La juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos, ha ordenado a la Guardia Civil que investigue un pendrive con información relativa a expedientes de ayuda que fue enviado de forma anónima al abogado de la ex asesora de la Consejería de Empleo María José Rofa, también imputada en la causa.

En un nuevo auto, la instructora explica que el abogado Ignacio de Loyola Rivas Clemente, que representa a María José Rofa, compareció en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla para poner en conocimiento de la juez que en la dirección donde antiguamente tenía ubicado su despacho profesional, en la localidad de Bollullos Par del Condado (Huelva), recibió por correo ordinario un sobre de color blando, sin distintivo ni remitente, que contenía un pendrive –Alaya precisa que se trata de un pendrive tipo tarjeta con calendario y serigrafiado con el nombre de la Junta de Andalucía-. El letrado hizo entrega en ese mismo acto del pendrive, que quedó precintado y bajo custodia de la secretaría del juzgado.

Según el letrado, en un primer momento pensó que se trataba de "publicidad sobre cursos", pero al abrir los archivos informáticos observó que aparecía expedientes relativos a la investigación del escándalo de los ERE, desconociendo el origen del archivo informático.

La juez considera que el pendrive puede contener "archivos y documentos relevantes para la presente causa y que son objeto de investigación", en especial sobre el papel de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo y de la Agencia Idea en el pago de ayudas a terceros haciendo uso de fondos públicos recibidos mediante transferencias de distintas consejerías. Por todo ello, ha ordenado a los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que procedan al desprecintado y volcado en el juzgado del pendrive entregado por el abogado de María José Rofa y a partir de esa labor se procederá a la investigación de la documentación aportada.