La Intervención General del Estado cree que las ayudas investigadas en el caso de los ERE falsos prescindieron "total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido", lo que puede ser causa de su "nulidad de pleno derecho". La Intervención General del Estado ha realizado un informe de cuatro mil folios a petición de la juez que investiga los ERE, Mercedes Alaya, en el que concreta varias decenas de irregularidades, entre ellas que los beneficiarios e importes eran elegidos con criterios "totalmente discrecionales" y las ayudas se concedían sin "resolución motivada".

Dicho informe afirma que "no consta que en el periodo 2000-2009" los sucesivos consejeros de Economía "en el ejercicio de sus competencias, hayan adoptado las medidas necesarias para evitar dichas irregularidades", lo que apoya la decisión de Alaya de imputar a la causa, entre otros 133 acusados, a la ex ministra y ex consejera Magdalena Álvarez, a José Antonio Griñán -luego presidente de la Junta- y la ex consejera Carmen Martínez Aguayo. Tampoco consta que el consejero de Economía hubiese dado cuenta al Consejo de Gobierno de los informes que le elevó el Interventor General, según ordena el Reglamento de la Intervención de la Junta.

Los peritos del Estado concluyen que las ayudas fueron otorgadas por el director general de Trabajo "sin competencia legal para ello" y, en las subvenciones de más de tres millones de euros, sin la preceptiva autorización del Consejo de Gobierno. Además, se hizo sin publicitar las ayudas y sin establecer "los baremos, límites y condiciones de las subvenciones" y "sin aplicar los criterios de publicidad, concurrencia y objetividad legalmente establecidos para la concesión de subvenciones". Por ello, varias ayudas se concentraron en empresas de un mismo grupo o relacionadas en razón de sus dueños o administradores.

La Junta, además, no comprobó que los beneficiarios estuvieran al corriente de sus obligaciones tributarias, no consta el preceptivo informe del Gabinete Jurídico de la Junta ni que por parte de la Consejería de Empleo se hiciera "ningún seguimiento de la aplicación de las ayudas concedidas". Las agencias andaluzas IFA e IDEA aplicaron de "manera indebida" a las ayudas las transferencias de financiación recibidas, dado que su destino está limitado de manera exclusiva a la cobertura de pérdidas, por lo que ahora "están obligadas por ley a devolver a la Tesorería de la Junta esos fondos", dice en otro párrafo. Los peritos del Estado constatan además el "irregular sistema denominado de pagos cruzados" utilizado por Empleo para trasvasar dinero de unas partidas a otras, por lo que "las nuevas obligaciones así adquiridas pudieran ser también nulas de pleno derecho".

Otras anomalías se refieren a que la Junta no siguió el procedimiento fijado en la Ley de Contratos del Estado para la selección de la entidad aseguradora ni la mediadora, y además las seleccionadas no operaban legalmente pues Vitalia no podía trabajar como correduría de seguros y Personal Life carecía de la preceptiva autorización para operar en Andalucía. El informe recoge la anécdota de que Apra Leven cobró por error 2.999.999,99 euros en lugar de los 299.999,99 debidos, cuya devolución luego se negó a realizar.

En otro párrafo, los expertos de la Intervención del Estado rechazan la versión de los imputados de que el Parlamento de Andalucía aprobó año tras año las partidas investigadas, ya que se limitó a aprobar las transferencias de financiación como "instrumento para la compensación de pérdidas del IFA-IDEA". "Es obvio que el legislador no pretendió que, a través de las transferencias de financiación, se vulneraran las normas de concesión de subvenciones", concluyen.