Un recorte salarial, la supresión de complementos y la minoración de pagas extraordinarias a cambio de mantenimiento del empleo en la Junta; un aumento de los impuestos, en especial para las rentas de más de 60.000 euros anuales, y la conservación de los estándares básicos en sanidad y en educación. Ésta es la fórmula que la Junta ha utilizado para diseñar su Plan Económico y Financiero, que hoy entregará al Gobierno central y que pasará una primera prueba en el Consejo de Política Fiscal y Financiero del jueves, el  examen de Madrid a las comunidades autónomas para que éstas cumplan con el objetivo de déficit del 2012: el 1,5%. Como consecuencia de la caída de los ingresos por un mal cálculo del PIB para 2012 y de la merma de las transferencias del Estado central a las autonomías, la Junta ha realizado un ajuste en su Presupuesto de 3.500 millones de euros: 1.000 millones procederán de un aumento de los ingresos y 2.500 de un recorte gastos. Entre éstos, 777 millones de euros en personal, de los cuales los más llamativos son la rebaja del 15% del salario de los funcionarios interinos de la Junta, incluidos los de Educación y Sanidad, y los del personal laboral temporal, así como la eliminación de los complementos adicionales de las pagas extraordinarias de junio y de diciembre.

Según cálculos de la Junta, el ajuste en sueldos puede ir del cero al 6% para todos los empleados, debido a que se eliminan muchos complementos; a lo que se debe añadir el recorte mayor de los interinos, que verán cómo baja su horario laboral en la misma proporción, y un descenso del 30% al 40% de las dos pagas extraordinarias. El Gobierno del PSOE y de IU mantiene que, como consecuencia de los reales decretos de ajustes del Ejecutivo de Madrid, la ampliación obligatoria del horario de los empleados de 35 a 37,5 horas semanales hubiera traído la destrucción de 30.000 empleos en la Junta, en su mayor parte interinos. Todas las medidas en los sueldos se notarán a partir de junio, y el IRPF nuevo comenzará a funcionar en el año fiscal de 2013.

Como respuesta a ello, a este importante ajuste del presupuesto, el mayor de la historia autonómica, la fórmula pasa por conseguir más ingresos mediante la subida de los impuestos y agilización de unos fondos europeos, el recorte de la masa salarial y el ahorro en gasto corrientes y sanitarios. En el caso de los impuestos, la subida de los dos últimos tramos autonómicos del IRPF convierten a Andalucía en la comunidad más gravosa de España, junto a Cataluña, para las rentas más altas. Bases superiores a los 120.000 euros cotizarán, incluido el tramo autónomico y estatal, al 56%, un punto menos que en Suecia. El impuesto sobre actos jurídicos documentados llega al 1,5%, el tope, y el impuesto del patrimonio sube un 10%, que sumado al incremento anterior, es del 20%.

Hay que recordar que, en el caso del IRPF, Griñán ya subió los tramos más altos en su primer plan de ajuste, a lo que hay que añadir el que, posteriormente, realizó Rodríguez Zapatero  y el más reciente de Mariano Rajoy, que se hizo extensible a todas las rentas.

A cambio de esta reducción del gasto y aumento de ingresos, la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, mantuvo ayer que se conservarán los puestos de trabajo en la Junta: 259.399, de los cuales 20.000 corresponden a empresas públicas. De éstos, sólo en Educación trabajan algo más de 11.000 interinos. No obstante, en el informe que la Junta remite al Ministerio de Hacienda se admite que se conservarán el empleo, aunque en la medida de lo posible; esto es, que algunos eventuales podrán ir saliendo de la Junta, como viene ocurriendo desde hace ya tres años.

La rebaja de salarios se ve acompañada de un recorte de gastos operativos, entre los que destaca la eliminación del 50% de los coches oficiales, la supresión de los gastos protocolarios para todos los altos cargos a excepción del presidente y los consejeros y la rebaja del sueldo de éstos en un 5%. Ya, anteriormente, se lo rebajaron un 15%. El salario de José Antonio Griñán pasó de 81.155 euros anuales a 69.981 con el primer ajuste, y ahora hay que disminuirlo en un 5%.

La consejera Martínez Aguayo  admitió ayer que "estamos atravesando el peor momento desde que estallara la crisis financiera internacional" y criticó que la "reducción del déficit por sí solo no va a solucionar el problema del desempleo ni va a empujar a nuestra economía por la senda del crecimiento". Aunque Aguayo se mostró a veces conciliadora con el Gobierno central -"queremos reafirmar el valor España"-  sí criticó los reales decretos relativos a educación y sanidad, así como el del déficit, como un "imperativo legal". Eso sí, algunas medidas estatales obligatorias como el aumento del copago farmacéutico y de otros servicios supondrán el ingreso de 190 millones de euros a la Junta. Algunos de los ingresos aportados por la consejera, sin embargo, son de dudosa ejecución, como la consecución de 330 millones de euros por una operación de venta-alquiler de 94 inmuebles que falló en 2011.

De los reales decretos aprobados por el Gobierno, la Junta aplica lo obligatorio -caso del copago o del aumento de las horas lectivas a 20-, pero saca margen para marcar sus políticas diferenciadoras donde es posible elegir, como en el caso de la ratio de alumnos por clase, que no se toca. Diferencias, eso es lo buscado.