La Guardia Civil atribuye cinco delitos al secretario de organización de los socialistas de Almería y parlamentario andaluz José Luis Sánchez Teruel en relación con las irregularidades en los procedimientos de adjudicación de obras seguidos por la Comunidad de regantes Marismas del Guadalquivir (CRMG), tras la subvención de 40,1 millones de euros que recibió en 2004 para la modernización de su red de riegos.

En un atestado remitido al juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, el Equipo de Delincuencia Económica y Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil de Sevilla imputa a Sánchez Teruel, en su condición de director general de Desarrollo Sostenible del Medio Rural -cargo que ocupó entre 2008 y 2009, delitos de tráfico de influencias, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de sus función, de fraude y exacciones ilegales, de coacciones, y un último de pertenencia a organización criminal.

Los investigadores de la Guardia Civil dicen en el informe que no tienen "la menor duda" de que el aforado Sánchez Teruel es la persona que "presiona a la junta de gobierno de la comunidad de regantes" y a los funcionarios adscritos a su dirección general "con el único objetivo de conseguir una resolución que pueda genera directa o indirectamente" un beneficio económico para la UTE Riegos Marisma (Befesa/Alpi) en relación con el proyecto complementario para conseguir una nueva subvención para financiar con dinero público "algo ya subvencionado", con adjudicación directa a Befesa por importe de más de 13 millones, aunque no se materializó por la "renuncia expresa" de la actual junta de gobierno de la comunidad de regantes.

Por ello, la Guardia Civil le atribuye además un delito de fraude y exacciones ilegales, al entender que tuvo una "intervención directa" para intentar que se realice una contratación pública de ese proyecto complementario y "concertarse" con otros imputados "con el fin único de conseguir defraudar a la Administración Pública, al subvencionar dos veces las mismas unidades en las obras de modernización de regadíos".

En el atestado, en el que los agentes amplían la imputación a otras siete personas, entre ellas además del aforado a varios responsables de Befesa, y al gerente en 2007 de la UTE Riegos Marismas, se atribuye a Sánchez Teruel un delito de pertenencia a grupo criminal que estaría integradas por personal de la Consejería de Agricultura de la Junta y de la empresa Befesa.

Según los agentes, "todo parece indicar que todo este entramado de irregularidades como poco, realizadas en esta licitación de adjudicación, desarrollo de la obra y organización de proyecto complementario de las obra de modernización de regadíos de la CRMG" no se pudo llevar a cabo "sin que las más altas instancias de esa dirección general de Regadíos y posteriormente Desarrollo Sostenible y Medio Rural, se hayan puesto de acuerdo y concertado, con las más altas instancias de la mercantil Befesa, que después de este tiempo, parece quedar claro que era quien licita, construye y manda en esta obra".

El juez que instruye el caso Marismas tomará declaración entre los días 11 y 26 de junio a 21 imputados en la causa.