Ya se había apuntado en julio, pero ayer fue confirmado: la Ley de Financiación Local no será aprobada definitivamente hasta 2011. El encargado de anunciarlo fue el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, que ante la repercusión que este retraso tendrá en las maltrechas cuentas de los ayuntamientos, quiso poner una solución a la vista con un paquete de "medidas excepcionales" de las que apenas adelantó nada, salvo su vinculación al Plan E, del que se desviarán partidas para "sanear" los capítulos de personal y el gasto corriente municipal.

Sin embargo, el perjuicio en el retraso de esta norma va más allá de un efecto económico inmediato. Repercute de manera directa en las dos leyes locales que el Ejecutivo autonómico tiene en ciernes, la de Régimen Local y la de Participación de los entes locales en los Tributos de la comunidad autónoma, para las que tiene prevista su entrada en el Parlamento a finales de año y su aprobación a mediados del próximo, ya que las deja paralizadas y sin efecto. La razón está en que la financiación local es competencia del Gobierno central, es decir, debe diseñar un sistema estable de participación de los gobiernos locales en los ingresos tributarios de las comunidades autónomas, porque de lo contrario, se dejaría a voluntad de las comunidades la asignación a los municipios. Por tanto, un nuevo modelo local en Andalucía precisa antes de una reforma de la legislación estatal.

La prueba de que esto es así, es que la propia Junta defendía hasta hace poco el necesario desarrollo "en paralelo" de la nueva legislación básica estatal y la autonómica -así lo mantuvo en junio de 2008 en su primera reunión con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) para abordar el nuevo modelo local-. De hecho, llegó a fijar en su calendario que en 2011 se daría el visto bueno a estas dos leyes andaluzas, aunque el pasado mes de julio se decidió que sería en junio de 2010, vendiéndolo como un adelanto justificado en la dificultad de alcanzar consenso alguno con la oposición.

Para el PP, esta diferencia de fechas que manejan Junta y Gobierno deja en evidencia una " importante descoordinación", cuyo resultado es un "retroceso" para los ayuntamientos, y que se agrava ante su situación de bancarrota. El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, consideró que este "insultante" retraso también esconde la existencia de un "eje antiandaluz" en el Gobierno de Rodríguez Zapatero, y que quiso demostrar en la "falta de apoyo" al nuevo presidente andaluz, José Antonio Griñán.

Ante este nuevo golpe a los ayuntamientos, el PP se movilizará. En esta primera quincena de septiembre, los alcaldes y ediles populares saldrán a la calle para que se cumpla, al menos, con las fechas prometidas en Andalucía, ya que el PSOE faltó al acuerdo unánime alcanzado en el Parlamento hace justo un año de que la financiación autonómica y la local se negociaran al unísono.

Los populares no serán los únicos que cogerán la pancarta. IU también tienen previsto movilizar a sus cargos públicos. El coordinador regional de IU, Diego Valderas, considera una "irresponsabilidad" del Gobierno dar de nuevo de lado a los ayuntamientos, anteponiendo en su lista de prioridades a la banca o a las multinacionales. "No se puede seguir ignorando una reivindicación histórica de la que ya es la administración más olvidada, tanto por el Gobierno como por la Junta", afirmó Valderas, que consideró que no se debe demorar más este paquete legislativo cuando las arcas municipales están "en peligro" hasta el extremo de no poder hacer frente al pago de nóminas o de un simple recibo de la luz.

En la misma línea argumental del PP, la coalición de izquierdas también aboga porque la tercera descentralización se aborde ya, no sólo por compromiso electoral del PSOE, sino porque existe un "mandato en el Estatuto andaluz", aparte de un acuerdo parlamentario. De no ser así, según Valderas, quedará en evidencia el "pinchazo" del proyecto político de Griñán que, precisamente, lo marcó como un hito en su discurso de investidura.