La Almoraima ya tiene precio. El Gobierno central quiere sacar a licitación la finca pública ubicada en el municipio gaditano de Castellar por un precio de salida de 300 millones de euros. Los compradores interesados en la misma son extranjeros.

Así se lo trasladó ayer el ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, a la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, María Jesús Serrano, en el transcurso de una reunión en Madrid.

En el encuentro también se habló de la pretensión de Andalucía de quedarse con la gestión de esta finca, propuesta a la que el Gobierno se opone, según explicó a los medios de comunicación María Jesús Serrano.

La consejera aseguró que el ministro le ha comentado que los interesados en comprar la finca "no son españoles", pero "todavía no saben siquiera si cuando salga a licitación, realmente la van a vender o no porque el precio de salida es alto, son 300 millones de euros".

Serrano lamentó que el Ejecutivo continúe con su pretensión de vender este paraje de 14.113,10 hectáreas y que representa un 77,88 % de la superficie del término municipal de Castellar. De ellas, un total de 12.760 hectáreas se integran, en su extremo sureste, en el Parque Natural de Los Alcornocales, lo que representa un 7,60 % de su superficie. El resto es suelo no urbanizable en diferentes categorías según la normativa vigente.

Para la Junta de Andalucía, indicó la consejera, es "una pena" que se venda este patrimonio natural público del que el Estado no debería desprenderse nunca, igual que no se vende La Alhambra.

Serrano defendió que la finca tiene una situación privilegiada para el desarrollo sostenible y que la gestión pública de la misma puede se rentable.

Por su parte, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que emplazó ayer al Partido Popular a que se sume al diálogo para alcanzar un nuevo acuerdo de concertación social, aclaró que "no vamos a consentir procesos especulativos como los de la finca La Almoraima, la playa de Valdevaqueros en Tarifa o Cabo de Gata, pero ni una cosa ni la otra, tampoco sostener discursos muy bonitos e ideológicos, pero insostenibles en la práctica".

El alcalde de Castellar y presidente de la plataforma por una Almoraima pública, Juan Casanova, mostró su total oposición a la venta de la finca. Casanova señaló que la postura del Ayuntamiento y de la plataforma sigue siendo la misma, una actitud contraria a la privatización "y en ella seguimos".

El regidor castellarense añadió que estaba a la espera de que el ministro de Agricultura contestara a la propuesta que le realizó a principios del mes de diciembre, en el que le planteó que la finca se abriera a proyectos o iniciativas privadas de manera que aportara ingresos extras y a la vez serían inversiones que se traducirían en puestos de trabajo. "No ha contestado, Arias Cañete se comprometió a pensarlo y sin embargo continúa con la idea de vender", añadió Casanova.

Por otra parte, el alcalde indicó que si el concurso queda desierto, el precio inicial bajará un 20%, por lo que al final la finca podría venderse por algo más de 200 millones.

Asimismo, Casanova explicó que por el momento la plataforma no se ha planteado realizar nuevas movilizaciones. "Estamos buscando apoyos en las redes sociales, buscamos nuevas adhesiones y respaldo de gente conocida para conseguir que se anule la privatización", apuntó el primer edil.

El pasado 10 de noviembre se realizó un acto lúdico y reivindicativo en el centro de Castellar. Más de 700 personas reclamaron que no se vendiese la finca, sin embargo, la puesta en venta es un hecho. También se organizó días después una ruta senderista para dar a conocer la finca a los ciudadanos de la comarca.

Por otra parte, aseguró que la única manera para que la gestión de La Almoraima pase a la Junta de Andalucía es aportando la Administración regional el precio que se pide, "situación que es a todas luces es imposible". La plataforma que está formada por entidades sociales, sindicales y políticas, siempre se ha mostrada muy crítica con la gestión pública que los distintos gobiernos centrales han realizado en la finca, especialmente el PP. Para Casanova, se ha dejado "morir" la finca para justificar su venta.

Así, censuró que se hayan negado las propuestas y proyectos que se han planteado desde el municipio a la gerencia de la finca, cuando aún no se hablaba de venta. Entre ellas, la cesión de tan sólo dos hectáreas para huertos sociales o la entrada de capital privado para explotar una planta de biomasa.

La plataforma también muestra su preocupación por los trabajadores de la finca, al no saber en qué situación quedarán si se materializa la venta. La Almoraima dispone de una plantilla cercana al centenar de trabajadores, de los que 52 son fijos y el resto eventuales contratados a lo largo del año en función de las necesidades de la explotación. Sobre ellos cunde la preocupación y la expectación ante la privatización de la finca por parte del Estado y las consecuencias sobre sus puestos de trabajo. Los sindicatos UGT y CCOO reclamaron el pasado verano al Gobierno que reconsidera sus intenciones tras reunirse con el comité de empresa en una cita en la que mostraron su total rechazo a la pérdida de patrimonio público.

Para el alcalde, la preocupación de la plantilla ante su futuro es incierta ya que el 90% tiene formación y oficios de índole forestal y agrícola frente a los proyectos de índole turístico que se plantean en el latifundio. Actualmente, la finca dispone de 700 hectáreas copadas por cultivos de secano y otras 30 de regadío, así como el corcho que se extrae de sus 12.000 hectáreas de alcornoques y su cabaña ganadera.

El informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), al vincular La Almoraima dentro de un proceso de extinción de la sociedad, no especifica las pautas que han de seguirse en el caso del personal vinculado a la mercantil pública estatal.