Andalucía será "pionera" y regulará los procedimientos necesarios para retirar simbología franquista en monumentos y edificios de la comunidad. Lo hará a través del decreto sobre Símbolos y Actos contrarios a la Memoria Histórica y Democrática, una norma asociada a la ley del mismo nombre, de cuya entrada en vigor se ha cumplido un año y sobre la cual informó ayer el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, en el Consejo de Gobierno.

El objetivo de este decreto, que ya se está tramitando, es ofrecer garantías a la retirada de estos símbolos. De forma complementaria, la Consejería de Educación ha creado también una comisión técnica de expertos para identificar y eliminar los símbolos de la dictadura en los edificios que dependen de este departamento. También está en marcha la elaboración del decreto que regula el Registro de Entidades de Memoria Democrática de Andalucía, así como el Plan Andaluz de Memoria Democrática, que dirigirá las políticas en la materia hasta 2022.

Jiménez Barrios ensalzó en su informe el aumento presupuestario que han experimentado las acciones incluidas en la ley en las cuentas vigentes. El gasto creció un 73% respecto a 2017. Esta inversión posibilitó la intervención en fosas comunes en seis municipios andaluces. Están previstas además indagaciones en otros cuatro: Sevilla, Castro del Río (Córdoba), Alfarnate y Colmenar (Málaga). En total, hay identificados 702 enterramientos en el mapa de fosas comunes de la región.