La consejera de Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, ha manifestado este jueves que la futura Ley de Transparencia que el Gobierno andaluz tiene intención de aprobar va a ayudar a que casos como el de las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE) "no se vuelvan a repetir".  En declaraciones a los periodistas en la localidad sevillana de Casariche, la consejera ha puesto en valor la colaboración que desde el primer minuto ha mantenido el Gobierno andaluz con la comisión de investigación de los ERE creada en el Parlamento y ha apuntado que hay una primera conclusión, la de la transparencia. 

Díaz ha insistido en el "respeto absoluto" y en la colaboración que la Junta ha mantenido con la comisión de investigación y ha confiado en que, cuanto antes, "las responsabilidades que tengan que prestarse se hagan a través de los órganos judiciales".

Por su parte, el vicepresidente del Gobierno andaluz y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas (IULV-CA), ha confiado en que, en el dictamen final de la comisión, las recomendaciones sean "un aspecto muy importante". A su juicio, lo fundamental "no es sólo el alcance de responsabilidades, sino que no ocurran en el futuro elementos de estas características".

Según el vicepresidente de la Junta de Andalucía, que ha comparecido este miércoles en rueda de prensa en Málaga, "yo quedaré a lo que el dictamen de la comisión decida sobre las responsabilidades políticas y administrativas". 

El PP pide una reunión "a puerta abierta"

Por otro lado, la vicesecretaria de Organización y Política Municipal del PP-A, Ana María Corredera, ha anunciado que su grupo parlamentario ha registrado en la Cámara autonómica una "petición formal" para que la comisión de este jueves se celebre "a puerta abierta" a los medios de comunicación para que todos los andaluces puedan conocer "el pasteleo que existe entre PSOE-A e IULV-CA" en este asunto. 

En rueda de prensa, Corredera ha insistido en que ambas formaciones tienen "pactadas" de antemano las conclusiones de la comisión y que, por eso, quieren que se celebre como una "comisión secreta", algo que el PP-A rechaza al entender que el caso merece "transparencia, luz y taquígrafos", ha dicho remedando a los miembros del Gobierno andaluz.

De no aceptar esta propuesta del PP-A, que según Corredera podría llevarse a cabo si cuenta con el apoyo de los tres grupos parlamentarios aún en caso de que el reglamento de la Cámara lo prohíba -extremo éste que no ha podido confirmar que sea así-, los populares creen que PSOE-A e IULV-CA estarían poniendo de manifiesto su "pacto" y su "reparto de sillones en el bipartito", así como su interés por "terminar esto rapidito y reducir los tres o cuatro golfos a uno solo", ha dicho en clara alusión a las alegaciones presentadas ayer por el PSOE-A y que restringen las responsabilidades del caso a la Dirección General de Trabajo bajo la tutela de Francisco Javier Guerrero.