El Consejo de Gobierno enfría la solución que la propia Junta y los sindicatos pactaron para cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional que tumbó el viernes la jornada laboral de 35 horas semanales de los empleados públicos de la Administración regional.

El Ejecutivo de Susana Díaz aplazó este martes la ratificación del acuerdo que la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, firmó ayer junto con CCOO, UGT y CSIF, los sindicatos presentes en la mesa de la Función Pública, y que reimplantaba una jornada laboral de 37,5 horas semanales dividida entre las consabidas 35 presenciales y otras 2,5 que los funcionarios podrían cumplir fuera de su lugar de trabajo.

Tras la reunión semanal del gabinete socialista, su portavoz, Juan Carlos Blanco, explicó que tomaban en conocimiento un acuerdo que no será ratificado hasta que se establezca un sistema de seguimiento de las fórmulas ideadas por la Junta para que los trabajadores públicos acrediten que realizan labores relacionadas con su empleo durante la media hora diaria que deben sumar a su jornada. Fuentes de la Consejería de Hacienda revelan que hay sectores donde el cumplimiento es más sencillo, como la sanidad y la educación, pero también reconocen que hay dificultades en otros ámbitos para fijar cómo se desarrollan esas tareas de formación y preparación del trabajo.

La firma final del acuerdo entre Junta y sindicatos será en "cuestión de días", según confirmó Blanco, que defendió la decisión del Gobierno como una forma de garantizar la seguridad jurídica de la iniciativa y un ejemplo de "rigor y seriedad". Para lograr este objetivo, el Ejecutivo de Susana Díaz ha remitido al Constitucional el acuerdo firmado el lunes por Montero y los sindicatos. "El Gobierno andaluz nunca deja de acatar nada", insistió el portavoz del Ejecutivo antes de asegurar que el retraso en la ratificación del acuerdo no se debe a ningún informe jurídico contrario emitido por el propio gabinete de la junta. "Es más oportuno contar con un plan de seguimiento", apostilló Blanco.

Desde la Consejería de Hacienda explican que esta maniobra es una forma de demostrar que la Junta acata la decisión del Alto Tribunal, que ha dado la razón al Gobierno del PP en su recurso a la reducción de la jornada laboral de los trabajadores públicos que la Junta se comprometió a implantar en junio de 2016. Tras la sentencia negativa del Constitucional, la Junta decidió solucionar el conflicto con la adición de esas 2,5 horas para que sus trabajadores públicos, desde casa, organicen sus tareas, consulten información sobre su actividad laboral y perfeccionen sus conocimientos.

Con la aplicación de la jornada laboral de 35 horas semanales, que entró en vigor el 1 de enero de este año, la Administración autonómica había sumado a su plantilla a unos 7.000 nuevos trabajadores. En el ámbito sanitario, esos empleados mantendrán los turnos previstos antes del recurso del Gobierno central y tampoco se verán afectadas las retribuciones de jornada complementaria. En el sector educativo, se reorganizarán las tareas del día manteniendo las 20 horas lectivas, mientras que el horario de no obligada permanencia de los docentes pasará de las cinco horas iniciales a 7,5.

La reacción de los sindicatos que rubricaron el lunes el acuerdo fue dispar. El responsable del sector en CCOO Andalucía, Agustín de la Cruz, afeó "la improvisación" de la Junta al no ratificar el acuerdo y criticó que no se les comunicara su intención en el encuentro del lunes. El representante de UGT Andalucía, Antonio Tirado, fue más benevolente y señaló que el aplazamiento de "una semana" para su convalidación es preferible para "evitar desconfianzas" sobre el cumplimiento de las dos horas y media no presenciales. "El acuerdo sigue igual, solo que van a incluir el control horario de las dos horas y media", apostilló. CSIF Andalucía decidió no valorar la situación y "esperar a tener constancia oficial de por qué no se ha convalidado todavía el acuerdo".

Por su parte, el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), que no está en la mesa de la Función Pública, pidió el cese de María Jesús Montero por el "bochornoso espectáculo", tras el retraso de la firma, que a su juicio generará "inseguridad jurídica".