Los 14 ex altos cargos citados a declarar por la juez Mercedes Alaya, que les ha ampliado la imputación en el caso de los ERE fraudulentos, se han acogido este martes a su derecho constitucional a no declarar, como algunos de ellos ya han hecho en ocasiones anteriores, y al término de estas breves comparecencias no se ha solicitado ninguna medida por parte de las acusaciones.

Entre los ex altos cargos citados a declarar, además de los ex consejeros de Empleo e Innovación Antonio Fernández y Martín Soler, se encuentran los ex viceconsejeros de Empleo Agustín Barberá y Justo Mañas; el ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román; los ex directores generales de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, el ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, entre otros.

A su salida de los juzgados, Javier Guerrero ha dicho a los periodistas que no quiere pronunciarse sobre las declaraciones que se están produciendo ante el Tribunal Supremo por este caso. "Yo el día que tenga que hablar, ya hablaré, ya os lo diré. No tengo nada que decir sobre las declaraciones del Supremo, todavía nada. No voy a opinar nada, declaré en su momento y voy a estar calladito", ha añadido.

La ampliación de la imputación a estas personas se produjo tras la incorporación a la causa de varios atestados de la Guardia Civil, relacionados con las ayudas a empresas de la Sierra Norte de Sevilla y también con un informe de seguimiento relacionado con el ERE de la empresa Cydeplast Pest, que recibió 3,7 millones de euros para el ERE por el que se produjo la extinción de la totalidad de los 49 contratos laborales de la empresa.

Y también se acordó una segunda subvención excepcional, "sin sujeción a bases reguladoras, y sin que existiera tampoco dicha finalidad pública", para la opción de compra de maquinaria por importe de 503.131,72 euros para la sociedad constituida por parte de los trabajadores de la extinta Cydeplast Pest, denominada Nazapet SAL.

Las comparecencias de imputados ante la magistrada continuarán en el mes de mayo, cuando Alaya ha previsto que declaren otros tantos imputados relacionados con las ayudas concedidas a la Sierra Norte de Sevilla, que concentró 56,4 millones de ayudas de la Junta, lo que supone el 66% del total de las ayudas a empresas concedidas en Andalucía en el periodo investigado.

Alaya imputó en relación con estas subvenciones a un total de 35 personas, que debían comenzar a declarar el pasado 23 de marzo, al día siguiente de las elecciones autonómicas, pero la juez decidió suspender todas estas comparecencias después de que la Fiscalía Anticorrupción presentara un escrito en el que solicitó a la juez que archivara la causa contra doce de estos imputados -entre ellos uno que había fallecido en enero-, al estimar que habían prescrito los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos que se les atribuyen en esta macrocausa.

El Ministerio Público pidió en concreto a la magistrada que declarara la prescripción de las conductas de aquellos imputados "perceptores de ayudas directamente o en nombre de personas jurídicas" contenidos en un auto dictado el 6 de febrero -en el que imputó a esas 35 personas, elevando la cifra de imputados hasta los 264-, cuyo importe sea "claramente inferior a 450.000 euros, siempre y cuando desde la fecha del último pago de la ayuda al dictado del auto referido hayan pasado más de diez años".