El Gobierno considera que la respuesta al problema de los desahucios debe ser común para el conjunto de los españoles, "al margen de la comunidad en la que vivan", según el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, quien ha anunciado que estudiará "el encaje legal" de las medidas anunciadas por Andalucía. "No creemos que éste deba ser un problema cuya solución pueda ser sectorializada en sus respuestas por carácter territorial desde solamente las comunidades que quieran abordarlo", ha dicho Ruiz-Gallardón en los pasillos del Congreso.

El ministro ha afirmado que se estudiarán "los hipotéticos efectos" del decreto ley anunciado por la Junta de Andalucía, que pretende sancionar a bancos e inmobiliarias que no alquilen viviendas vacías e incluso contempla la expropiación de viviendas para las familias sin recursos. Ruiz-Gallardón ha defendido que la "respuesta tiene que ser para la totalidad de los ciudadanos españoles, al margen de la comunidad autónoma en la que vivan". A ese respecto ha recordado que el Congreso está tramitando una "respuesta de carácter nacional que afecte a todos los españoles por igual" y ha insistido en que "todos los españoles tienen que tener los mismos derechos y, por lo tanto, la respuesta que se dé a un problema nacional tiene que ser una respuesta nacional". También ha recalcado que el Congreso está "dando respuestas a un problema que viene de antiguo, pero que afecta a muchos españoles y que se ha agravado como consecuencia de una situación económica", y que las medidas que se adopten tienen que tener una "cobertura legal, con leyes aprobadas en el Congreso y en el Senado".

Ha apuntado que hasta que la medida del Ejecutivo andaluz no esté "formalmente aprobada y publicada en el Boletín Oficial de Andalucía", el Gobierno tendrá hacia ella una "actitud de estudio", y se ha comprometido a comunicar sus "decisiones sobre la propuesta de la Junta de Andalucía, cuando tenga realizados los estudios y los informes".

Zoido alerta de la "inseguridad jurídica" del decreto

Asimismo, el presidente del PP andaluz, Juan Ignacio Zoido, ha alertado sobre la "inseguridad jurídica" del decreto-ley que permite la expropiación temporal por tres años del uso de viviendas "en inminencia" de desahucio "en caso de riesgo de exclusión social o amenaza para la salud física o psíquica de las personas". Zoido se ha pronunciado de este modo durante una entrevista en Canal Sur Televisión en la que ha reprochado a la Junta su afán por "manipular" y por "ir a buscar un titular" con esta medida que supone "romper con los consensos" desde el principio y hacer "difícil" la resolución de un problema por las "dudas jurídicas" que plantea el nuevo texto del Gobierno autonómico. 

En esta línea, ha acusado al PSOE-A de ser "víctima, una vez más, de las presiones de IULV-CA" y ha asegurado que, si la formación de izquierdas no estuviera en el Consejo de Gobierno, el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, no hubiera permitido una normativa autonómica como ésta que "lo único que pretende es buscar un titular" y que no se va a traducir, según ha augurado, "en ninguna medida real para las personas que las necesitan". "Y si no, vengamos aquí dentro de seis, ocho meses o un año y hablemos otra vez de estas medidas que dicen ser innovadoras y revolucionarias y vemos en qué se han traducido", ha propuesto como desafío. 

El también alcalde de Sevilla, que ha admitido que no conoce la "letra pequeña" de la nueva normativa autonómica hasta el momento, ha señalado no obstante que el decreto ley de la Junta "copia" las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo central de Mariano Rajoy sobre los desahucios y que, por tanto, la Administración autonómica no tiene que preocuparse por "garantizar que una persona en situación de emergencia social no pierda su vivienda porque eso ya está garantizado por el Gobierno de la Nación". Así, y tras recordar que fue con el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero cuando Carmen Chacón, entonces ministra de Vivienda, "impulsó la creación de juzgados para los desahucios exprés" y cuando, "siendo (Manuel) Chaves presidente de la Junta, más desahucios se han producido" en el país, Zoido ha insistido en recalcar que "el único Gobierno que ha decidido parar y dar orden de que no se desahucie a nadie por emergencia social" ha sido el de Mariano Rajoy, por lo que no entiende que "ahora todos los movimientos" sean "contra el PP" cuando "esto ya pasaba hace un año". 

De ahí que haya apuntado a que existe una "manipulación política" en el tema de los desahucios para "confundir" a los ciudadanos y para evitar que se vea con claridad que el del PP ha sido "el primero y el único Gobierno que ha regulado la dación en pago con carácter retroactivo para familias en situación de vulnerabilidad, el primero que ha paralizado los desahucios y el primero que ha puesto en marcha un fondo social de viviendas".

Griñán, "tranquilo y convencido" de su constitucionalidad

Por su parte, el presidente andaluz, José Antonio Griñán, ha dicho que su Gobierno tiene la "tranquilidad" de que el decreto de vivienda es "plenamente constitucional" porque así lo avalan los estudios de los servicios jurídicos y ha anunciado más medidas contra la exclusión social. "Este es un primer paso y no será el último" porque hay muchas personas que además de estar en paro tienen un alto nivel de endeudamiento, ha dicho sobre la medida que prevé expropiaciones temporales Griñán, que ha enfatizado que esas situaciones son una "nueva forma de marginación social que entre todos tenemos que afrontar".

Ante las dudas sobre la constitucionalidad del decreto ley sobre la función social de la vivienda que aprobado por el Consejo de Gobierno, Griñán ha invitado a quienes así lo consideran a que "vayan al Derecho Comparado, a Francia o al Reino Unido, donde incluso prevén la confiscación en aquellos casos en los que las viviendas no se utilizan". En declaraciones a los periodistas en Castilblanco de los Arroyos (Sevilla), Griñán ha recordado que hay una sentencia del Tribunal Constitucional de 1987 relativa a la reforma agraria que "decía que el derecho de propiedad lleva como algo inescindible su utilidad social, es decir que la propiedad tiene una función social en nuestra Constitución, no se puede hablar de un derecho ilimitado que no se puede tocar".

Ha agregado que el decreto-ley, que se publicará el jueves en el Boletín Oficial de la Junta de andalucía (BOJA), se tramitará posteriormente como proyecto de ley en el Parlamento, por lo que si alguna formación ve "inseguridad jurídica" tiene la oportunidad de presentar las "enmiendas correspondientes".

Respecto a las sanciones previstas en el decreto a bancos e inmobiliarias que no alquilen las viviendas vacías, ha explicado que el objetivo no es recaudar, sino que se producirían porque hay un problema social que su gobierno quiere "solucionar". "Es una función de cualquier gobierno con sensibilidad buscar la posibilidad de que esas viviendas que están vacías puedan ser accesibles cuando hay tantas familias que no disponen de techo y, ello, mediante una fórmula que está en el Código Civil, que es el arrendamiento", ha remarcado.

Respecto a la disposición que posibilitará a la Junta expropiar temporalmente, durante un periodo máximo de tres años, el uso de inmuebles inmersos en procedimientos de desahucio, ha dicho que de lo que se trata es de "reconvertir un derecho de propiedad en uno de arrendamiento". "Resulta hiriente, un escándalo, que haya miles de personas en riesgo de perder la vivienda mientras hay miles de viviendas vacías", ha dicho el presidente de la Junta, que ha defendido que "ese gran parque de viviendas ocioso, que no está siendo utilizado, se pueda poner en una oferta de alquiler para impedir el desahucio de personas que caerían directamente en la exclusión, la marginación y la pobreza". Ha agregado que la expropiación de uso de carácter temporal es una fórmula que trata de "paliar" el problema y ha agregado: "Les puedo asegurar que no van a ser las últimas medidas que dediquemos a luchar contra la exclusión social, próximamente el Gobierno va a tomar más decisiones en este sentido". La expropiación temporal será de aplicación en procedimientos de desalojo instados por los bancos y sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos, y las entidades afectadas por la expropiación recibirán a cambio el 2% del justiprecio, que es lo previsto en la Ley de Expropiaciones.