La fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, ha archivado la denuncia que presentó el presidente de la Cámara de Cuentas, Antonio López, a raíz de la filtración del borrador de un informe sobre las ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), al considerar que no se ha podido individualizar "en persona o personas concretas" la difusión de la información.

El decreto de archivo de la fiscal jefe admite que "no cabe duda de la inconveniencia que ha supuesto" la difusión pública de la información para el funcionamiento interno de la Cámara de Cuentas, cuyo Pleno está pendiente de pronunciarse sobre la aprobación de dicho anteproyecto, pero también señala que esta difusión "no va a distorsionar el pronunciamiento que realice el Pleno".

En consecuencia, el público conocimiento del borrador es "dudoso que pueda suponer un perjuicio efectivo a la causa pública, por lo que correlativamente existen serias dudas sobre que los hechos pudieran obtener la calificación como delito de revelación de secretos". En todo caso, Segarra entiende que este delito tiene la consideración de "menos grave" pues se encuentra castigado con pena de multa de 12 a 18 meses e inhabilitación especial de uno a tres años.

La fiscal jefe recuerda que el informe policial determinó que fueron 12 personas las que tuvieron acceso al borrador del informe -los miembros del equipo de auditoría, los miembros de la comisión de revisión, la consejera encargada y el presidente de la cámara-, mientras que al anteproyecto de informe accedieron 14 personas -la secretaria general, los consejeros y la auditora responsable, así como las secretarías personales de los consejeros-, además de tres miembros del servicio informático.

La Fiscalía añade que en cualquier caso "no se ha detectado acceso no autorizado a la red informática corporativa de la Cámara de Cuentas, siendo los servidores y el equipo autónomo" y concluye que no es procedente dirigir las investigaciones sobre el medio que público la información, por cuanto "la entidad menor del delito investigado no se compadece con orientar la investigación a un hipotético decaimiento del secreto profesional y la correlativa protección de las fuentes periodísticas, por lo que se prescinde de esa vía de investigación".

Por todo ello, la fiscal jefe decreta el archivo de las actuaciones, con independencia de que el presidente de la Cámara de Cuentas pueda reproducir su denuncia ante los juzgados de Instrucción.