La estrategia del PP y del Gobierno central de presentar ahora el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) como un instrumento financiero para que las comunidades puedan hacer frente al pago a proveedores no le ha gustado nada a la Junta de Andalucía. Después de que el pasado miércoles el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, advirtiera que este recurso obliga a liquidar las facturas pendientes, la réplica llegó ayer de la consejera del ramo, Carmen Martínez Aguayo: el Gobierno no ha marcado que el FLA tenga entre sus prioridades el pago a proveedores y la Junta podría responder a estos "con normalidad" si el Gobierno le hubiera dado los 4.906,8 millones solicitados, en lugar de los 1.500 que le ha notificado que va a disponer por el momento.

En la pirámide de obligaciones establecida por el Gobierno para conceder el FLA el primer nivel es para el pago de la deuda financiera, después los intereses, la Seguridad Social y el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), quedando relegada a una cuarta posición los proveedores, y cerrando los ayuntamientos y universidades. Esto equivale a que el Ejecutivo central se sitúa a sí mismo como el primero que quiere cobrar, puesto que es él quien presta al activar esta línea de crédito. Con este argumento, Martínez Aguayo respondió en comisión parlamentaria al PP, que le preguntaba por la tardanza de la Junta en pagar a sus proveedores y le recriminaba que no aclarara si va adestinar el FLA o no a este fin.

Martínez Aguayo consideró un ejercicio de "demagogia" que los populares quieran presentar a la Junta como "la más morosa de Andalucía" y la responsable del cierre de empresas y pérdida de empleo, cuando está siendo una de las administraciones más rápidas en pagar a sus proveedores, dejando atrás a las comunidades del PP. "Si el Gobierno permitiera que Andalucía se pudiera endeudar por su déficit y permitiera acceder a 4.906 millones del FLA, entonces podríamos pagar con normalidad", subrayó.

Con esta demanda, la Junta vuelve así reabrir el frente que parecía cerrado con Montoro. Aunque le ha reconocido su diligencia en dar parte del anticipo socilitado -400 de 1.000 millones-, y activar el FLA, para el Ejecutivo andaluz no deja de ser una obligación, pero también una solución parcial, puesto que es una respuesta de "justicia" del ministro ante un conflicto que él mismo generó con el "agravio" del límite de déficit.