Los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) aseguran en un nuevo informe entregado a la juez Mercedes Alaya, que instruye el caso de los ERE fraudulentos, que la Junta de Andalucía concedió 21.673.680,62 euros para el ERE que afectó a 349 trabajadores de la Empresa de Gestión Medioambiental (Egmasa) que se dedicaban a la extinción de incendios, a través de una subvención en la que se “prescindió total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”, lo que puede ser causa de “nulidad de pleno derecho” de la ayuda, y en la que además se cobraron por parte de la consultora Vitalia unas sobrecomisiones por encima del mercado de 1,2 millones.

En el informe, la Intervención del Estado recuerda que el 9 de septiembre de 2003 se firmó el acuerdo entre Egamadsa y los trabajadores para la tramitación del ERE que afectaría inicialmente a 348 trabajadores, para los que se pactó una indemnización que consistía en un optar por un plan de rentas que contemplaba el 95% del salario neto mensual incrementado en un 2% anualmente hasta que el trabajador alcanzara los 65 años, o por una indemnización de 20 días por año de servicio. El coste aceptado por la empresa de las indemnizaciones por rescisión de contratos suponía una media de 68.793,51 euros por trabajador, de los cuales 61.924,80 fueron asumidos por la Junta de Andalucía.

Una vez analizado el expediente, los peritos concluyen que “no existe ninguna documentación que muestre el mínimo cumplimiento de las normas que regulan la concesión de subvenciones” y tampoco consta el preceptivo informe del gabinete jurídico de la Junta.

En agosto de 2004, se introdujo a un nuevo trabajador en el ERE -que hacía el número 349- y en octubre de ese mismo año se modificaron las prestaciones para los 349 acogidos al ERE, a los que se reconoció  una “renta vitalicia” con una prima de 7,5 millones que no figuraba recogida en el acuerdo inicial suscrito entre la empresa y los trabajadores.

La Intervención del Estado detecta un cúmulo importante de irregularidades en estas ayudas, entre las que destaca que no se publicaron ni existen bases reguladoras de la subvención, tampoco se aplicaron criterios de publicidad, concurrencia y objetividad, y “no se ha acreditado el carácter excepcional de las ayudas ni la finalidad pública o interés social y económico que las justifique”.

Según los peritos, esta subvención pudiera corresponder al ámbito laboral, al atender obligaciones surgidas para la empresa durante la existencia de la relación laboral del trabajador y antes de que ésta se extinga. “Esta ayuda pudiera constituir una subvención a la empresa  y no a los trabajadores, ya que a obligación de pago legalmente corresponde a ésta al derivar de compromisos asumidos durante el proceso de extinción de la relación laboral”, de ahí que, según el informe, la Junta se había hecho cargo del pago de obligaciones “propias de la empresa”.

La Intervención detecta otro motivo por el que las ayudas podrían ser nulas de pleno derecho, dado que la subvención se concedió con cargo a fondos procedentes de un “concepto presupuestario inadecuado, las transferencias de financiación, cuya finalidad legal es sólo la cobertura de pérdidas de la entidad pública IFA-Idea, no el pago de subvenciones.

Respecto al pago de sobrecomisiones en la póliza de este ERE, la Intervención señala que un informe emitido por la Direcicón General de Seguros ha detectado un exceso de la comisión a los mediadores de 1.818.450,32 euros sobre la media del mercado, pero como la Junta sólo ha abonado hasta ahora el 69% del total de la prima, el sobrecoste de la comisión se cifra en 1.258.014,93 euros.

Por último, la Intervención señala que tampoco existe constancia alguna en el expediente de que la Consejería de Empleo “haya realizado un seguimiento de las ayudas concedidas”.