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Licencias exprés en Alcaucín

Caso arcos Urbanismo ilegal en la provincia

El sumario sobre la presunta trama de corrupción urbanística revela que el ex alcalde daba permisos de obra hasta en un día y alteraba todo tipo de datos

Martín Alba, el día que abandonó la cárcel.
Mayte Cortés / Málaga

24 de enero 2010 - 05:04

El ex alcalde de Alcaucín José Manuel Martín Alba lo tenía todo previsto para tapar las presuntas irregularidades y actuaciones efectuadas en los últimos años en colaboración con varios agentes y empresarios del sector urbanístico e inmobiliario. Unas actuaciones que, presuntamente, según el atestado de la Guardia Civil, están más cerca de "una red de corrupción político-empresarial" relacionada con la ordenación del territorio.

Para ello debía aprobar el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que tenía inicialmente desde diciembre de 2006. De esta forma los suelos no urbanos donde había permitido construcciones quedarían legalizados y los convenios que había firmado previamente con algunos promotores estarían salvaguardados. Mientras que el trámite contaba con el visto bueno de la Junta de Andalucía, tenía que asegurarse de que todos ellos contaran con licencias, y que los expedientes abiertos por el Seprona se resolvieran desde el Ayuntamiento sin que llegarán a la Fiscalía. En este sentido, Martín Alba en connivencia con el jefe adjunto del servicio de Arquitectura de la Diputación, Chiqui Mora, "emitía informes con la finalidad de dar apariencia legal a hechos que no lo eran". Así, según se desprende del sumario, se daban licencias con fechas anteriores, se certificaban casas para su rehabilitación cuando eran viviendas nuevas, alteraba deliberadamente el número catastral e incluso, si era necesario, se paralizaban obras para no levantar la liebre.

Previamente, avisaba al propietario de la investigación del Seprona o de la Policía Autónoma y le asesoraba sobre los pasos a seguir para que la denuncia no hiciese mucho ruido. Ya se encargaba él de "aliviar el tema", como le explica a un promotor en estas circunstancias. Así, según los investigadores, "cuando trascienden a la luz pública o llegan al conocimiento de ciertas instancias administrativas implicadas en los hechos, el alcalde pone en marcha toda su maquinaria a su alcance e influencia".

Llama la atención la rapidez con la que en algunos casos tramitaban las licencias. Como ejemplo la que da a Virginia Llamas, administradora de Crocasa, que solicita al Ayuntamiento de Alcaucín una licencia para la construcción de la tercera fase de la urbanización Purifaleja para 14 viviendas. El ex alcalde firmó la concesión ese mismo día, y por tanto, "sin tiempo material para revisar la documentación que necesariamente debe acompañar a la solicitud, ni por supuesto de emitir los preceptivos informes técnicos y jurídicos previos a la resolución". Y eso que en el informe realizado por el Seprona consta que un vial de acceso a los garajes, "invade todo o en parte la zona de áreas libres y zona de equipamiento".

Además de que se ha desarrollado el suelo sin que exista Plan Parcial, se han construido apartamentos donde sólo están autorizadas viviendas unifamiliares, se ha superado la altura máxima permitida y se ha ejecutado un vial sin la autorización de la Consejería de Obras Públicas. El método "exprés" seguido por el alcalde se repite, al menos, en otra vivienda unifamiliar para reforma y restauración en la que intermedia Grandfils. Para otra, le concede una licencia de obra menor como si se tratase de una rehabilitación.

Para una de las viviendas denunciadas por el Seprona, sin licencia de obra ni documento que amparase su existencia, el alcalde acuerda con el propietario utilizar una de 2001, "con la que tras cambiar su número pueden simular que la casa se construyó en base a la misma".

Con Promociones Andaluzas y Torrele, según el sumario, aprueba un convenio en 2005 que tenía como objetivo una modificación del planeamiento para incluirla como suelo urbano consolidado. A cambio, la empresa se comprometía a hacer una serie de inversiones en el municipio.

Sin embargo, según la Guardia Civil, a pesar de que el PGOU se encontraba en fase de elaboración, las "obras están ya bastante avanzadas". Los investigadores también señalan que Martín Alba trataba de evitar incluir en las certificaciones la clasificación del suelo, dado que era "no urbanizable" y estaba permitiendo las construcciones como si lo fuera.

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