Más de 1.200 hectáreas del entorno de Doñana piden abandonar su producción

La medida estrella del Acuerdo por Doñana firmado por el Gobierno central y la Junta en noviembre de 2023, las ayudas a aquellos productores que quieran abandonar su producción y dejar así de extraer agua del acuífero del Parque Nacional, corre el serio peligro de quedarse corta. El Ministerio de Transición Ecológica (Miteco), a través de la Fundación Biodiversidad, destinó 28,5 millones de euros para subvencionar con 70.000 euros por hectárea (los restantes 30.000 hasta llegar a los cien mil corrían a cuenta de la Junta y la Diputación de Huelva), a quienes se acogieran a esa medida y promovieran medidas de renaturalización de sus fincas.

Ayer, la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado reconoció haber presentado solicitudes de ayudas para un total de 1.200 hectáreas al marco del Plan Doñana, según el balance realizado tras el cierre del plazo de inscripción que concluyó el pasado día 15 de enero. Las cifras proceden tanto de la oficina técnica habilitada específicamente para asesorar y tramitar las solicitudes como de otras ingenierías especializadas del sector agrícola que han colaborado en el proceso. Según confirmaron a este periódico, de esa superficie “algunas de ellas no están en producción”, aunque se trata de hectáreas que se acogen a los mecanismos para la renaturalización de esos espacios que hasta el momento extraían recursos directamente del acuífero.

Para dimensionar estas 1.200 hectáreas, hay que tener en cuenta que el cultivo de frutos rojos en los 14 municipios que conforman el ámbito territorial del Marco de Actuaciones del Acuerdo por Doñana, engloba a 895 explotaciones con una superficie de 8.325 hectáreas que representa el 62% de la superficie total del sector en España. Su rentabilidad por hectárea puede llegar a superar los 14.625 euros. Se trata, por lo tanto, de un abandono de cultivos cercano al 15% del total. De llevarse a cabo, sus efectos sobre el acuífero serán más que determinantes, lo que constituye el eje central del marco de actuaciones previsto.

Los regantes pusieron el acento en el “importante déficit presupuestario en la convocatoria actual”, ya que únicamente 400 hectáreas cuentan con financiación asignada. Esta limitación económica deja fuera de las ayudas a más de 1.000 hectáreas durante el presente ejercicio, a pesar de que sus titulares cumplen con todos los requisitos técnicos exigidos. La Plataforma puntualizó , además, que el número total de hectáreas esperando acogerse al acuerdo “es mayor de las que presentamos, ya que pueden haberse presentado por otros canales”.

El problema presupuestario podría agravarse en los próximos meses, según las estimaciones manejadas por la Plataforma. La organización ha recordado que, además del millar de hectáreas excluidas en esta primera convocatoria, existen previsiones de nuevas solicitudes que elevarán la demanda hasta, al menos, 400 hectáreas adicionales correspondientes a fincas ubicadas en la Corona Norte de Doñana. Es en esta zona donde se concentra el mayor número de hectáreas con riegos ilegales y a quienes, al menos en teoría, iban dirigidas el grueso de las ayudas.

No obstante, la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, aseguró en una visita a la Delegación del Gobierno en Andalucía, que se trata sólo de la primera de las líneas de ayudas destinadas al abandono de cultivos. Aagesen aseguró que estaban previstas otras dos más para que todos aquellos que cumplan los requisitos pudieran acogerse a las mismas. A 400 hectáreas por convocatoria, todo hace prever que ni tan siquiera con las dos adicionales se pueda cubrir toda la demanda.

Ante esta perspectiva, los representantes de los regantes reclamaron “un incremento del presupuesto que permita dar una respuesta eficaz” y justa a todos los agricultores que cumplen los requisitos establecidos. Desde la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado subrayan que los agricultores “han cumplido tras ajustarse a las condiciones” del plan establecido para la protección del espacio natural de Doñana. Por este motivo, consideran “imprescindible una mayor implicación de las administraciones locales y supramunicipales para que el proceso sea ágil, equitativo y eficaz”.

La entidad quiso dejar claro su compromiso con el diálogo institucional y se ha ofrecido como interlocutor válido para mejorar los mecanismos de gestión y distribución de fondos. Los agricultores esperan que las administraciones competentes respondan incrementando la dotación económica en futuras convocatorias.

Tanto desde la Fundación Biodiversidad como desde el Miteco, aseguraron a este periódico que “todavía están en periodo de estudio de las solicitudes presentadas” y cuyo plazo de recepción finalizó el pasado día 15 de enero.