La Junta exige que se tenga en cuenta el tamaño de la población para distribuir el fondo para la pobreza infantil

La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha insistido este miércoles en que el reparto del fondo extraordinario para la infancia "bajo ningún concepto debería haber sido así" y ha confiado en que en años sucesivos "no vuelva a ser así".

En declaraciones a los medios de comunicación tras participar en la reunión del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia que se celebra en Madrid, la consejera ha trasladado que ha pedido que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad rectifique e incluya el criterio poblacional en el reparto de los fondos del Plan Nacional contra la Pobreza Infantil.

Pero la petición de Andalucía es para que se incluya no un criterio de poblacional global sino un criterio poblacional de los niños y niñas en esa situación y ha recordado que de 1,6 millones de menores de 18 años andaluces un porcentaje "muy importante" está en riesgo de exclusión social. Además, ha subrayado que no se puede aplicar el criterio de la tasa de pobreza "si no se corrige con población infantil que se encuentra en esa situación".

Sobre la cuantía del fondo, la consejera la considera escasa porque frente a una dotación cercana a los 17 millones de euros a repartir entre todas las comunidades, Andalucía ha invertido hasta el momento y para 2014 17,5 millones. En cualquier caso ha dicho que "bienvenido sea" y ha confiado en que "se incremente y se distribuya de forma justa según las necesidades de cada territorio".

Cabe recordar que la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha defendido, por su parte, el criterio de reparto escogido para el fondo extraordinario para la infancia, que se basa en la tasa de pobreza infantil de cada comunidad autónoma y no en su volumen de población, porque, según ha dicho, es "objetivo" y "se decidió por consenso" de todos los gobiernos regionales. No obstante, su departamento no descarta modificarlo.

Mato se explicaba así ante los medios junto a la secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, y el director general del IMSERSO, César Antón, al término de un Consejo Territorial, que se ha prolongado unas cinco horas y que si bien tenía una docena de asuntos en el orden del día, ha estado marcado por la polémica sobre los criterios de reparto del citado fondo de 17 millones de euros para combatir la pobreza infantil.

Andalucía no ha sido la única comunidad que se ha quejado del reparto hecho por el Gobierno. Galicia y Cataluña también creen que el reparto no es proporcional. La consejera de Trabajo y Bienestar de la Xunta de Galicia, Beatriz Mato, cree que, en el criterio "tiene que tenerse en cuenta" el tamaño y la población y no solamente el índice de pobreza de cada Comunidad Autónoma, como plantea el Gobierno. "Creo que hay una variable que tiene que tenerse en cuenta, que es el tamaño y la población", ha afirmado a su salida del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia en el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad, añadiendo que el sistema de reparto "tiene que ir ponderado a la población y a la tasa de pobreza" de cada comunidad.

En la misma línea ha argumentado la consejera catalana de Bienestar Social y Familia, Neus Munté. Ha precisado que en la reunión se ha mostrado contraria a los criterios de reparto del fondo porque no tiene en cuenta el conjunto de la población afectada por riesgo de exclusión y pobreza.

Revisar la Ley de Dependencia

Por otro lado, la consejera andaluza ha planteado a la ministra que se retome el debate sobre la Ley de Dependencia y que se analice lo realizado hasta ahora y cuál es su situación actual ya que considera que hay "un mayor número de personas esperando a entrar en sistema y menos atendidas".

Andalucía ha planteado que la Ley vuelva al Congreso y se tengan en cuanta las opiniones de las comunidades para su revisión y, según ha trasladado a los periodistas, aunque en la reunión de hoy "no se ha entrado al debate", la actitud del Ministerio es de "acordar y pedir referencias" a los gobiernos regionales, algo que Sánchez Rubio ha agradecido.

La consejera ha concluido señalando que no se puede desarrollar la ley "a base de decreto" y que es básico "plantear dos cosas, que hay que sostener la ley desde punto de vista económico y mantenerla porque es absolutamente necesario reforzar ese esfuerzo que se hizo en pilar de servicio de bienestar".