Cataluña empezó a ser nacionalista cuando a España se le cayó el traje de emperador (1898). Desde entonces ha desarrollado un mecanismo sencillo y eficaz: con cada puñetazo, una conquista. El Estatut de 1932 llegó tras una proclamación unilateral de independencia (14 de abril de 1931). El de 2006, después de arrancar de un Zapatero poco previsor la promesa de inviolabilidad del texto que avalase el Parlament. El tercer cofre del tesoro, el pacto fiscal, debería lograrse tras la masiva manifestación del 11 de septiembre, día nacional o Diada. Pero la crisis, con sus factores económicos y psicológicos, ha reventado la estrategia de CiU, la coalición hegemónica: un número de catalanes creciente aunque difícil de cuantificar quiere la independencia, así, en seco, sin transiciones que permitan engordar el serial de agravios presuntamente acumulados.

¿Y qué opina Andalucía, mencionada indirectamente por el president Artur Mas cuando, al tratar de explicar el divorcio, arguye que la España del norte se ha cansado de la del sur? Ataquemos primero el flanco político y arranquemos con Manuel Chaves, ex presidente de la Junta y del PSOE y actual diputado en el Congreso. "Hay que cerrar la puerta de la independencia cuanto antes, pero la primera fase del problema es el pacto fiscal, que representaría que España se situaría financieramente en un camino inviable porque perdería entre un 18% y un 20% de su riqueza. Por eso debe tenerse en cuenta la opinión del conjunto del país y sobre todo de Andalucía [perceptora neta de fondos solidarios]", sostiene.

Una pujante corriente de opinión sugiere darle la vuelta a la tortilla. Lo deslizaba el ex ministro Manuel Pimentel la semana pasada: ¿Por qué no revisar los conciertos navarro y vasco en vez de ceder más terreno? "Si quieres dar marcha atrás -advierte Chaves-, abres el melón entero de la Constitución, y que Dios nos pille confesados. Tiene que haber negociación, diálogo y delicadeza".

Actor de peso en la Transición, Manuel Clavero Arévalo, académico y ex dirigente de la UCD, dibuja un croquis. Artículo 2 de la Carta Magna: indisoluble unidad de la nación española. Artículo 168: la revisión parcial del título preliminar implica en última instancia una aprobación vía referéndum nacional. Artículo 8 ("éste casi no lo quiero nombrar", dice): las fuerzas armadas garantizarán la integridad territorial. "Si se supera el marco constitucional, estamos ante una situación de inconstitucionalidad. Si Cataluña se independiza de hecho, el Gobierno tendrá que actuar como en 1931 [Alcalá-Zamora envió a Barcelona a una terna de ministros que logró que Macià reconsiderase su postura]. Pero llevado a sus últimas consecuencias, el problema de la independencia es un laberinto, no tiene solución", reflexiona.

Interviene Miguel Ángel Arredonda, ex líder del PA entre 1991 y 1995. La suya es una visión interesante por cuanto tiene de andalucista, esa tercera vía que nunca cuajó en la comunidad. "Yo no luché por este Estado autonómico, por esta huida hacia la insolidaridad más absoluta, por esta frivolidad y este disparate del gasto público. No entiendo que los partidos de izquierdas hayan alimentado estos nacionalismos burgueses y excluyentes. El pacto fiscal es un sarcasmo. Cataluña plantea una independencia que en realidad no quiere y sobre la que debemos pronunciarnos todos los españoles. Para enfrentarse a un toro tan gordo hace falta un acuerdo entre PP y PSOE o un Gobierno de concentración nacional".

Vertiente académica, sección sociopolítica. Habla Juan Montabes, catedrático de Ciencia Política en la Universidad de Granada. "Según las encuestas, combinando las distintas respuestas de cambio (independencia, federalismo, concierto económico), un 50% de los catalanes quiere un statu quo diferente. Asimismo, en julio de este año un 34% se inclinaba por la independencia (sondeo del Centre d'Estudis d'Opinió) cuando en 2003-2004 ese porcentaje era del 20%. De todas formas, no es la primera vez en los últimos 35 años que un tercio de la población se inclina por el divorcio", expone. "El riesgo político es amplio: puede suponer la consagración o el hundimiento de Mas. La posición de Duran no está clara. Ni la del clan Pujol o el PSC. El camino en cualquier caso sería largo: Quebec lleva 30 años discutiendo qué quiere ser, y la otra experiencia comparada que se me ocurre, Checoslovaquia, tampoco sirve porque había dos regiones sin pugnas ni conflictos y además era la zona pobre (Eslovaquia) la que pedía la secesión". Montabes se suma a la postura mayoritaria respecto a una futura hoja de ruta: corresponde decidir a todos los españoles, en un contexto complejo, por cuanto "España ha cedido soberanía a Bruselas en muchas parcelas".

"La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut (junio de 2010) marcó un punto de inflexión y el inicio de una acumulación de malestares que refuerza allí la idea de que Cataluña vive peor por el desequilibrio de las balanzas fiscales", apunta Manuel Pérez Yruela, ex director del IESA y antiguo portavoz del Ejecutivo andaluz. "Ha cundido una cierta sensación de malestar generalizado por no ser bien comprendidos por el resto de los españoles. Muchos pensamos que Cataluña y España pueden convivir de manera más cómoda y dialogada, pero, ¿la independencia? ¿Se está hablando a la gente con la debida claridad? El nacionalismo da por hechas las ventajas demasiado linealmente, pero desde el punto de vista técnico es muy discutible". Pérez Yruela se muestra conciliador y crítico a la vez. Lo primero cuando afirma que "el desapego se puede revertir", para empezar, "si el Estado no toca las competencias transferidas a las CCAA". "Respeto la expresión de la voluntad popular; sólo creo que es necesario un análisis sosegado". Lo segundo al recordar que "algunos de los problemas de deuda y funcionamiento de la Generalitat son consecuencia de unas políticas públicas a las que nadie la ha obligado".

Toca el relato de un constitucionalista, Octavio Salazar, de la Universidad de Córdoba, que combina los artículos 1.2 y 2 para concluir que "las nacionalidades y regiones tienen autonomía política, no soberanía, así que carecen del poder constituyente, exclusivo del Estado". Cualquier intento de retoque del modelo implica reformar el cogollo de la Constitución. Y el listón es exigente: "aprobación por mayoría de dos tercios en Congreso y Senado en dos legislaturas diferentes y referéndum obligatorio". Salazar propone alargar la vida del sistema con reformas estructurales ya conocidas: participación de las comunidades en las decisiones de España como socio de la UE, reforma del Senado e institucionalización de nuevas formas interautonómicas de colaboración. Y deja sobre la mesa una tarea pendiente: "Ante una realidad (...) en la que el Estado se arrodilla frente a instancias superiores y no necesariamente políticas, tal vez ha llegado el momento de revisar las siempre conflictivas relaciones entre los principios de unidad, autonomía y solidaridad".

Toma el relevo la crónica del Derecho Internacional que firma Miguel Ángel Acosta, de la Universidad de Cádiz: A. Si Cataluña se va, se aplicaría el Convenio de Viena de 1978, que niega al nuevo Estado la pertenencia a los organismos (UE, ONU) de los que el Estado matriz fuese miembro. B. El artículo 49 del Tratado de la Unión obliga a aprobar el acceso de un país a la UE por unanimidad. Consecuencias de una y otra letra: los productos catalanes pagarían aranceles en Europa; salida de la moneda única salvo que emita, como Mónaco o San Marino. euros nacionales con valor facial; pérdida de fondos estructurales y de cohesión; fronteras con España y Francia; pérdida de la ciudadanía europea; reducción del peso de España en las instituciones comunitarias.

Y aterrizamos en la clave del asunto, que es (casi siempre) el dinero, a través de dos economistas: Rafael Salgueiro (Universidad de Sevilla) y José Luis Pinto (Pablo de Olavide). Salgueiro construye una ficción casi perfecta. Si Cataluña fuese independiente recaudaría 34.283 millones (la suma de lo que obtuvieron el Estado y la Generalitat en ese territorio en 2011). Los gastos no financieros fueron en ese periodo de 27.222 millones. "A simple vista trae cuenta, pero, cualquiera que sea la distribución que se haga del gasto del Estado y por muy sesgada que esté a favor de Cataluña, excede con mucho el saldo ingresos-gastos. Si además pretenden reproducir las estructuras estatales, carecen de recursos para ello. Aunque cambien el Ejército por un Somatén con carabinas. Pero es que ni siquiera se mantendrían los ingresos fiscales actualmente recaudados por estas razones: 1. Desplazamiento de los empleados residentes en Cataluña cuyas empresas cambien su sede social. 2. Reubicación del domicilio fiscal de contribuyentes afectados por una eventual subida de impuestos, que sería inevitable en caso de independencia.

Otras cargas fruto de la secesión serían: A. Déficit de tarifa eléctrica (la parte alícuota de los 27.000 millones que adeudará España a finales de año es de 4.314 millones). B. Deuda pública del estado (94.673 millones por el mismo mecanismo). C. Obligaciones futuras del sistema de pensiones de la Seguridad Social (Cataluña hará frente con sus ingresos a las obligaciones con los nuevos pensionistas, pero también habrá de pagar a los actuales pensionistas residentes y a los no residentes que hayan desarrollado allí su vida laboral. D. Deuda de RTVE ponderada por la población o la audiencia. E. Devolución de las cantidades aportadas por el Estado en el rescate de Catalunya Bank y Unnim. El etcétera es largo. Stop.

Pinto sintetiza sus impresiones: "Cataluña podría salir beneficiada porque es una zona rica, pero los economistas somos poco capaces de hacer predicciones cuando operan cambios no marginales, es decir, cuando se trata de cambios radicales donde las emociones juegan un papel decisivo. Otro aspecto relevante es el coste de esta deriva independentista para España: en principio, si alguien quiere invertir en Andalucía porque cree que tiene buenas perspectivas económicas, lo hará sin importar lo que pase con Cataluña: Ahora bien, sería muy lógico que los inversores, nacionales y extranjeros, esperasen a ver cómo van las cosas para volver a España y/o Cataluña".

El epílogo corre a cargo de un catedrático de Historia Contemporánea, Diego Caro: "Los representantes del nacionalismo burgués catalán y algunos despistados del PSC tienen una memoria histórica corta. Sólo escuchamos lo que les debemos y se olvidan de los privilegios que disfrutaron sus empresas durante dos siglos. Si hiciéramos las cuentas desde entonces y valoráramos lo que nuestros antepasados y todos los españoles pagaron de más por unos géneros procedentes de Cataluña que se vendían sin competencia exterior por el proteccionismo que los amparaba, a lo mejor más de un nacionalista se llevaba una desagradable sorpresa".