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Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado | Entrevista

"El legislador cree que la Justicia no es rentable"

  • Defiende su independencia absoluta del Gobierno y reclama una reforma normativa que ponga de forma nítida en manos de los fiscales las investigaciones

Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, durante la entrevista en el hotel Reina Cristina, en Algeciras.

Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, durante la entrevista en el hotel Reina Cristina, en Algeciras. / Erasmo Fenoy

Nos cita justo a la hora en que termina el España-Costa Rica del Mundial, pero confiesa que sus aficiones van por otros derroteros. “No sé ni cómo ha quedado el partido... ¿Contra quiénes jugábamos?”, pregunta. Por la mañana, en Granada, ha mantenido varias reuniones en la sede del TSJA, y tras varias horas de coche y casi recién llegado a Algeciras -donde al día siguiente inaugurará una jornada de fiscales Antidroga- se somete a las preguntas y a la sesión de fotos.

-Es un semana ajetreada tras la polémica de la ley del 'solo sí es sí'. ¿Hubiera sido evitable con una mejor redacción de la norma?

-No me corresponde poner adjetivos calificativos. La Fiscalía hace una valoración jurídica de la ley, porque es preceptivo que pase por el Consejo Fiscal, al igual que por el CGCP y el Consejo de Estado, y hacemos apreciaciones técnicas. En este caso nos hemos encontrado con que la aplicación de la norma daba lugar a la revisión de condenas, como ocurre siempre que hay una modificación de este tipo, y nos hemos puesto a ello.

-La Fiscalía General del Estado ha aprobado un decreto que rechaza rebajar las penas si los delitos siguen vigentes en la ley del 'solo sí es sí'. Ha servido para aclarar bastante el debate.

-Valoramos inicialmente si era necesario un decreto clarificador, a veces basta con una circular, porque era evidente que había una demanda por parte de compañeros de la carrera fiscal que debían pronunciarse en cada de las causas que se estaban produciendo. Al final nos decidimos por un decreto porque la Fiscalía se guía por el principio de unidad, tiene que hacer lo mismo en todos los sitios de España: no por capricho del fiscal general, sino porque eso garantiza la igualdad de la ley y que todos los ciudadanos de España reciban el mismo trato por la misma institución.

"En la interpretación de la ley del 'solo sí es sí', en la Fiscalía hemos tomado la decisión evidente de favorecer a las víctimas siempre que podamos"

-Los jueces son más libres.

-Es diferente. Cada uno es libre de tener su propio criterio hasta que la juridisprudencia no unifique las decisiones. Creo que desde la Fiscalía se hizo un trabajo serio, riguroso, porque entendíamos que podía haber varias interpretaciones de la modificación del Código Penal, todas respetando principios constitucionales, especialmente, la no retroactividad menos favorable. Cabían dos interpretaciones: una más favorable a las víctimas y otra menos.

-O al reo.

-Favorable al reo siempre va a ser porque el principio constitucional así lo establece. En esa vía, se tomó la decisión evidente de favorecer a las víctimas siempre que podamos.

-¿Puede haber algún fiscal que invoque el artículo 27 del Estatuto Fiscal para no atenerse al decreto?

-No ha habido ningún caso ni podría hacerlo respecto a una instrucción del fiscal general. Ese artículo alude a casos en los que haya una discrepancia sobre un asunto concreto. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de leyes y de hechos interpretables en cada caso; hemos dado unas pautas generales, luego habrá que ver cada caso y cada fiscal tendrá que hacer una interpretación de ellas y de la norma. No hay automatismos, siempre hay que ir caso a caso.

Álvaro García Ortiz, ante las banderas de Algeciras, Andalucía, España y la UE, en el hotel Reina Cristina. Álvaro García Ortiz, ante las banderas de Algeciras, Andalucía, España y la UE, en el hotel Reina Cristina.

Álvaro García Ortiz, ante las banderas de Algeciras, Andalucía, España y la UE, en el hotel Reina Cristina. / Erasmo Fenoy (Algeciras)

-¿Cuántas sentencias podrían estar sometidas a revisión?

-No lo sé, es imposible a estas alturas. Hace unos días pedimos todas las revisiones que se habían presentado; llegaron unas pocas, las suficientes como para saber que debíamos aprobar el decreto.

-La Asociación de Fiscales dice que el decreto llegó tarde, que esa interpretación de la ley y la instrucción debieron hacerse antes.

-A mí lo que me importa es que la Asociación de Fiscales ha dicho que es un buen decreto, riguroso y cierto. Las críticas, que se queden ahí.

-El fiscal de Sala de Menores ha advertido que, con la reforma de ley, pueden darse casos en que un menor sea condenado a más pena que un adulto por el mismo delito.

-El fiscal de Menores tiene su campo de actuación y a él le corresponde esa interpretación desde el punto de vista técnico-jurídico. Emitió una nota el 14 de septiembre a este respecto.

-¿Lo de “jueces machistas” y “fachas con toga”, a qué le suena?

-Ni quiero ni debo entrar a valorar esas manifestaciones. El ejercicio de la función jurisdiccional es muy complicado.

"El fiscal general del Estado es autónomo plenamente del Gobierno"

-En cualquier caso, hay que esperar a que el Tribunal Supremo se pronuncie en torno a la interpretación de la norma.

-Es como funciona el sistema: los fiscales proponemos a los tribunales dentro de las posibilidades de nuestra línea de acción. En este caso, hemos propuesto una alternativa muy clara: interpretemos la norma de la forma más favorable a las víctimas. Y ahí está. En este país deciden los tribunales.

-¿Ha mantenido como fiscal general algún contacto con el Gobierno para tratar esta polémica y aprobar el decreto sobre la norma?

-No. El fiscal general del Estado es autónomo plenamente. La única demanda que hemos tenido es la lógica de los hechos y la lógica de la norma. Ha sido una norma aplicación muy rápida: se aprueba el 7 de septiembre, entra en vigor el mes siguiente y es a partir de ahí cuando podemos medir las consecuencias. Generalmente, las leyes penales tienen una vacatio de seis meses antes de su entrada en vigor que nos da tiempo de reacción para emitir los informes necesarios.

El delito de sedición

-Otra cuestión polémica es la supresión del delito de sedición.

-Está todavía en el Parlamento. Lo normal es que, cuando haya un texto definitivo, si es que lo hay, veamos qué consecuencias puede tener en cada uno de los procesos en los que se haya aplicado. Lo mismo puedo decir sobre la posible modificación del delito de malversación. No es lo mismo un qué, un cómo, un cuándo en un tipo penal que en otro. Son temas complejos cuyo estudio exige mucha dedicación.

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. / Erasmo Fenoy

-La Fiscalía ha mostrado su preocupación por el aumento de los accidentes laborales. En 2021 se contabilizaron medio millón en España. ¿Cómo van a reforzar ustedes las investigaciones de estos accidentes?

-Ayer (por el lunes pasado) firmamos un convenio muy importante con los ministerios del Interior, Justicia, Trabajo y el CGPJ para intentar acelerar las investigaciones en los procedimientos en los que hay accidentes laborales y para que las víctimas, a cuyo lado estamos los fiscales, se sientan protegidas porque están un poco olvidadas. Los procesos de accidentes laborales son muy largos y complejos: hay informes periciales, muchos intereses en juego y pueden prolongarse 4, 5, 6 años y hasta 10. El objetivo es que las víctimas padezcan menos el dolor y que el proceso no sea una carga para que no tengan que esperar años para cobrar una indemnización.

Independencia

-Usted fue elegido a propuesta del Gobierno. En el CGPJ recibió doce votos a favor, del bloque progresista, y siete en contra, del conservador.

-No, no, no... Progresistas no eran doce, eran bastantes menos (risas).

-Bueno, de acuerdo. ¿Usted es y se siente independiente?

-Absolutamente independiente, pero no porque yo me sienta independiente, sino porque tenemos una legislación que blinda al fiscal general del Estado frente a posibles injerencias del Gobierno. Esto hay que explicarlo. El hecho de que el presidente del Gobierno nombre al Fiscal General del Estado no significa que esté bajo el mandato del Gobierno. Eso está prohibido en nuestro estatuto orgánico. Es la Constitución la que determina la forma de elección del fiscal general del Estado, esas son las reglas del juego. Hay otra cosa que se dice muy poco: al fiscal general del Estado no lo puede destituir el Gobierno. Una vez nombrado soy libre de seguir mi propio criterio.

"He trabajado con mucho orgullo a las órdenes de Dolores Delgado, que fue una buena fiscal general del Estado"

-Le apunto un par de intervenciones que tuvo usted que escuchar antes de su nombramiento: Luis Santamaría, del PP, le acusó de ser “la mano derecha, mano izquierda y alter ego” de la anterior fiscal general, la ex ministra Dolores Delgado, y Vox le acusó de ser de izquierda radical. Usted no se da por aludido.

-He trabajado con mucho orgullo a las órdenes de Dolores Delgado, que me parece que fue una buena fiscal general del Estado, es algo evidente, como lo hemos sido muchas personas que ahora mismo estamos en la Fiscalía General. En la elección del fiscal general participan los tres poderes del Estado: el candidato es designado por el Ejecutivo, se somete a lo quieran decir los grupos parlamentarios en la Comisión de Justicia y a lo que estime el Poder Judicial sobre los requisitos de legalidad, que no de idoneidad. Esos tres filtros se han pasado y hay poco más que decir.

Álvaro García Ortiz- Álvaro García Ortiz-

Álvaro García Ortiz- / Erasmo Fenoy (Algeciras)

-¿Cambiaría usted el sistema de elección para que no dependiera del presidente del Gobierno y para que la persona no solo se declare independiente sino que también lo parezca?

-No sé si tengo la capacidad de cambiar la Constitución. El fiscal general del Estado es elegido por el Gobierno, pero no tiene capacidad para modificar su sistema de elección. Todos los fiscales generales hemos sido elegidos por ese modelo: ¿Que podemos ir a otro? Claro que, sí. Pero ese modelo lo cambian los ciudadanos a través del legislador.

-Dolores Delgado fue ministra de Justicia antes que fiscal general del Estado, y no es el único precedente de un persona en el cargo con un pasado político muy marcado. ¿Qué independencia puede tener una persona en ese cargo y con ese perfil cuando tiene que decidir sobre cuestiones que afectan al Gobierno o al partido del que formó parte?

-Hay que explicar también, y es muy interesante hacer didáctica sobre ello, que la Fiscalía no funciona con órdenes del fiscal general del Estado en causas concretas.

-No hay correa de transmisión.

-No, no, es más complicado. En España hay 6.213 fiscales, magníficos profesionales cualificados y juristas de primer nivel. Todos saben lo que pueden y lo que no pueden hacer. El Estatuto orgánico de la Fiscalía tiene sus propios contrapesos, de tal forma que cuando se diese una orden contraria a la ley a los derechos se activarían mecanismos de discrepancia. Y no le quede a usted la menor duda de que si Dolores Delgado o yo hubiéramos dado una orden contraria al ordenamiento jurídico, de los 6.213 fiscales, 6.212 habrían levantado la mano.

CGPJ

-La renovación del CGPJ sigue pendiente. ¿Qué valoración hace de ello?

-Es una anormalidad democrática, claramente. Va a doblar el periodo que está acordado en la ley para su renovación y es algo que debe ser corregido. Hay qué ver por qué se está produciendo este bloqueo.

"La Fiscalía siempre demanda más medios y siempre los pide"

-¿Comparte el dicho de que la Justicia es la parte pobre de las administraciones? ¿Necesita la Fiscalía más medios materiales y humanos?

-La Fiscalía siempre demanda más medios y siempre los pide. Hacemos informes muy serios sobre plantillas y necesidades y los elevamos a los órganos correspondientes. Ellos toman las decisiones en función de cómo quieren ordenar este país.

-¿Se siente atendido o es una causa perdida?

-Siempre vamos a demandar más. El legislador, creo que ocurre en otros países, cree que la Justicia no es rentable. Y no es así, es uno de los elementos más rentables en un país democrático. El gasto en justicia en España es mejorable, no sé el porcentaje que representa sobre el PIB, pero seguro que es muy bajo. Naturalmente que necesitamos más recursos, aunque si usted le hace esta pregunta a un médico, a un profesor, a un señor que se dedica a hacer carreteras o a un jubilado le dirán que sí, que se necesita más dinero para sus sectores o para las pensiones.

-Le pongo como ejemplo el caso de Algeciras, con la carga de trabajo derivada de macrocausas con centenares de encausados por narcotráfico, contrabando, blanqueo, etc: para 22 fiscales, hay 13 funcionarios. Y en menores, dos 2 fiscales con 5 funcionarios. Las cifras son insuficientes.

-Por eso aquí se aumentó el número de fiscales y por eso se ha pedido que haya más. Las necesidades, que son muchas en el Campo de Gibraltar, también son muchas en el resto de España. La Fiscalía General del Estado distribuye los recursos, pero no puede llegar a más. En Andalucía se están creando las oficinas fiscales, que deben ser un acicate para resolver la ratio de funcionarios que hay en las fiscalías.

"La Fiscalía Antidroga inicia ahora con doña Rosa Ana Morán un nuevo camino, compartiendo información, que es muy importante, y ganando eficacia"

-¿Debería la Audiencia Nacional implicarse más en la instrucción de las macrocausas por su transcendencia para aliviar la carga de trabajo de los juzgados? En La Línea y San Roque son, además, juzgados mixtos y están sobresaturados.

-No es solo una cuestión de voluntad, sino también de legalidad y de qué se entiende por las competencias de la Audiencia Nacional.

-¿Hay competencia entre los fiscales por ver quién se queda con los casos más importantes?

-No, no, al revés, están en el buen camino. La Fiscalía Antidroga inicia ahora con doña Rosa Ana Morán un nuevo camino en ese sentido, compartiendo información, que es muy importante, y ganando eficacia. Una reunión como esta de Algeciras, con un simbolismo especial por la lucha contra el narcotráfico, persigue ese objetivo. Al final, no nos olvidemos, quienes deciden qué lleva un tribunal o qué lleva otro lo deciden los jueces.

-El anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para que los fiscales asuman tareas de instrucción en las investigaciones, como ya ocurre en gran parte de Europa, está paralizado. Hace más de un año que la mesa de trabajo del ministerio presentó sus conclusiones y el CGPJ no acaba de emitir un dictamen.

-La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal lleva 40 años sin hacerse en España. Debería haber sido una de las primeras leyes de la democracia, pero mantenemos un modelo procesal que es heredero de la desconfianza hacia un modelo de justicia que estaba basado en el juez de instrucción. Creo que el 90% de los operadores jurídicos de España creemos que este es un modelo ineficiente. El modelo europeo no consiste en que el fiscal sustituye al juez de instrucción.

-¿Cuál es ese modelo?

-Es un modelo en el que los roles cambian de alguna forma: los jueces dejan de hacer una labor que constitucionalmente no les corresponde, la de investigación, y pasan a ser jueces que garantizan que se ejecute lo juzgado, tal como dice la Constitución. Hay un modelo de delincuencia transnacional, como se ve en el tráfico de drogas, que está muy por encima de los territorios y de cualquier partido judicial. Son casos que necesitan respuestas globales, de otras instituciones u órganos. Quien puede movilizar recursos en todas partes es la Fiscalía porque creemos que somos más eficientes en la investigación.

"Hay un espacio entre la investigación de los jueces y la policial. La Fiscalía no quiere suplantar la figura del juez instrucción, sino ocupar su propio espacio"

-Ocurre que, para que ese modelo funcionase y volviendo a una pregunta anterior, serían necesarios muchos más medios en manos de la Fiscalía.

-Primero necesitamos un cambio legislativo: las leyes procesales son sustantivas en un país. Son leyes orgánicas y no se puede dar un solo paso sin cambiarlas. Entretanto, lo que sí podemos hacer los fiscales es demostrar a la sociedad que sabemos investigar y por eso la Fiscalía General del Estado va a emitir una circular sobre la actividad extraprocesal del ministerio fiscal, sobre las diligencias de investigación del fiscal.

-¿Qué va a decir esa circular?

-Va a ordenar de alguna manera ese campo de investigación que tenemos los fiscales, entre la investigación de los jueces y la policial. La ley establece una posibilidad de investigación del fiscal, algo que está muy desarrollado por las fiscalías Anticorrupción o Antidroga. Vamos a unificar los instrumentos, a darl garantías a los fiscales para que sus atribuciones sean las mismas en todo el territorio, garantías también para los ciudadanos y las víctimas.

Álvaro García Ortiz, durante la entrevista. Álvaro García Ortiz, durante la entrevista.

Álvaro García Ortiz, durante la entrevista. / Erasmo Fenoy

-Con el permiso de los jueces, esto es cosa de dos, ¿no?

-No. Lo interesante de la investigación de los fiscales es conceptual. Hay un espacio entre la investigación de los jueces y la policial. La Fiscalía no quiere suplantar la figura del juez instrucción, sino ocupar su propio espacio.

-En el Campo de Gibraltar se carece de un espacio para celebrar las vistas de las macrocausas vinculadas al narcotráfico. Hay una vista pendiente con 157 acusados, por la operación Dismantle, algunos de los cuales siguen en prisión provisional pasados los dos años reglados inicialmente por una cuestión extraprocesal. ¿Cómo ve esa anomalía?

-Me encantaría conocer las circunstancias, pero no es así, por lo que prefiero no pronunciarme. Lo que sí le digo es que vivimos en un sistema muy garantista y si a una persona se le prorroga la prisión provisional es porque hay razones fundadas, motivadas y cumplen con los requisitos legales.

-¿Le tienta la vocación política o seguirá en la carrera fiscal?

-Soy fiscal de carrera, llevo 24 años en esto y si soy fiscal general del Estado es porque es otra forma de ejercer mi vocación. Y cuando acabe esta etapa volveré a mi plaza en el Tribunal Supremo como fiscal de sala de primera categoría.

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