Andalucía recauda 16.000 millones al año por la renta y Cataluña, 30.000

El Gobierno central y la Generalitat de Cataluña mantendrán este una reunión bilateral para pactar que el Ejecutivo catalán recaude íntegramente el impuesto sobre la renta (IRPF) que se declare en Cataluña desde 2026.Una reunión a la que, por cierto, asistirá el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y no acudirá la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien envía a su secretario de Estado. Se trata de un primer paso para cumplir el acuerdo que el PSOE pactó con ERC para investir a Salvador Illa presidente de la Generalitat, un acuerdo que no se había cumplido y al que los socios de Pedro Sánchez habían urgido a firmar antes del fin de julio. Los independentistas reclaman un modelo de financiación singular para Cataluña alegando que aportan mucho más dinero al Estado del que reciben. Este acuerdo, complejo desde el punto de vista técnico, tiene algunos detalles relevantes.

Uno de los más espinosos y que más polémica ha levantado es que la Generalitat defiende el principio de ordinalidad (que ninguna comunidad autónoma pierda su posición en el ranking de riqueza per cápita como resultado de la nivelación con otras comunidades) aunque también una cuota de solidaridad. Es decir, que entregará a la Administración una parte del dinero recaudado como abono por los servicios que el Estado presta en la comunidad autónoma. La clave está en los detalles que hoy se establezcan conforme a esa solidaridad. ¿Cuáles serán los criterios? ¿Quién controlará los ingresos de la renta en Cataluña? ¿Cómo se garantiza el sistema para los próximos años?. Se trataría de un cupo catalán similar al que ya pagan las comunidades forales del País Vasco y Navarra, estos sí recogidos en la Constitución.

Según el modelo de financiación autonómica vigente, el Estado recauda íntegramente el impuesto de la renta que pagan los contribuyentes y posteriormente lo reparte con el siguiente criterio: La mitad va a las comunidades y el otro cincuenta por ciento a la caja común del Estado. Estos fondos llegan a las arcas autonómicas con dos años de retraso. Ahora las comunidades van a recibir la liquidación de 2023. Con este cambio, la Generalitat tendrá el dinero a finales de cada año, igual que sucede ahora con la Administración Tributaria del Estado.

14.000 millones más

Hay más datos a tener en cuenta. Según la información facilitada por la Consejería de Hacienda, en Andalucía se recaudaron 16.000 millones de euros correspondiente a la declaración de la renta del año 2024, una cantidad que en Cataluña ha rondado los 30.000 millones de euros. El Ministerio de Hacienda calcula que, con las cifras más actualizadas, la Generalitat pasaría a gestionar 14.000 millones de euros más. Las cifras cuadran. En el actual sistema, sólo tres comunidades, Madrid, Barcelona y las Islas Baleares (aunque en menor medida) son contribuyentes netas al sistema de financiación autonómica por este impuesto.

Se debe a la robustez de su sistema económico, al mayor número de empresas que están radicadas en ellas, con los consiguientes trabajadores cotizantes, además, del modelo de desarrollo del Estado Español, profundamente centralista (sólo habría que mirar las líneas ferroviarias) y con constantes concesiones históricas a Cataluña, ya desde antes de la Transición.

El acuerdo que se firme entre el Gobierno central y Cataluña no tendrá validez hasta que no esté aprobado. Deberá pasar por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el órgano de diálogo entre el Gobierno y las comunidades, y después llevarse al Congreso porque necesita la reforma de una Ley orgánica, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, ley 22/2009.

El Gobierno de Pedro Sánchez, que no ha logrado sacar los Presupuestos Generales del Estado en los dos últimos años, deberá lograr una mayoría en el Congreso. Y eso está por ver. La estrategia del presidente del Gobierno pasa por convencer también al PNV y para ello mañana martes se va a reunir con el lehendakari Imanol Pradales. Sobre esta mesa están pendientes las transferencias de las pensiones no contributivas o de Salvamento Marítimo.