La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha estimado la abstención planteada por el presidente de esta misma Sala, el magistrado Pedro Izquierdo, para conocer los recursos de la macrocausa de los avales y préstamos de la agencia Idea que actualmente investiga la juez María Núñez Bolaños, después de que otro tribunal lo recusara para enjuiciar el juicio de los ERE a 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

En un auto, la Audiencia pone de manifiesto que las conductas investigadas en la causa de los avales en la que Pedro Izquierdo ha planteado su abstención, “se pueden enmarcar en un contexto de actuación muy similar, con la posible participación de algunos de los encausados” en la investigación de los ERE.  

El tribunal pone como ejemplo que Antonio García fue viceconsejero de Empleo y posteriormente consejero, y Jacinto Cañete director general del IFA/Idea, y por ello concluye que la abstención planteada está “justificada”, por lo que acuerda apartar a Pedro Izquierdo de un recurso de apelación y de “los rollos de apelación que puedan llegar” dimanantes de las mismas diligencias previas seguidas en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

 Pedro Izquierdo también promovió su abstención en la causa de los cursos de formación, pero en este caso la Audiencia ordenó que se tramitara la recusación porque ésta había sido formulada “con anterioridad a la abstención promovida” por él mismo.

 En mayo pasado, el presidente de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla promovió su abstención para resolver los recursos relativos a la macrocausa de los cursos de formación y la de los avales y préstamos concedidos por la agencia Idea, después de conocer la “interpretación” realizada por la Sección Tercera, que estimó su recusación para el juicio del denominado “procedimiento especifico” de los ERE, en la que están imputados los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Tras la "pieza política" de los cursos, el PP lo recusó para intervenir en la causa de la formación -no así sobre la de los avales-, a pesar de que el magistrado lleva interviniendo en la resolución de recursos de esta macrocausa desde el año 2015. De hecho, Pedro Izquierdo promovió su abstención "sin perjuicio de poner de manifiesto" a la Audiencia lo establecido en el artículo 223.1 respecto al plazo para proponer el incidente de recusación -diez días desde que se conozca la identidad del juez a recusar-, puesto que para el magistrado "no parece muy razonable alegar respecto al momento en que se ha tenido conocimiento el hecho a su juicio determinante de la recusación que la primera noticia en la que se identificó al magistrado como el que fue secretario general para la Justicia se produjo el 15 y 16 de febrero de 2017".

Aun no apreciando causa legal de abstención o recusación, Izquierdo "en cumplimiento de la interpretación efectuada por la Acción Tercera y, por entender que, respecto a mi persona, según esa interpretación tan amplia, las presentes conductas investigadas se podrían enmarcar en un contexto de actuación muy similar con la posible participación también de alguno de los encausados" en la pieza política de los ERE, es por lo que decidió "promover sin más dilaciones" su abstención sobre el recurso pendiente de resolver y "los que puedan llegar a turnarse con posterioridad", solicitando a la Sala que lo apartara de la resolución de los recursos de la formación y de la causa de los avales y préstamos de la agencia Idea.

El Partido Popular recusó al presidente de la Sección Primera de la Audiencia, que ha sido designado como “ponente” para resolver el recurso de apelación presentado por esta acusación contra el auto de archivo decretado por la juez María Núñez Bolaños, con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción, en la denominada “pieza política” de los cursos de formación.

El incidente de recusación fue planteado en las diligencias previas 966/2014, que se abrieron precisamente en el año 2014 por la juez Mercedes Alaya para investigar las irregularidades en relación con los cursos de formación y que dieron lugar a la apertura de varias piezas separadas, entre ellas la “política”.

Esta recusación, que tiene fecha del pasado 28 de abril, se ha presentado cuando Pedro Izquierdo ya ha sido apartado para el juicio de Chaves y Griñán, por tener “interés directo o indirecto” en el pelito.

La causa de los cursos se abrió en 2014 y Pedro Izquierdo lleva interviniendo en la misma desde el principio, resolviendo los recursos que se han presentado contra las decisiones de la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños.

En escrito de recusación, el PP señala que la primera noticia que “hizo público e identificó” al actual presidente de la Sección Primera de la Audiencia como el que fuera secretario general para la Justicia entre los años 2008 y 2014 se produjo “el 15 y 16 de febrero”, cuando saltó a los medios de comunicación que había sido designado Pedro Izquierdo como ponente en el recurso, pero la recusación “no se planteó al haberse resuelto ya el recurso de apelación” mediante un auto del 14 de febrero.

Como motivos de la recusación, el PP plantea que el magistrado puede tener “interés directo o indirecto” en el pleito o causa, de acuerdo con el artículo 219.10 de la ley orgánica del Poder Judicial, y también “ser o haber sido una de las partes subordinado del juez que deba resolver la contienda litigiosa”.

Sobre el primer motivo, el PP señala que lo que se denuncia es “la relación del magistrado con algunas de las partes del proceso, personadas acusadas por hechos cometidos en el ejercicio de sus cargos como miembros del Gobierno de la Junta, del que el magistrado recusado ha formado parte como alto cargo, por designación y nombramiento del presidente, Manuel Chaves”.

Así señalan que el propio magistrado ha reconocido en su informe tras la recusación para el juicio de los ERE que va a tener que afrontar “un reto de abstracción de todo lo sucedido que, aunque vencible, pudiera pensarse que de no lograrlo podría implicar un riesgo de que el enjuiciamiento de las conductas investigadas no se llevara a efecto de forma adecuada, no sólo respecto a las pretensiones de los recusantes sino también en cuanto a las planteadas por los encausados”.

Este “riesgo”, asevera el PP, es “suficiente” para que se estime la recusación del magistrado. En cuanto al segundo motivo, los populares alegan la “pérdida de apariencia de imparcialidad” del artículo 219.12, por la relación de “subordinación y dependencia del magistrado con una de las partes del proceso, la Junta de Andalucía, formando parte de los gobiernos que presidieron Manuel Chaves y José Antonio Griñán”, que lo mantuvieron como alto cargo de “especial confianza”.