La documentación intervenida por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la operación Heracles, realizada la pasada semana en torno al rastro de las sobrecomisiones vinculadas a las póliza de los ERE, ha puesto de manifiesto cómo las entidades mediadoras dispensaba un "trato especial" a la hora de incluir en las ayudas a los denominados intrusos y cómo tratarían de hacer lo posible por ocultarlo.

En uno de los autos de prisión dictados la semana pasada por la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE, la juez revela que en uno de los certificados individuales de las pólizas de intrusos recuperadas en la sede de Apra Leen Barcelona, aparece una portada con la leyenda "OJO. SR. ESPECIAL, éste es el ejemplar del tomador, no la enviamos al tomador, este original lo guardamos nosotras". Para Alaya, estas expresiones no dejan lugar a dudas de que se trata de una "persona que debía recibir un trato especial y diferenciado de los demás (intrusos), junto con una serie de precauciones propias de quien no quiere que esa situación trascienda".

Junto a este extremo, la abundante documentación intervenida por los agentes ha permitido acreditar igualmente la utilización de nuevos testaferros que, por ejemplo en el caso de Vitalia, serían "colocados" al frente de varias empresas del holding. Alaya se refiere expresamente al caso de Moutaz Al Mokhtar Kasem, que figuró ocupando distintos cargos en varias sociedades mercantiles del "entramado Vitalia". Estos testaferros, explica Alaya, se prestarían a figurar como administradores y a intervenir en determinados actos y negocios jurídicos, "con la finalidad de actuar como pantalla de forma que quede oculta la actividad directiva de los auténticos responsables de las empresas".

De otro lado, Ismael Sierra, cuñado del conseguidor de los ERE y ex sindicalista Juan Lanzas, abandonó ayer la prisión tras abonar la fianza que le impuso Alaya el pasado sábado. El abogado José Luis León, que representa a Ismael Sierra, confirmó que su cliente salió por la tarde de la cárcel tras abonar los 50.000 euros de la fianza, dinero que procede de la indemnización recibida recientemente por su ex esposa tras haber sido despedida de la empresa Telefónica.

Por su parte, el abogado Fernando de Pablo, que hasta ahora venía defendiendo a uno de los principales imputados, el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero, ha renunciado a continuar con su defensa, según informa Europa Press, que recuerda que el letrado mostró su discrepancia con la decisión de Guerrero de prestar declaración cuando fue llamado por la juez Alaya en contra de su criterio, al estar la causa declarada bajo secreto de sumario.

Por último, el vicepresidente segundo del Congreso y diputado del PSOE por Huelva, Javier Barrero, anunció ayer que su partido pedirá al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el "cese fulminante" del director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, si "no se disculpa" por sus afirmaciones sobre la investigación de los ERE para descartar que se haya hecho un "uso partidista" del instituto armado.