Dice Alaya que es necesario requerir a la Consejería de Educación para que en el plazo de cinco días remita al juzgado un organigrama de los distintos jefes de servicio de la Dirección General de Formación entre los años 2002 y 2012, con especificación de sus funciones, fechas de toma de posesión y cese. En el auto, la juez acuerda asimismo remitir a la Unidad Central Operativa (UCO) las resoluciones de exoneración de las ayudas de fechas “28 de diciembre de 2011, 11 de diciembre de 2012 y 1 de julio de 2013” que obran en el juzgado. De la misma, la instructora requiere a la Guardia Civil para que amplíe el atestado con estas resoluciones de exoneración y con las que puedan determinarse de la Junta en virtud de otros autos recientes, todo ello teniendo en cuenta “el número de subvenciones cuyo pago se proponer en cada una de esta resoluciones de exoneración, así como el importe total de las mismas”.

Alaya ha enviado estas resoluciones en el marco del último informe realizado por la Guardia Civil, el pasado 30 de abril, en el que la UCO elevó a 1.298 millones las ayudas pendientes de justificar en el periodo comprendido entre 2002 y 2014. El informe de los investigadores ponía de manifiesto que las mayores cantidades pendientes de justificar están en los servicios centrales del SAE, con 546,7 millones, seguidos de las delegaciones provinciales de Málaga y Sevilla, con 68,1 y 66,9 millones, respectivamente. El análisis de la UCO refleja otros 424,4 millones sin justificar pero no que se pueden asociar a ningún órgano gestor, por lo que el informe los cita como cantidades "sin consignar". La Junta ha restado credibilidad a este informe, al considerar que el mismo incluye hasta cuatro "errores técnicos" a la hora de manejar la información contable que le facilitó la Administración autonómica. Estos errores habrían llevado a los agentes a "confundir entre pagos pendientes de justificar y pagos para los que ya haya pasado el plazo de justificación".