AL margen de los sinvergüenzas de la política, que son sinvergüenzas con independencia del partido donde militan, la administración en la que trabajen y la legislación que exista, el cúmulo de casos de corrupción en España no puede explicarse únicamente desde esta perspectiva. El de la existencia en este país de un montón de chorizos que han logrado alcanzar altas responsabilidades de poder. Algo más ha tenido que ocurrir en las instituciones para que robar dinero público sea o haya sido tan relativamente fácil y se hayan escurrido tantos millones de euros por los agujeros del poder sin que nadie advirtiera que los controles estaban fallando.

No es la primera vez que cito a Antonio Muñoz Molina y su libro Todo lo que era sólido, un lúcido ensayo donde el escritor expone un punto de salida para este desastre de la corrupción en España. Sostiene Muñoz Molina que la ruina en la que hoy nos ahogamos "comenzó cuando la potestad de disponer de dinero público se pudo ejercer sin los mecanismos previos del control de la leyes, y cuando éstas se hicieran tan elásticas como para no entorpecer el abuso,(…) la codicia, o simplemente para no ser cumplidas". Hubo un momento en la democracia que los dirigentes políticos creyeron que la legislación que arrastramos del pasado franquista ralentizaba los procedimientos administrativos. Era verdad y por eso se buscaron fórmulas para agilizarlo todo, ya que lo peor que podía pasarle a una institución era estar bloqueada por la burocracia. El tiempo ha demostrado que las cosas no se hicieron del todo bien y en vez de crear una nueva legalidad -una legalidad más democrática, reclamaba el escritor jiennense- se optó por relajar los controles y allí donde había un funcionario se colocó a un cargo político con la intención de gestionar mejor y más rápido.

Víctor Lapuente, que es un profesor de Ciencia Política de la Universidad de Gotemburgo (Suecia) escribió en 2009 en el diario El País un artículo con una sugerente pregunta: ¿Por qué hay tanta corrupción en España? Lapuente se atrevía con la respuesta: "La principal causa de los escándalos es el alto número de cargos de designación política en las instituciones nacionales, autonómicas y locales. Son redes clientelares que viven de que su partido gane las elecciones". Este profesor ponía un ejemplo concreto, refiriéndose a la situación en otros países y decía que en cualquier ciudad europea de entre 100.000 y 500.000 habitantes puede haber, incluyendo al alcalde, dos o tres personas cuyo sueldo depende del partido que gana las elecciones; mientras en España, la formación política que alcanza un gobierno local puede nombrar multitud de cargos de confianza y asesores, y a la vez tejer una red de agencias y fundaciones con plena discreción en política de personal.

Al margen de los sinvergüenzas, que los hubo y por doquier, el caso de los ERE en Andalucía es un ejemplo de libro de lo que advertía Muñoz Molina y de lo que constataba Lapuente en sus reflexiones. En la investigación de los ERE hay dos núcleos de afectados: los que directamente robaron y los que pudieron tener responsabilidades políticas, administrativas o penales, por crear un sistema que posibilitó que unos espabilados robaran. Para que una y otra cosa se produjera, o se produjeran ambas, se precisó un cambio en los procedimientos, y empezó así: la Junta de Andalucía decidió poner en marcha un paquete de ayudas para intentar mantener el tejido industrial en la comunidad. Era la década de los 90 y al paro endémico se sumaba una escabechina en las empresas, que iban cayendo como moscas por toda la geografía andaluza dejando a miles de trabajadores en la calle. Para dar una respuesta ágil a los afectados por estos expedientes de regulación de empleo, se utilizó un mecanismo, las denominadas transferencias de financiación, por el que la resolución de estos conflictos que amenazaban con una crisis social iban más rápido, pero inevitablemente también con menos controles. A partir de ahí, todo fue un desastre: se escaparon millones de euros de las arcas públicas por el nulo control sobre las partidas que se otorgaban. Y eso ocurrió no durante uno, ni durante dos, ni durante tres, sino durante diez años, sin que responsable político alguno hiciera absolutamente nada.

Por este asunto, un juez ha procesado a dos ex presidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como a más de una veintena de miembros de sus respectivos gobiernos durante una década. Lo que se va a dirimir en el juicio es si el sistema se creó para agilizar y unos sinvergüenzas se aprovecharon de él para robar a manos llenas; o si el sistema se implantó y mantuvo durante una década para eludir la aplicación de los controles ordinarios y, en especial, los mecanismos de control previo de la Intervención General de la Junta. Esto último es lo que sostiene el juez en su auto.

La trama de los ERE hubiera sido imposible, como hubiera sido imposible la mayoría de los casos de corrupción en España, en administraciones donde al frente de los organismos que tienen que realizar el control sobre el dinero público hubieran estado funcionarios, en vez de cargos de confianza o representantes de los partidos cuya subsistencia dependía de su docilidad hacia el político de turno.

Dicho esto, resulta patético que la mayoría de los dirigentes del PP hayan salido estos días en tromba para exigir responsabilidades al PSOE tras el procesamiento a Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Y que lo hagan con la nariz tapada por la basura que les rodea. Los partidos políticos deberían dejar de alegrarse de la podredumbre ajena y dedicarse a limpiar la propia. La mierda huele igual de mal, ya se ubique en el ala izquierda o en la derecha de cualquier institución, aunque sea triste comprobar por las encuestas que hay electores que la soportan muchísimo mejor que otros en función de su ideología.