El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes un paquete de ayudas para paliar los efectos de la crisis de precios a las empresas que trabajan con la Administración autonómica. El decreto contempla subvenciones por un valor de 71,5 millones para compensar la subida del coste de los materiales y suministros, una iniciativa que anunció Juanma Moreno durante el pasado Pleno. 

Las consejerías que se ven más afectadas por este decreto son las de Fomento, que deberá dedicar 59 millones, y la de Agricultura. También hay partidas en los departamentos de Salud y Familias, Educación y Deportes; Cultura y Patrimonio Histórico y Turismo, Justicia, Regeneración y Administración Local.

Bendodo, que ha explicado que la intención del Gobierno andaluz es que "no se paren las obras y no se produzcan despidos", ha señalado que el decreto ley se ha elaborado "de la mano del sector" y que supone "mejorar" el decreto aprobado por el Gobierno central que, en su opinión, es "insuficiente".

Un decreto que "mejora" al del Gobierno central

El titular de Presidencia ha defendido que con este decreto andaluz la Junta "da un paso más" para mejorar lo aprobado por el Gobierno de España, que para el Ejecutivo autonómico era "insuficiente" para el sector "porque deja muchas obras fuera de esta excepcionalidad".

De esta forma, el decreto ley andaluz mejora la cobertura a muchos contratos y permite que más empresas se puedan beneficiar de esta revisión de precios para no parar obras y para no poner en peligro la viabilidad de esos contratos, de las empresas y de miles de puestos de trabajo.

A diferencia de la norma del Gobierno de España, el decreto andaluz incluye las obras en ejecución en 2021 y que a la entrada en vigor del real decreto ley estatal hayan terminado, así como las obras de menos de un año de duración, ha explicado Bendodo. Además, amplía el filtro de obras con derecho a revisión de sus precios e incluye todo tipo de materiales empleados, y no sólo los cuatro recogidos en el real decreto estatal (bituminosos, siderúrgicos, aluminio y cobre).

La norma andaluza da la posibilidad también a que se adhieran a este decreto ley las entidades locales y también las universidades, al tiempo que suprime las penalizaciones derivadas por retrasos vinculados a falta de material y permite la sustitución de materiales siempre que no altere la calidad del producto.

Igualmente, amplía la compensación a los contratos de servicios de conservación de carreteras y edificios públicos y establece que a partir de ahora todos los pliegos de los contratos futuros contemplen la fórmula de revisión de precios.

El consejero ha señalado que se estima que el alza de los precios puede estar en una horquilla entre el 10% y el 20%, que es el tope máximo que impone el Estado para la revisión de los precios y que el sobrecoste se pagará en la certificación final de la obra, por lo que el impacto en los presupuestos andaluces se verá reflejado en varias anualidades.