La vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha aconsejado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que "devuelva a la papelera" la proposición de ley para legalizar los regadíos del entorno de Doñana.

"Lo que necesitamos es claridad, contundencia y coherencia cuanto antes; este es un asunto muy serio y nos perjudica", ha respondido Ribera en una entrevista en Antena 3 al ser preguntada por la decisión del Gobierno andaluz de aplazar la tramitación de ley hasta después del 28-M.

La vicepresidenta ha advertido que "el ruido, la caja de Pandora que se ha abierto con este mensaje, ha puesto en guardia a la Comisión Europea y al resto de las autoridades y no viene bien". En su opinión, "lo que corresponde es devolver esa proposición de ley a la papelera y, si de verdad hay un interés en trabajar, buscar otras alternativas a esa ley que no ayuda a nadie".

La titular de Transición Ecológica ha insistido en sus críticas a la Junta de Andalucía, ha asegurado haberse "sentido profundamente engañada" y ha negado que no atienda las llamadas de Juanma Moreno. "Si él tiene interés, no tiene ningún problema en llamar por teléfono; su equipo y sus consejeros han estado llamando y han tenido el respeto de mi equipo, las cartas están muy claras", ha indicado. Ha indicado, además, que existen "cauces formales" para hablar de ello a través de la Confederación del Guadalquivir.

La titular del Medio Ambiente y Reto Demográfico ha reconocido ser "muy crítica" con la Junta de Andalucía porque considera que "no se hace política así". "Saben perfectamente que es ilegal, que se pone en riesgo Doñana y la credibilidad y viabilidad de la exportación de fresas y frutos rojos", ha añadido.

En su opinión, "era obvio que la Comisión Europea iba a reaccionar (en contra del plan andaluz), porque lo han hecho reiteradamente y creo que esa visión a corto plazo de las elecciones, como si no existiera el resto del mundo, es un enorme error porque, a partir de un determinado momento es muy difícil controlar los efectos que esto supone". Por ello, confía en que después del 28-M "resuelvan esta cuestión por el bien de todos", aunque ha advertido al Gobierno andaluz que "no se puede uno sentarse a negociar sobre un marco de ilegalidad".