Andalucía

La Audiencia de Sevilla confirma el procesamiento de Chaves y Griñán

  • Chaves conocía el uso inadecuado de las transferencias de financiación y Griñán era "consciente de las vulneraciones patentes y groseras" que se estaban cometiendo, argumenta el tribunal

Manuel Chaves y José Antonio Griñán, en el Parlamento en 2004, cuando eran jefe del Ejecutivo y consejero, respectivamente. Manuel Chaves y José Antonio Griñán, en el Parlamento en 2004, cuando eran jefe del Ejecutivo y consejero, respectivamente.

Manuel Chaves y José Antonio Griñán, en el Parlamento en 2004, cuando eran jefe del Ejecutivo y consejero, respectivamente. / juan carlos vázquez

No hay vuelta atrás para Chaves y Griñán. Los ex presidentes de la Junta de Andalucía se sentarán definitivamente en el banquillo de los acusados después de que la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla rechazara su último cartucho al confirmar su procesamiento y el de otros cinco ex altos cargos -Magdalena Álvarez, José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo y Gaspar Zarrías y Francisco Vallejo- en la causa del denominado "procedimiento específico" de los ERE fraudulentos.

La Audiencia ha dictado siete autos, uno para cada acusado, en los que rechaza los recursos de los imputados y confirma íntegramente el auto dictado por el juez de refuerzo Álvaro Martín, el 31 de mayo de 2016, en el que acordó procesar a los ex presidentes y a otros 24 ex altos cargos.

La Audiencia dice que "chirría" la alegación de Chaves de que no conocía las ilegalidades

En el caso del ex presidente Manuel Chaves, el tribunal considera que se cuenta con "datos bastantes" y con indicios "sólidos" del delito de prevaricación para que prosiga la tramitación del procedimiento, al concurrir el grado de probabilidad indiciaria que concurre en esta fase del procedimiento" y así destaca que en su condición de presidente del Consejo de Gobierno, Chaves "contribuyó a materializar el otorgamiento de ayudas/subvenciones a sabiendas de que se otorgaban sin cumplimentar los requisitos legales y sin pasar los controles propios de las subvenciones regladas ni tampoco las excepcionales".

Y todo ello porque, prosiguen los magistrados, el Consejo de Gobierno aprobó los anteproyectos de las leyes de presupuestos correspondientes a los ejercicios 2000-2009, en los que figuraban en el programa 31L, partida conocida popularmente como el fondo de reptiles, transferencias de financiación de la Consejería de Empleo a IFA/Idea dedicadas al pago de subvenciones. Las partidas de ese programa no se dedicaban a gastos de explotación de la empresa pública, "como aparentaba el nombre con que se presentaban, sino a pagar auténticas subvenciones sociolaborales y a empresas en crisis que habían sido concedidas infringiendo el procedimiento legal". Esta circunstancia, según los magistrados, "era indiciariamente conocida por el imputado".

De esta forma, concluye que la existencia de indicios de prevaricación son "sólidos" en el caso de Chaves -que fue presidente de la Junta entre 1990 y 2009-, ya que participó en los acuerdos del Consejo de Gobierno que aprobaban los proyectos de Ley de Presupuestos y modificaciones presupuestarias que contenían las transferencias "que hacían viable ante el Parlamento un uso ilícito de las transferencias".

El ponente de los siete recursos, el magistrado Juan Romeo, concluye que las transferencias "en absoluto pueden ser utilizadas, como parece que lo han sido, para otorgar ayudas a empresas privadas, puesto que toda la normativa, tanto autonómica como estatal, establece que las ayudas a empresas privadas se rigen por las correspondientes leyes de subvenciones".

Los jueces critican el "modo torticero" de elaborar el presupuesto de la Consejería de Empleo, algo que a su juicio fue lo que motivó que el Parlamento aprobara las transferencias y las modificaciones presupuestarias de las mismas, ya que "aparecía en cada presupuesto como transferencia de financiación a dicha empresa, no como subvenciones a empresas privadas".

La Audiencia considera que "chirría" la alegación de Chaves de que ignoraba que las modificaciones presupuestarias se tramitasen de manera ilegal por su trascendencia, dado que se trataban de 1,5 millones en el año 2000 y de 38,2 millones, y porque estas modificaciones tenían como fin "solucionar el gran problema económico y social que precisamente afectaba, entre otras, a las empresas Hijos de Andrés Molina y Santana Motor" de las que tenía "perfecto conocimiento" por las reuniones que mantuvo incluso con los comités de empresa y trabajadores.

En cuanto al recurso de José Antonio Griñán, que ocupó cargos en la Junta entre 2004 y 2011, primero como consejero de Economía y Hacienda y luego como presidente de la Junta, la Audiencia rechaza que el auto de procesamiento del instructor adolezca de falta de motivación sobre los indicios que hay contra él.

La Audiencia destaca igualmente que Griñán, a quien la Fiscalía Anticorrupción reclama una condena de seis años de prisión, tuvo "conocimiento directo" del informe adicional al informe definitivo de auditoría de cumplimiento del ejercicio 2003, realizado el 25 de julio de 2005 por la Intervención General de la Junta, en el que se ponía de manifiesto que la figura para la concesión de estas ayudas era la de la subvención excepcional no reglada, porque se estaban concediendo realmente subvenciones excepcionales "bajo la forma de transferencias de financiación, prescindiendo de manera total y absoluta del procedimiento" establecido en la ley.

La Sala concluye que Griñán, como "responsable máximo de la elaboración del presupuesto, de sus modificaciones presupuestarias y del control del gasto que ostentaba, era consciente tanto de las vulneraciones patentes y groseras que se estaban presuntamente cometiendo en estas materias de estricta competencia de la Consejería de Economía y Hacienda, como de la disposición de caudales públicos contra legem".

Por todo ello, entienden los magistrados que el ex presidente "tenía sobrado conocimiento de las irregularidades que se hacían constar en las memorias de control financiero de las empresas de la Junta que remitía anualmente la Intervención General de la Junta de Andalucía al Consejo de Gobierno".

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