El esloveno Tadej Pogacar pedalea hacia Paris y domina la clasificación del Tour con mano de hierro. Pese a los envites del resto de candidatos, la joven promesa del ciclismo va a tener muchas menos dificultades que el Gobierno andaluz en este mes de julio, que se presenta como una etapa de montaña para los socios que cohabitan en San Telmo desde hace ya dos años y medio. En las cúpulas regionales de PP y Ciudadanos insisten en que su pacto está encapsulado. Es lo que han defendido cada vez que un agente externo ha puesto en riesgo la estabilidad del pacto. La sintonía que mantienen Juanma Moreno y Juan Marín tiene mucho que ver en la fortaleza de esa entente, pero la crisis granadina los ha obligado a subir el piñón en esta cuesta estival.

¿Significa esto que el adelanto electoral gana enteros? La posibilidad de un final abrupto de la legislatura lleva meses planeando sobre el Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos, pero el botón está a buen recaudo, en el manillar de Juanma Moreno, que asegura una y otra vez que no tiene intención de pulsarlo. “El adelanto no le viene bien a casi nadie”, admiten desde el entorno del presidente. A Ciudadanos, explica esta fuente, le interesa alejar el máximo posible, sl otoño de 2022 incluso, que es cuando están fijados los comicios de forma natural. El mal momento de los naranjas es público. La pérdida de la Alcaldía de Granada ha sido una muestra de que el partido de Juan Marín está en un proceso de descomposición.

Los intentos del vicepresidente por reforzar el partido –sumados a los de la propia Inés Arrimadas, que esta semana ha estado en Jaén– no tienen, de momento, el efecto deseado. No hay que olvidar la importancia que tiene el factor humano en Granada, con dos personalidades fuertes como las de Luis Salvador y Sebastián Pérez. Pero que el ex alcalde haya vuelto a acercarse al PSOE mientras que dos de sus ediles se han alineado con el PP dice mucho del momento crítico de Ciudadanos, que sigue desangrándose ante los envites de Fran Hervías y la dirección de Génova.

Esta semana se hará pública una nueva oleada del barómetro del Centro de Estudios Andaluces, el mayor sondeo demoscópico que se elabora en la comunidad, con 3.600 entrevistas. La encuesta ofrecerá información sobre el punto en el que está Ciudadanos, aunque en el lado popular del Gobierno andaluz creen que Marín y los suyos todavía pueden conservar “entre cinco y diez escaños” gracias a que la ley electoral andaluza tiene un umbral mínimo de votos relativamente bajo, el 3%.

El sondeo del Centra también permitirá conocer hasta dónde llega ese “efecto Espadas” del que habló la nueva portavoz del PSOE, Ángeles Férriz. Ninguna investigación demoscópica ha pronosticado un vuelco que pueda desalojar al Gobierno del cambio del poder. Los socialistas son optimistas, pero son conscientes de que no sólo necesitan mejorar sus resultados, sino que también lo hagan las fuerzas a su izquierda, todavía enfrascadas en su reconstrucción tras el estallido de Adelante.

La situación de las izquierdas también alimenta esa tesis de que el adelanto electoral “no le viene bien a casi nadie” que ha defendido recientemente el entorno de Juanma Moreno. En el PP saben que tienen el viento de cola, pero es el partido mayoritario de un Ejecutivo con una agenda legislativa que está dispuesto a desarrollar. Las prioridades son la ley del suelo y la reforma fiscal, pero el presidente citó una decena de normas en el debate de pasado miércoles que también son relevantes.

Esto sólo deja a un miembro del pelotón andaluz en el lado de los que apuestan abiertamente por que las urnas se coloquen cuanto antes. Se trata de Vox, que ha pedido a Moreno que adelante las elecciones en más de una ocasión y ha ejercido su influencia para desestabilizar al Gobierno andaluz en las últimas semanas. Lo hizo precisamente con esa ley del suelo, la Lista, que volverá al Parlamento en el próximo Pleno, que será el último antes del parón de agosto. A la vuelta de las vacaciones habrá un nuevo puerto de montaña para el Gobierno de PP y Cs con el debate sobre la ley de Concordia, la norma que Vox quiere aprobar para sustituir la Ley de Memoria Democrática. Se trata de un punto del acuerdo de investidura, pero no es un debate cómodo para el Ejecutivo.

Vox viene quejándose de la falta de diligencia del Gobierno para cumplir determinados acuerdos. No es nuevo, pero el estilo del nuevo portavoz, Manuel Gavira es más expeditivo que el de su antecesor y en las últimas semanas ha mostrado su descontento por el retraso en la publicación de las auditorías del sector instrumental.El mismo viernes hubo una reunión entre el diputado gaditano y el consejero de Hacienda, Juan Bravo, para abordar esta situación. Todo hace indicar que esta semana se harán públicos estos informes, ya que la negociación está centrada en cómo se difundirán los resultados de las auditorías. Y de fondo resuena el proceso de elaboración de los Presupuestos de 2022. En las distintas consejerías están preparando ya sus peticiones de gasto para que Juan Bravo las enjarete y arme un nuevo proyecto. Su fracaso en el trámite parlamentario sería una excusa perfecta para ese adelanto que a casi nadie le conviene, pero que todo el mundo mira de reojo. El presidente, en una entrevista el viernes en Cope, admitió que su intención es pedalear hasta el final del mandato, pero lo supeditó a tener apoyos parlamentarios para ello.