La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, que declare la causa de los cursos de formación como de “especial complejidad”, lo que permitiría ampliar inicialmente a 18 meses la investigación, de acuerdo con los nuevos plazos para la instrucción de los procedimientos judiciales fijados en la última reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim).

En un escrito fechado el pasado 9 de diciembre, la Fiscalía Anticorrupción recuerda que el nuevo artículo 324 de la Lecrim, diseña un modelo de plazos de la instrucción que  “exige el establecimiento por parte de la Fiscalía de unos mecanismos de control de los procedimientos más minuciosos que los existentes en la actualidad”. Y añade que, según la ley, se considerará que la investigación es compleja cuando “recaiga sobre grupos u organizaciones criminales; tenga por objeto numerosos hechos punibles; involucre a una gran cantidad de investigados o víctimas; y exija la realización de pericias o de colaboraciones recabadas por el órgano judicial que impliquen el examen de abundante documentación o complicados análisis; implique la realización de actuaciones en el extranjero; precise de la revisión de la gestión de personas jurídico-privadas o publicas; o se trate de un delito de terrorismo”.

A tenor de estos elementos, la Fiscalía entiende que la investigación de los cursos de formación presenta  “todos los requisitos para su declaración de especial complejidad, en especial los cuatro primeros apartados y particularmente el quinto, ya que la misma se refiere a la revisión de la gestión de la entidad, lo que implica una labor revisora y de análisis especialmente complejo”.

El pasado 23 de diciembre, la juez María Núñez Bolaños acordó la separación de la investigación de los cursos de formación en nueve grandes bloques de piezas separadas. En el auto, la magistrada decidió separar para su investigación por separado los entramados empresariales vinculados a Ángel Ojeda Avilés, Pérez González, y Velázquez Sierra; las referidas a cuatro de los consorcios creados por la Junta de Andalucía con entes locales  -Ciomijas, Formades, Forman y CTI-; la causa que afecta a la Fundación Andaluza de Formación y Empleo  (Faffe) y, por último, la relativa a los directores generales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

En el auto, la juez señala lo que indica la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales (en vigor desde el pasado 6 de diciembre), que establece que "la simple analogía o relación entre sí no constituye una causa de conexión y sólo se justifica la acumulación cuando el juez lo considere más conveniente, salvo que suponga excesiva complejidad o dilación para el proceso".

Como se apunta en el auto, "ahora la regla general es el enjuiciamiento separado, cada hecho en su causa, y sólo se acumulará cuando el juez lo considere conveniente y, si ello no supone crear una macrocausa”. Es decir, un delito, una causa. En este sentido, la juez resalta que no se debe olvidar cuál es la voluntad actual del legislador aunque la nueva ley sólo se aplique a los procedimientos penales incoados con posterioridad a su entrada en vigor.

Además, en la argumentación jurídica sobre la conveniencia de dividir en diferentes piezas, Bolaños pone de manifiesto que las presentes diligencias de esta macrocausa tienen su origen en la investigación llevada a cabo en la causa ERE, y tras referirse a distintos grupos empresariales y sindicatos que por hechos similares están siendo investigados en diligencias separadas, e incluso en diferentes órganos jurisdiccionales, razona que la macrocausa actual de los cursos de formación "es una acumulación no necesaria y cuya separación o desglose no divide continencia alguna, siendo susceptible de investigación y enjuiciamiento separado".

No obstante, en el auto se indica la excepción de que la investigación sobre el entramado empresarial vinculado a Ángel Ojeda no debe separarse de la investigación realizada por las ayudas a Delphi, y a la instrucción sobre la  actividad desarrollada  por empresas integradas en el Grupo Prescal, que habría recibido con cargo al programa 32D dentro del dispositivo de Delphi por parte de la Consejería de Empleo la suma de 33.309.789,16 euros en concepto de subvenciones excepcionales a la formación y a la contratación, a través de las asociaciones controladas por él: AEA, Humanitas, Innova, Inteca y Natura, otorgadas el 10 de Agosto de 2009 y 3 de Diciembre de 2010.

A este respecto, la juez subraya que la investigación realizada hasta el momento "viene poniendo de manifiesto que Delphi actúa junto con el entramado empresarial vinculado al Sr. Ojeda, existiendo indicios de que buena parte de los fondos percibidos para la realización de curso en el entramado de sociedades y asociaciones  vinculados al Sr. Ojeda, en lugar de destinarlos a la realización de cursos para capacitarlos en orden a una posterior contratación, se simulaban contratos de trabajo con los antiguos empleados de Delphi, existiendo además una contratación irregular, no con terceros, sino con empresas del propio grupo, subcontratación irregular que se habría realizado con la finalidad de desviar los fondos a otras empresas  dificultando su seguimiento".

Sobre la concesión, tramitación y utilización de las subvenciones que recibieron para cursos de formación los distintos Consorcios creados por la Junta de Andalucía con diferentes entes locales -un total de 14 Consorcios- y el destino dado a estas subvenciones, en el auto se indica que "hasta ahora sólo se han iniciado investigaciones con respecto a cuatro, y sólo con respecto a dos se han realizado actuaciones policiales, Ciomijas y Formades”. Por ello, la investigación de cada uno de los Consorcios debe realizarse de forma separada: Ciomijas, Formades, Forman y CTI.  Los atestados relativos a nuevos Consorcios que presente la UCO darán lugar a la  incoación de una nueva diligencia previa que se incoará para instrucción y enjuiciamiento.

La octava pieza establecida por la juez es la que investigará a la Faffe, que ha sido beneficiaria de fondos públicos destinados a la formación. Según se señala en el auto, se investigará  sobre "la concesión, tramitación y destino dado por esta entidad a subvenciones para formación que pudieran ser constitutivos de infracción penal sobre fraude de subvenciones, en su caso, malversación, en el seno de ente público, en la tramitación y gestión de las subvenciones para formación".

Por último,  la novena pieza se refiere a la actuación del Servicio Andaluz de Empleo, por hechos  que pudieran ser constitutivos de un delito de prevaricación continuado de altos cargos, sobre los que se ha centrado la actividad de investigación en el último año, con la detención de directores provinciales del SAE y Jefes de Servicio de Formación Profesional para el Empleo.

En septiembre pasado, la Fiscalía Anticorrupción envió un escrito a la juez en el que, respondiendo a la solicitud de la instructora, planteó que se divida la causa en cinco grandes bloques: uno de ellos en el que se investigarían los entramados empresariales que recibieron numerosas ayudas públicas –como el del ex consejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda-; otra sobre los Consorcios públicos que gestionaban las actividades de formación; la tercera sobre las ayudas concedidas a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe); otra sobre las subvenciones para la formación de los ex trabajadores de Delphi; y por último, un último bloque sobre las investigaciones relacionadas con la denominada operación Barrado, en la que fueron detenidos nueve delegados y ex delegados provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y que según la juez Mercedes Alaya formaban parte de una “red de clientelismo político” que favorecía a determinados empresarios.

Los dos primeros bloques de piezas que propone el Ministerio Público (entramados empresariales y consorcios), podrían dar lugar a su vez a la formación de otras tantas piezas separadas, en función de cómo se desarrolle la instrucción, dado que en el caso de los consorcios se investigan entre otros el Consorcio Centro Andaluz de Formación Integral de las Industrias del Ocio (CIO Mijas); el Consorcio Centro de Formación en Técnicas Industriales en San Fernando (CTI); el Consorcio Centro de Formación en Comunicaciones y Tecnologías de la Información de Málaga; y el Consorcio Centro Andaluz de Formación Medioambiental para el Desarrollo Sostenible.

En la operación Barrado, realizada en marzo pasado, fueron detenidas 16 personas, entre ellas nueve delegados y ex delegados provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). La Fiscalía apuntó que en esta pieza de los “delegados del SAE” deberían incorporarse todas las actuaciones e imputaciones relativas a las denominados resoluciones de exoneración que, junto con las falsedades en la certificación de la justificación de las subvenciones (artículo 41 del Reglamento de Intervención de la Junta de Andalucía), constituyen la pieza esencial de las imputaciones. Esta pieza, según el fiscal, “en modo alguno podrá coincidir ni invadir las competencias de otros juzgados del territorio andaluz donde han cristalizado las denominadas operaciones EDU del Cuerpo Nacional de Policía y que han dado lugar a procesos diferenciados con perfiles propios”.

La juez María Núñez Bolaños pidió en julio pasado a la Fiscalía que se pronunciara sobre la división, después de haber pedido a la Guardia Civil un informe sobre la situación en la que se encuentran las distintas líneas de investigación abiertas en esta macrocausa. La juez planteó al Ministerio Público sobre la procedencia de dividir el procedimiento “en base a los diferentes entramados empresariales, consorcios, sindicatos, confederaciones y fundaciones”.

Aunque la juez no se pronunció entonces sobre en cuántas partes habría que dividir la causa, la Unidad Central Operativa (UCO) recordaba en el informe remitido al juzgado que son cuatro las distintas líneas de investigación que se abrieron en torno a las irregularidades en las ayudas destinadas a los cursos de formación: la existencia de entramados empresariales beneficiados de diferentes subvenciones; la existencia de “determinados fraudes” en los Consorcios entre Administraciones; las subvenciones otorgadas a empresas y funcionarios para las realizaciones de acciones tendentes a la recolocación de los ex trabajadores de Delphi y empresas afectadas; y las subvenciones otorgadas a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe).

En el informe, la Guardia Civil señalaba que en esta causa se investigan posibles delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y contra la Hacienda Pública –en su modalidad de fraude de subvenciones-, que se habrían sometido en la “concesión, control y justificación de las subvenciones concedidas  para la realización de acciones formativas dirigidas a Formación Profesional para el Empleo”.

Sobre la Faffe, la UCO destacó que un informe de la Cámara de Cuentas mencionaba las supuestas irregularidades cometidas durante el proceso de concesión de subvenciones a varias empresas y fundaciones, encontrándose entre ellas la Faffe, fundación que según la propia Junta hay varias subvenciones que no han sido justificadas a día de hoy. La Fiscalía estima que la creación de esta pieza “se justifica por si sola y trae causa de las graves irregularidades detectadas en el informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía”.

La Faffe, que se creó en mayo de 2003 y se integró en 2011 en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), fue uno de los “beneficiarios más destacados de fondos públicos destinados a la ejecución de acciones formativas”.