El portavoz parlamentario del PP, José Antonio Nieto, anticipó por la mañana el guión del Pleno vespertino. El Gobierno andaluz tiene una “frágil salud de hierro” y ayer lo demostró en las votaciones de los dos textos legislativos que se aprobaron en el Parlamento: el decreto ley sobre dependencia y la ley de lucha contra el fraude. Quince días después del terremoto provocado por Vox con la ley del suelo, los socios habituales del Ejecutivo de Juanma Moreno volvieron a votar con PP y Ciudadanos, aunque su portavoz, Manuel Gavira, se empeñó en recordar que su apoyo tiene más que ver con la naturaleza de las normas que con la alianza que las tres fuerzas llevan ejerciendo desde el inicio de la legislatura.

La abstención de Vox en la enmienda a la totalidad de la Ley de Impulso a la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía –que permitió su devolución con los votos de la izquierda– fue una raya en el agua. Al día siguiente de la primera derrota relevante de Juanma Moreno en el Parlamento, la formación de extrema derecha ya evitó la puesta en marcha de una comisión de investigación sobre los contratos exprés del Gobierno andaluz. Ayer las cuentas volvieron a salir, pero en el Gobierno toman ahora más precauciones ante posibles maniobras como la de hace dos semanas, como demuestra la aritmética que hizo posible la aprobación de sendas normas.

La Ley de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y la protección de la persona denunciante se aprobó con el apoyo de las “fuerzas del cambio”, como llama el portavoz de la Junta, Elías Bendodo, a PP, Ciudadanos y Vox; pero también con la abstención de PSOE, Adelante y los no adscritos. Manuel Gavira, en su intervención, defendió que su voto favorable es consecuencia directa de las enmiendas incluidas por su grupo en el trámite de tres meses que la norma ha pasado en el Parlamento.

Cabe recordar que la formación de Santiago Abascal puso la línea roja de sus apoyos en todas aquellos asuntos que no se hubieran acordado antes de la crisis migratoria de Ceuta y la acogida, por parte de la Junta, de 13 menores extranjeros procedentes de la ciudad autónoma. Esta circunstancia también sirvió para justificar el apoyo de los 11 diputados de Vox al decreto ley de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación con medidas para agilizar la tramitación de las solicitudes de dependencia. En la comparecencia previa al pleno, Gavira aludió a uno de los acuerdos presupuestarios alcanzados entre su partido y el Gobierno para explicar su apoyo a la convalidación de este texto.

Lo llamativo es que, además de PP, Cs y Vox, los diputados no adscritos expulsados de Adelante Andalucía, es decir, los anticapitalistas de Teresa Rodríguez, también votaron a favor de la convalidación de la norma desarrollada por el departamento que dirige Rocío Ruiz. Fuentes cercanas a la ex líder de Podemos explicaron que en Igualdad se pusieron en contacto con ellos para buscar su apoyo ante un hipotético paso atrás de los socios habituales del Ejecutivo. No fue la única llamada que salió de la Consejería de Igualdad, desde donde también contactaron con el PSOE para granjearse el voto afirmativo. A cambio, el PSOE reclamó la tramitación del decreto como proyecto de ley, algo a lo que el Ejecutivo se negó, convencido de tener ya los votos suficientes con los diputados no adscritos que lidera Teresa Rodríguez.

Las negociaciones planteadas por el Gobierno andaluz demuestran que la situación en el Parlamento ha cambiado cuando la legislatura se encamina al último año de legislatura. El mensaje que envían todos los portavoces autorizados de San Telmo es el mismo y va encaminado al rechazo del adelanto electoral. Elías Bendodo incluso pone fecha a los comicios –27 de noviembre de 2022–, mientras que Juanma Moreno insiste en que la prioridad es avanzar con la vacunación y poner las bases de la recuperación económica tras el peor momento de la pandemia. Pero el oxímoron empleado por Nieto al comienzo de la primera jornada del Pleno –“frágil salud de hierro”– es ambivalente: contempla que el Gobierno de PP y Cs agote el mandato, pero también existe la posibilidad de que se produzca un vuelto y Vox decida bloquear la agenda legislativa del Ejecutivo y abocar a un adelanto electoral que no deja de ser una incógnita.