Rechazo frontal, absoluto. El plan que desbrozó la consejera Carmen Martínez Aguayo encontró poco -por no decir ninguno- respaldo en las filas de los sindicatos de la función pública. En numerosas dependencias de la Junta se siguió en directo la comparecencia de la titular de Hacienda y Administración Pública. "Aquí tenemos un cabreo fino por los motivos [de la consejera]. Y encima tenemos que ser solidarios...", fue uno de los miles de mensajes que circularon, transmitidos desde la frustración, el enojo o la indignación.

Aunque Martínez Aguayo subrayó la "responsabilidad" de los empleados públicos andaluces para negar que el tijeretazo salaria pueda "incendiar" la función pública, sus palabras no encontraron eco en los sindicatos. Al contrario. Sin ir más lejos, CSIF-A habló de "un nuevo insulto hacia el empleado público". El comité ejecutivo de esta central, reunido de urgencia ayer mismo, aprobó la convocatoria de protestas frente a todas las delegaciones del Gobierno de la Junta el próximo día 29. CSIF-A acusó al Ejecutivo autonómico de obligar a los funcionarios "a pagar el pato del despilfarro y de sus desmanes durante treinta años".

En términos similares se expresó Safja, que reprochó al Gobierno que los funcionarios se enterasen de las medidas a través de la prensa. El sindicato de funcionarios, uno de los más beligerantes contra la Junta, emprenderá acciones legales y movilizaciones si las medidas anunciadas por Martínez Aguayo "imcumplen la legalidad y pisotea los derechos de los funcionarios". Al igual que CSIF-A, Safja negó que haya recibido convocatoria alguna de reunión con el Ejecutivo, como adelantó ayer la consejera acerca de un encuentro con los sindicatos para pasado mañana con el fin de informales de las medidas.

También el presidente del PP-A, Javier Arenas, se mostró crítico con el plan gubernamental. El jefe del único grupo de la oposición parlamentaria tildó de "recortazo" las medidas de ajuste, al tiempo que las consideró el reflejo de la "agenda oculta del bipartito de socialistas e IU".

Después de una reunión con su grupo parlamentario en Ronda (Málaga), Arenas pronosticó que el Gobierno que preside José Antonio Griñán va a volver a recortar el gasto social, al decir que en los últimos años el presupuesto ha disminuido en más de 6.000 millones de euros en educación, sanidad, asuntos sociales y empleo. Además, el presidente del PP-A señaló que el PSOE va a seguir presionando a los funcionarios de la Junta porque "no se cansan de tomar medidas contra estos trabajadores; parece que están obsesionados con ellos".

Según Arenas, el Ejecutivo andaluz va a seguir los pasos del de José Luis Rodríguez Zapatero: "No tengo duda en que van a recortar en inversión, puesto que en los últimos años se han dejado de ejecutar 7.000 millones de euros en esta materia". El líder de los populares andaluces criticó que Andalucía sea la comunidad autónoma "donde se pagan más impuestos y la que menos inversión extranjera recibe".

Tampoco gustan las medidas presentadas por Martínez Aguayo a los médicos, cuyo Colegio en Málaga avanzó un "duro revés" para los facultativos que trabajan en la Administración autonómica. Para esta organización, el plan del Gobierno puede provocar "una fuga de profesionales por las penosas condiciones que se van a dar" en la comunidad. Estas quejas en el ámbito sanitario de suman a las también expresadas por el sindicato de enfermeros (Satse), que habló de un "nuevo ataque contra los empleados públicos, quienes serán, una vez más, los que paguen por una mala gestión".