalles sobre el terreno que abarca o plazos concretos que tardará en resolverse, lo que realmente demandan los vecinos, que insisten en que más allá de la investigación y de que se haya encontrado el foco principal de los vertidos se debe dar una prioridad a arreglar la situación, sin esperar al lento proceso judicial que tienen por delante.

El procedimiento para verificar esos planes de descontaminación de suelos contempla que en casos como el de Coria del Río, en el que hay también afección a las aguas, debe pronunciarse el organismo responsable en materia hídrica, así como la Consejería de Salud, por la afección a las personas.

Antes de ésto y según informa también el Ayuntamiento que dirige Modesto González (Axsí), en agosto de 2020, la empresa ya instaló una “barrera hidráulica y un sistema de extracción de gases del suelo” que le exigieron, como medida cautelar previa a la descontaminación del suelo, tanto la Junta y como el propio Ayuntamiento.

No obstante, la plataforma de afectados por los gases considera absolutamente insuficientes las medidas que se han tomado hasta ahora y duda de sus resultados, teniendo en cuenta la extensión del problema y los años en los que han venido inhalando esos gases, según subraya una de sus representantes, Rogelia Gómez: “No es suficiente para la magnitud que tiene eso. ¿Van a tardar 20 años, cuando estemos todos muertos?”, se pregunta.

Gómez también muestra su preocupación por el movimiento de tierra que se está produciendo en la zona por las obras en el paseo fluvial, que se acometen desde el pasado mes de octubre por un proyecto de Demarcación de Costas, con una inversión de 190.000 euros.

Tierra extraída de las obras en el paseo fluvial acumulada en el entorno de la zona.
Tierra extraída de las obras en el paseo fluvial acumulada en el entorno de la zona. / Juan Carlos Muñoz

Según los vecinos, la delegación territorial de Medio Ambiente también ha tomado dos veces muestras de esa tierra, para analizarla. Mientras que llegan los resultados permanece acumulada en la zona, cubierta con una tela. Temen que, con las obras, se terminen destruyendo pruebas y que también aumente la contaminación al mover el terreno y apilar materiales que han permanecido en el subsuelo, complicando aún más su situación.

Dos de las declaraciones aplazadas se fijan para el día 21 y los vecinos preparan la demanda civil

La plataforma de afectados por los gases en el alcantarillado ha mostrado su preocupación por la suspensión de tres declaraciones en el Juzgado de Instrucción número 3 de Coria del Río, en el que se sigue la causa por un presunto delito contra el Medio Ambiente con grave afección a las personas. Dos han sido fijadas de nuevo para el día 21 de abril.

El 12 de marzo se suspendió la declaración como testigos de dos técnicos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses por los informes que detectaron concentraciones de N-hexano en ocho vecinos de la barriada Guadalquivir. El 26 de ese mes se suspendió la declaración como investigada de la administradora de la empresa de la gasolinera, que alegó motivos de salud. El 5 de abril, tampoco pudo llevarse a cabo la comparecencia de uno de los técnicos que debían supervisar la seguridad de las instalaciones, en las que se verificó que había habido fugas que, según el Seprona, se arreglaron e intentaron ocultar. Las dos últimas se han fijado para el día 21, junto a la de otro técnico supervisor de los controles a la gasolinera.

En la causa están personados como acusación la plataforma de afectados, varios vecinos a título individual y Ecologistas en Acción, entre otros. Según Sara Domínguez, abogada de la plataforma, la suspensión de la declaración de la administradora se justificó con un parte médico y el resto se debió a la falta de medios del Juzgado, donde sólo hay dos salas de vistas y una está en obras, lo que complica cualquier declaración con tantas partes y en pandemia. Pero destaca que la juez está muy implicada e intentando agilizar todo.

La plataforma también prepara una demanda contencioso-administrativa por la responsabilidad organismos públicos en este asunto, que parecía un problema de “olores” a hidrocarburos que se denunció en 2017, cuando arrancó una investigación que confirmó que eran compuestos químicos y tóxicos lo que respiraban las familias en sus hogares.

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