El Parlamento ha convalidado este jueves el decreto ley que regula la actividad de los vehículos con conductor (VTC), permitiéndoles seguir operando dentro de los municipios en competencia con los taxis. La propuesta ha contado solo con el apoyo del PP-A, mientras que Vox se ha abstenido y PSOE, Por Andalucía y Adelante han votado en contra. Estos dos últimos grupos habían pedido la tramitación del decreto ley como proyecto de ley, pretensión que ha rechazado el PP.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo, ha defendido ante el Pleno del Parlamento este decreto, vigente desde el 1 de octubre, que ha definido como "una norma con sello andaluz, diferente a la aprobada en la Comunidad de Madrid y en Cataluña". La Junta ha remarcado que la elaboración del decreto ley es consecuencia de que el Gobierno dejase en manos de las comunidades autónomas la regulación de este asunto al suprimir el servicio urbano de VTC desde el 1 de octubre.

El decreto andaluz ha provocado la controversia en el sector del transporte urbano. Nadie ha visto satisfechas sus reivindicaciones al completo. Es lo que sostienen las empresas que controlan los VTC y los taxistas, que no han dudado en manifestarse en las calles de las capitales andaluzas, criticando la elusión de restricciones en la norma como la de limitar a los VTC a un periodo de tiempo previo en la contratación del servicio. Los VTC, por su parte, han considerado limitante las obligatoriedad de los mínimos de dimensión de los vehículos, dependiendo del grado de respeto de los coches con el medio ambiente.

La Junta de Andalucía ha optado finalmente por garantizar a los VTC operar en el interior de los municipios, pero aplicando una restricción espacial, no temporal, juzgando así cumplido el criterio del Gobierno central y guiado por el sentido de las sentencias judiciales que se han pronunciado hasta la fecha en relación a la convivencia entre los VTC y los taxis.

Zonas protegidas a los taxis

La normativa andaluza limita a Uber o Cabify la captación de viajeros a zonas excluidas de un espacio de "especial protección" de los municipios con el objetivo de facilitar el control a los servicios que presten los VTC. Estas zonas son, según el decreto andaluz, aquellas que tienen una "gran potencialidad de concentración y generación de demandas de servicios de transportes de viajeros": aeropuertos, puertos, estaciones de trenes y autobuses, hospitales, centros comerciales y de ocio, etcétera. Dependiendo del lugar, los VTC no podrán estacionar a menos de 150 metros o 300 metros si no están prestando un servicio.

La Consejería de Fomento asegura así la salvaguarda de lo incluido en el reglamento estatal de ordenación del transporte terrestre aprobado en 1990. La razón principal de esta medida, según señala Fomento en la memoria justificativa del decreto andaluz que esta tarde queda convalidado en la Cámara andaluza, es evitar que los VTC capten clientes en la vía pública, una restricción que "preserva el servicio de interés general del taxi con una determinada configuración que no se confunda con la de los VTC". Esto es, que los taxis sean, como norma general, los únicos vehículos que capten a los clientes en los centros de las ciudades con la mano alzada.

La inseguridad jurídica de la ley

Sobre la regulación de los VTC, que han llevado a cabo Madrid, Cataluña y Andalucía, donde se concentra la inmensa mayoría de VTC, antes de que concluyera la prórroga de su servicio prescrita en el decreto Ábalos, ha estado pesando lo que se ha conocido como "inseguridad jurídica". Los técnicos de la Consejería de Fomento, a la hora de justificar la regulación andaluza, ha atribuido esta "gran incertidumbre e inseguridad jurídica" como consecuencia de la "heterogeneidad normativa estatal, autonómica y local", las "cuantiosas" reclamaciones patrimoniales presentadas frente a las Administraciones que han regulado durante estos años, los pronunciamientos "dispares" de los tribunales superiores autonómicos, además de los procesos judiciales "pendientes de resolución" y que pueden "alterar en gran medida el escenario normativo aplicable".

Una licencia de VTC por 30 de taxis

De hecho, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TFUE) abordó el miércoles 5 de octubre la cuestión sobre la ratio de una licencia de VTC por cada 30 de taxis, una prerrogativa incluida en el decreto Ábalos de 2018 ha sido también objeto de polémica entre los dos sectores de transporte urbano y que en lugares está lejos de cumplirse en todas las comunidades autónomas. Ahora mismo son tres licencias de taxis por cada VTC.

El pronunciamiento de la Justicia europea es respuesta a una cuestión prejudicial presentada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSC), que cuestiona la normativa que aplica la Autoridad Metropolitana de Barcelona desde 2018 con la ratio 1/30. El abogado general de la Unión Europea emitirá sus conclusiones el 15 de diciembre, conclusiones que no vinculan al TFUE pero suelen influir en su decisión final. A continuación, el TJUE dictará sentencia, dando respuesta a las cuestiones prejudiciales planteadas por el TSJC.