Con meses de retraso, la Cámara de Cuentas afronta mañana el pleno en el que avanzará hacia la aprobación del informe de fiscalización sobre el escándalo de los ERE. El proceso de análisis, debate y redacción final puede tardar varios días, pero una vez culmine el documento, además de enviarlo al Parlamento, para que dé traslado a la comisión de investigación de los ERE, que está paralizada porque lo necesita para encarar su dictamen, también tendrá que remitírselo a la Fiscalía anticorrupción. El pasado jueves solicitó al juzgado de instrucción, bajo el pretexto del "buen fin de la investigación", pedir a la Cámara que entregue el informe definitivo, pero también quiere el informe provisional, aquel que fue filtrado el pasado mes de junio -en el que se apuntaba, además de otros asuntos, a la posible responsabilidad del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, en su etapa como consejero de Economía-, y que es la causa de la tardanza de la Cámara en cerrar este capítulo.

La petición de la Fiscalía no se quedará sólo en estos dos documentos, que querrá probablemente cotejar para ver si hay diferencias sustanciales entre ambos. Quiere ir más allá y exige que también se le remitan las directrices técnicas elaboradas para el informe y las alegaciones presentadas por la Junta, en este caso, las consejerías de Empleo y Hacienda, la Agencia IDEA y la Intervención General, que al parecer han sido más voluminosas de lo que se había calculado y que también han contribuido a la demora.

La culminación del informe por parte del ente fiscalizador y su entrega al Parlamento -se remitirá además al Tribunal de Cuentas y las instituciones y empresas fiscalizadas- supondrá la reactivación inmediata de la comisión de investigación de los ERE, que estaba en suspenso a la espera de recibirlo. De hecho, se había aprobado un calendario de reuniones para esta semana bajo la previsión de que estuviera listo el pasado 9 de octubre, y con la vista puesta en que los grupos prepararan ya sus respectivos dictámenes. Una vez tengan en mano el documento, se fijará un nuevo cronograma, pero lo que por el momento parece inalterable es que los grupos tengan listo el dictamen final para su debate por el Parlamento en el pleno de los días 14 y 15 de noviembre.