El Gobierno de Pedro Sánchez tendrá que hacer frente en los próximos meses a un asunto de enorme calado en la opinión pública: el indulto de José Antonio Griñán y del resto de los condenados por la pieza política del caso de los ERE. Se trata de una condena por corrupción, lo que supone en principio un obstáculo casi insalvable para el Ejecutivo socialista. Sin embargo, algunas fuentes cercanas al Gobierno han explicado a este medio que el argumento "humanitario" que empleará el ex presidente de la Junta, así como su avanzada edad, 76 años, y sus circunstancias especiales, convierten la petición de medida de gracia en algo posible.

Los otros ocho condenados también pedirán el indulto al Ministerio de Justicia, aunque no se estudiarán en conjunto, sino caso por caso. No obstante, aún no hay ni una opinión formada, porque las peticiones sólo se tramitarán cuando se conozca el contenido de la sentencia del Tribunal Supremo. El pasado 28 de julio se hizo público el fallo.

El ex presidente de la Junta se enfrenta a seis años de prisión y a similares condenas, entre otros, los ex consejeros Antonio Fernández, Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo y José Antonio Viera. Manuel Chaves está condenado por prevaricación, lo que no conlleva una pena de prisión.

A los condenados por el Procès se les perdonó la pena del delito de malversación, ligado a la sedición

Los indultos a los dirigentes independentistas del Procès, concedidos mediante un real decreto del 22 de junio de 2021, también abre una opción para vencer las grandes reticencias a la medida de gracia. En esa ocasión, aunque el Ministerio de Justicia argumentó la "utilidad pública" para asegurar una "convivencia libre y pacífica" en Cataluña -por tanto, una motivación política que no concurre en el asunto de los ERE-, a varios de los condenados, entre éstos, al ex vicepresidente Oriol Junqueras, no sólo se les eliminó la pena que le restaba por un delito de sedición, sino también de malversación.

Junto a Junqueras, otros tres condenados, los que formaban parte del Gobierno catalán, también pudieron salir de prisión, a pesar de que la condena  fue por "sedición en concurso medial con malversación. Al entonces líder de ERC se perdonaron nueve años y tres meses de prisión, aunque estuvo más de tres en la cárcel. Los ex consejeros Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull también fueron condenados por malversación.

Tres vías para evitar la prisión

Los abogados de los condenados por los ERE trabajan tres vías, aunque no todos ellos la seguirán por completo: indulto, recurso de amparo al Tribunal Constitucional y un incidente de nulidad. No todos tienen decidido esto último, que se basaría en el tiempo transcurrido entre el conocimiento del fallo, que fue el 28 de julio pasado, y la publicación de la sentencia, que se espera para septiembre. Algunas fuentes cercanas a los penados sostienen que esta demora tiene su sentido en los tribunales de lo contencioso, pero en este caso les provoca "indefensión" porque ya saben que está condenados.

La petición de indulto de Griñán llevará aparejada la de no entrar en prisión mientras se resuelve

Sí solicitarán todos el indulto personal y parcial por el delito de malversación de fondos, lo que en el caso de Griñán supondría reducir la pena de seis a dos años. Si fuera, así, el ex presidente no tendría que entrar en prisión, ya que ni tiene otras condenas ni está pendiente de otras causas. 

La petición de indulto se presentará el mismo día que se conozca el contenido de la sentencia del Tribunal Supremo, que lleva a aparejados dos votos particulares, los de las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo. Éstas ponen en duda la condena por malversación, lo que se va a convertir en uno de los elementos principales que esgrimirán los condenados para evitar la prisión. Junto a la petición de la medida de gracia, se solicitará que la entrada en la cárcel se suspenda al ser presentado.

Lo que las defensas temen es que la Audiencia de Sevilla ejecute la sentencia en el momento en que se publique el texto. Estos magistrados asumieron la tesis principal de la instructora de la pieza política, la juez Mercedes Alaya, que consideró ilegal que las ayudas a trabajadores afectados por ERE se tramitase como transferencias de financiación y quitó validez a que esas partidas hubieran sido aprobadas en el Parlamento andaluz. Lo que hizo el Supremo este verano fue ratificar la sentencia sevillana ante el recurso de los condenados. 

Es al Ministerio de Justicia al que corresponde la evaluación de las medidas de gracia, después lo eleva al Consejo de Ministros en caso de aprobación. La petición del indulto no anula de por sí la entrada en la cárcel, pero los demandantes lo solicitarán de modo expreso. En el caso de José Antonio Griñán, será su esposa, María Teresa Caravaca, y su hijo, José Antonio, quienes presenten el texto. El documento lleva adjunto un listado de personalidades de la vida civil y política que se adhieren a ello. Entre éstas figuran los ex presidentes del Gobierno Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, así como el ex vicepresidente Alfonso Guerra. Hay escritores, artistas y personas que militan en todos los partidos, incluido el PP.

Amparo ante el Constitucional

La otra vía que buscan los condenados es la del amparo ante el Tribunal Constitucional. Para ello, es preciso conocer la naturaleza de los dos votos particulares que sendas magistradas han adjuntado a la sentencia, por si pusieran en duda las garantías de los penados. Como con el indulto, los ex dirigentes de la Junta tendría que solicitar, a la vez, la paralización de la entrada en prisión si el recurso se admite a trámite, y la costumbre del Constitucional es que no se suspende la ejecución si las penas son superiores a los cinco años de cárcel. No obstante, hay excepciones en los que sí se ha paralizado la encarcelación.

La vía constitucional se prevé, sin embargo, más larga que la del indulto, de ahí que la familia de Griñán haya confiado en la petición de indulto. El otro recurso, el del incidente de nulidad, suspendería de modo automático la ejecución de la sentencia, pero tendría que se admitida.

Aún no se conoce cuándo hará pública la Sala Segunda del Supremo el contenido de la sentencia, aunque se espera para mediados del mes de septiembre.