El alcalde de Berja será juzgado por presunta prevaricación

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha acordado la apertura de juicio oral contra el alcalde de Berja (Almería) y parlamentario andaluz por el PP, Antonio Torres, para quien la acusación popular ejercida por la agrupación municipal socialista pide dos años de suspensión de empleo y cargo público como presunto autor de un delito de prevaricación en el cese y posterior nombramiento en 2007 del jefe de la Policía Local. El auto obliga a Torres, con condición de aforado, a abonar una fianza de 12.000 euros para enfrentar las posibles responsabilidades civiles derivadas de una causa en la que la Fiscalía no ha formulado acusación al considerar que la actuación del primer edil virgitano fue una cuestión "administrativa" y no constitutiva, por tanto, de delito.

La Sala de lo Penal del Alto Tribunal andaluz será la encargada de enjuiciar unos hechos por los que la acusación popular solicita, asimismo, la imposición de pena de multa de ocho meses a razón de 50 euros diarios. La resolución, contra la que no cabe recurso, da traslado al parlamentario andaluz para que formule escrito de defensa en el procedimiento abreviado incoado en marzo de 2010.

Para el fiscal encargado del caso, Torres no incurrió en delito al designar a un nuevo jefe de la Policía Local en noviembre de 2007 y subraya en su escrito que tanto los decretos de cese como de nombramiento ya fueron anulados por un juzgado de lo contencioso-administrativo en octubre de 2008 y que, en cumplimiento de la sentencia, el alcalde tuvo que reintegrar al perjudicado a su puesto de trabajo, lo que hizo efectivo apenas dos meses después.

La acusación popular, por su parte, sostiene en cambio que, a sabiendas de la ilegalidad de su actuación, aupó como Jefe de la Policía Municipal a una persona "sin que concurrieran los requisitos legalmente establecidos para ello" y alude a que la sentencia dictada por el juez de lo contencioso-administrativo número 1 de Almería declaró que su decisión "había sido ilegal y había incurrido en desviación de poder".