El caso Malaya concluirá algún día y todavía permanecerá un misterio: ¿Quién es J. A. G.? El principal procesado en la causa contra la corrupción en Marbella, Juan Antonio Roca, echa tierra sobre esas iniciales. Ayer, a preguntas de la defensa del ex alcalde Julián Muñoz, dijo que ni se ha pronunciado sobres esas siglas ni lo va a hacer porque corresponden a una persona que no está imputada en la causa.

Roca no ha tenido ningún problema para desvelar la identidad de decenas de iniciales que figuran en el sumario, fueran o no de procesados. Por ejemplo, ha identificado a J. A. como Juan Arévalo o a J. M. como Javier Manrique y ninguno tiene nada tienen que ver con Malaya.

En abril de 2006 investigadores dirigidos por el juez instructor Miguel Ángel Torres y el fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero registraron un trastero de la vivienda de Roca. Allí encontraron dos hojas en las que el ex asesor de urbanismo de Marbella había anotado un supuesto pago de 200.000 euros a un tal J. A. G. por haberle proporcionado cierta información policial, entre la que figuraba las identidades del que iba a ser nombrado comisario de Marbella y del comisario de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal.

El juez Torres, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, encargó a la unidad de Asuntos Internos que investigara quién era J. A. G., pero el caso se archivó sin resultados. El asunto quedó semienterrado, y dio pábulo a conjeturas hasta que el abogado Antonio Urdiales, en representación del promotor cordobés Rafael Gómez Sandokán -también imputado en la causa-, sugirió en octubre del año pasado que el misterioso J. A. G. era el comisario general de la Policía Judicial, Juan Antonio González.

Desde que comenzó la vista oral en septiembre de 2010 Roca no había aludido a estas siglas, pero tampoco ha dejado pasar la ocasión para generar incertidumbre. El 11 de abril su abogada preguntó a uno de los agentes de la unidad de Blanqueo de Capitales por qué aparecen en el sumario sólo 13 bridas con documentos intervenidos en aquel trastero cuando en realidad allí se hicieron 14 paquetes de documentación, dejando caer que se habían perdido papeles comprometidos. Por otra parte, Roca no tuvo ayer problemas para responder por qué ahora reconoce lo que durante años ha negado: que dio sobres con dinero a los concejales y que los archivos de Maras son, como sostenía la Fiscalía Anticorrupción, su contabilidad secreta. El letrado José Luis Rueda, que representa a Isabel García Marcos, le preguntó por qué dice en el juicio "lo contrario" de lo que mantuvo durante la investigación de la causa. De acuerdo con su versión, la responsabilidad de este viraje la tienen sus abogados y las estrategias que han planteado.

Roca dijo que debatió ampliamente con su nueva defensa la estrategia a seguir y decidieron que debía "basarse en contar la verdad". Es decir, "estar de acuerdo con la tesis que mantienen las acusaciones cuando esa verdad coincide y rebatirla cuando no coincide".