Alaya traslada ahora la investigación de las presuntas irregularidades en los cursos de formación a las actividades formativas realizadas por los sindicatos UGT y CCOO y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) entre los años 2009 y 2011. La juez ha dictado un nuevo auto en esta causa en la que reclama abundante documentación tanto a la Junta de Andalucía como a la Dirección General de Formación, a las que da un plazo de diez días para aportar los documentos.

Alaya ha pedido en concreto a la Junta una copia compulsada de los acuerdos del Consejo de Gobierno de la Junta de los años 2009 y 2010 correspondientes a la concesión de "todas las subvenciones" que hayan sido otorgadas a UGT, CCOO y la CEA mediante convenio de colaboración en materia de formación con estas organizaciones.

La instructora solicita también la entrega de las "propuestas" de los acuerdos del Consejo, con sus correspondientes memoria y la documentación anexa, y también reclama una copia de las actas de la comisión de viceconsejeros previas, relativas a los acuerdos que el Consejo adoptó en los años 2009, 2010 y 2011 para la concesión de subvenciones a estas organizaciones.

De la misma forma, reclama a la Junta los convenios específicos suscritos entre el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y las referidas organizaciones por las subvenciones concedidas para la formación en el mismo periodo.

En cuanto a los documentos solicitados a la Dirección General de Formación, la magistrada ha pedido una copia compulsada de los informes de los "expedientes de reintegro" que se hayan iniciado correspondientes a cada una de las subvenciones otorgadas a los sindicatos mencionados y a la CEA mediante convenio de colaboración entre 2009 y 2011.

Por último, Alaya solicita a esta dirección general la entrega de una copia compulsada de las resoluciones de exoneración de las ayudas que se hayan acordado en los años "2008, 2012 y 2013" y, en el caso contrario, que se certifique "su inexistencia", precisa el auto dictado por la magistrada.

Alaya justifica la petición de toda esta documentación en la necesidad de "esclarecer" los hechos investigados y, al inicio del auto, recuerda que esta investigación se abrió por un atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que se "evidencian graves irregularidades en las concesiones de subvenciones de cursos de formación por parte de la Consejería de Empleo de la Junta".

Alaya ha reclamado esta abundante documentación a la Junta después de que la semana pasada trascendiera un informe de la Guardia Civil en el que elevaba a 1.298 millones las ayudas pendientes de justificar en el periodo comprendido entre 2002 y 2014. El informe de los investigadores pone de manifiesto que las mayores cantidades pendientes de justificar están en los servicios centrales del SAE, con 546,7 millones, seguidos de las delegaciones provinciales de Málaga y Sevilla, con 68,1 y 66,9 millones, respectivamente. El análisis de la UCO refleja otros 424,4 millones sin justificar pero no que se pueden asociar a ningún órgano gestor, por lo que el informe los cita como cantidades "sin consignar".

La Junta ha restado credibilidad a este informe, al considerar que el mismo incluye hasta cuatro "errores técnicos" a la hora de manejar la información contable que le facilitó la Administración autonómica. Estos errores habrían llevado a los agentes a "confundir entre pagos pendientes de justificar y pagos para los que ya haya pasado el plazo de justificación".