Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional realizaron durante todo el día de este jueves un exhaustivo registro en la sede central de Prescal, en el polígono industrial de Aerópolis, en San José de la Rinconada (Sevilla), la firma matriz de los negocios de formación profesional del ex consejero de la Junta Ángel Ojeda, a quien el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz, Miguel Ángel López Marchena, dejó el pasado miércoles en libertad con cargos y con la retirada del pasaporte como medida cautelar, en el marco de la operación Óscar, donde se han efectuado nueve detenciones, entre ellas la de su hijo Marcos. El ex alto cargo de la Junta y ex profesor de Teoría Económica está imputado por tres delitos: apropiación indebida, fraude de subvenciones y falsedad documental.

Esta investigación contra el fraude en los cursos de formación se suma a los sumarios abiertos en una decena de juzgados de toda Andalucía, incluido el de instrucción número 6 de Sevilla, cuya titular es Mercedes Alaya, que fue la primera en abrir una investigación por las irregularidades asociadas a los cursos de formación (docentes y alumnos fantasmas, facturas infladas, cursos nunca desarrollados, etcétera). En concreto, la operación Óscar se inició con una denuncia que presenta la Policía Nacional el pasado 31 de julio en los juzgados gaditanos. El atestado incluye el testimonio de un profesor que habría trabajado para Ojeda, en concreto para la asociación Humanitas, para dar unos cursos en Chiclana (Cádiz). En su relato arroja luz sobre un cúmulo de irregularidades, como que los docentes eran retribuidos a través de un sistema de facturas falsas o que los cursos no llegaban a impartirse.

Este nuevo registro en las dependencias de Ojeda tuvieron como objetivo recabar todo el material acreditativo de las prácticas habituales de Prescal, cuyo lema -según reza en su página web- es "apostamos por la formación de calidad". En la puerta de acceso al edificio de Prescal, en el parque empresarial dedicado a la industria aeronáutica y aeroespacial, se podía leer este jueves un cartel que avisaba de que la administración del centro permanecía cerrada desde el 4 de agosto -fecha de la detención del ex consejero- hasta el próximo día 24 de este mes.

Nadie ha podido entrar en el edificio desde entonces, pues la sede ha permanecido precintada y custodiada por agentes de la Policía desde 48 horas antes del registro por temor a que personas de confianza del empresario destruyeran documentación o material acreditativo de las prácticas habituales en el desarrollo de los cursos promovidos por Ojeda en los últimos años y que, según el informe de la UDEF, habría recibido desde 2009 más de 33 millones de euros de la Junta.

Antes de acudir al polígono industrial, la Policía volvió al barrio sevillano de Heliópolis, donde el martes ya registró cada palmo de la vivienda familiar de Ojeda. Ayer regresó a la calle Ebro pero a otro número, donde, según fuentes de la investigación consultadas por este periódico, tienen su domicilio social algunas de las empresas y fundaciones vinculadas al ex consejero de Hacienda y Planificación de la Junta entre 1987 y 1990. La inspección se alargó hasta las dos de la tarde y los agentes requisaron abundante documentación en carpetas, cajas y maletines. El empresario estuvo presente en todo momento.

Prescal, constituida en 1996, es la matriz del grupo de negocios de Ángel Ojeda, creador de una red de compañías y fundaciones en las que bien él o alguno de sus seis hijos figuran -o han figurado- como presidentes o algún otro cargo directivo. En su web, Prescal se define como "un referente en formación" que cuenta "con excelentes profesionales y una amplia red de centros docentes" que "permite cubrir las necesidades de cada cliente en cualquier momento". También presume de que "los cuatro pilares fundamentales" en los que basa sus objetivos son "el desarrollo de una formación sólida, con aplicación activa y eficaz acorde a la normativa vigente".

Estas inspecciones en Sevilla se suman a la realizada en la vivienda de vacaciones del ex consejero en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), en la zona residencial de La Jara, junto a la desembocadura del Guadalquivir. Este chalé, donde Ojeda fue detenido el lunes a primera hora de la mañana, sigue bajo vigilancia policial y, según fuentes de la operación, no se descarta que se proceda a un nuevo registro.

Aunque esta fase preliminar de la operación Óscar está siendo coordinada por López Marchena, con toda probabilidad este caso irá a manos de la juez Mercedes Alaya, quien desde septiembre del año pasado, y con la ayuda de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil mantiene abiertas unas diligencias relacionadas con las subvenciones de la Junta para cursos de formación en las que ya se estaba investigando empresas relacionadas con Ojeda. En el auto en el que imputó a Antonio Fernández, Alaya atribuía a este ex consejero de Empleo haber permitido la "subcontratación de actividades formativas" en expedientes de subvenciones cuando dicha subcontratación no estaba autorizada. Esto habría ocurrido en el expediente 98/2008 a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) en relación con Delphi.

Ojeda figura detrás de la fundación y dirección de firmas con aparente fachada filantrópica como la Asociación de Empresas Aeronáuticas; Asociación para la Sociedad de la Información (Innova); Asociación de Apoyo a la Integración (Humanitas); la Asociación para la Calidad Europea (Inteca); Asociación de Apoyo al Medioambiente (Natura), entre otras. Todas ellas recibieron repetidas subvenciones de entre un millón y tres millones de euros tras el cierre de la factoría del motor en la Bahía de Cádiz.

En 2007, con el acuerdo entre los sindicatos y la Junta se inicia una fase de formación de los ex trabajadores gestionado por el DTS (Dispositivo de Tratamiento Singular). En la segunda fase de formación 2009-2010 entraron en el juego las empresas de Ojeda, que se repartieron 33,3 millones de euros con subvenciones excepcionales, a dedo. El informe policial consigna que en el caso de Ojeda ha habido un "desvío sistemático" de fondos públicos.