Andalucía rechaza el modelo de financiación basado en la ordinalidad propuesto por Montero

El Gobierno de Andalucía ha manifestado este martes su firme oposición al nuevo modelo de financiación autonómica planteado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, basado en el principio de ordinalidad. La consejera de Economía y portavoz del Ejecutivo andaluz, Carolina España, ha calificado esta propuesta como "un nuevo agravio para Andalucía y un nuevo privilegio para el independentismo catalán", asegurando que este sistema beneficiaría a las comunidades más ricas en detrimento de las que cuentan con menos recursos.

Durante su intervención previa a la presentación de un estudio sobre el impacto económico del Málaga TechPark, España ha criticado duramente el cambio de postura del PSOE andaluz y ha acusado a Montero de haber olvidado su posicionamiento anterior cuando ocupaba el cargo de consejera de Hacienda en Andalucía. "Montero y todo el PSOE de Andalucía se han quedado con amnesia", ha declarado, recordando que en el Parlamento andaluz se aprobó rechazar expresamente este principio de ordinalidad, con el apoyo tanto de la actual ministra como de la expresidenta Susana Díaz.

La portavoz del Gobierno andaluz ha lamentado que Montero, siendo andaluza, "va en contra de lo que se aprobó en Andalucía cuando era consejera" y ha señalado que la actual candidata socialista a la presidencia de la Junta "se vende a Cataluña antes que trabajar y entregarse a Andalucía". España ha reafirmado el compromiso de seguir "trabajando para que se haga justicia con Andalucía", destacando que el principio de ordinalidad contradice frontalmente el de solidaridad recogido en la Constitución española.

El conflicto sobre el modelo de financiación autonómica

La consejera ha explicado que, aunque Andalucía podría beneficiarse por ser la comunidad más poblada de España, el Ejecutivo andaluz ha ido "aceptando el criterio de población ajustada con determinados matices" como fórmula de consenso. "Entendemos que es la media y podríamos ir en esa línea", ha manifestado España, quien ha reclamado "sentido común" y "ganas de hacer justicia" en el diseño del nuevo modelo de financiación.

La titular de Economía ha denunciado lo que considera un "privilegio permanente" concedido por el Gobierno de Pedro Sánchez al independentismo catalán, con el único objetivo de "permanecer un día más sentado en la Moncloa". España ha argumentado que cualquier trato preferente a comunidades como Cataluña o el País Vasco "siempre implica un agravio" para otras regiones, especialmente para Andalucía, situación contra la que ha prometido "alzar la voz".

Como ejemplo concreto de este trato desigual, la consejera ha mencionado la inversión prevista en los puertos españoles para el período 2025-2029, cuestionando por qué el puerto de Barcelona "va a recibir prácticamente la misma o más inversión que todos los puertos de Andalucía juntos". Con contundencia, ha afirmado que "la señora Montero es la más independentista que existe" y ha asegurado que los andaluces no van a "pagar la fiesta del independentismo".

Antecedentes del debate sobre financiación autonómica

El debate sobre la financiación autonómica ha sido una constante en la política española durante los últimos años. El actual sistema, que debería haberse renovado hace más de una década, ha generado numerosas críticas por parte de diversas comunidades autónomas que consideran que no responde adecuadamente a sus necesidades de financiación. Andalucía ha mantenido históricamente una postura favorable a un modelo basado en el principio de solidaridad entre territorios y que tenga en cuenta factores como la población.

La propuesta de María Jesús Montero, que incorpora el principio de ordinalidad —según el cual una comunidad autónoma con mayor capacidad fiscal no debería recibir menos recursos per cápita después del reparto que otra con menor capacidad—, supone un giro significativo respecto a posiciones anteriores del PSOE andaluz. Este cambio ha sido interpretado por el Gobierno andaluz como una concesión más a las demandas del independentismo catalán para asegurar la gobernabilidad a nivel nacional.

El enfrentamiento entre el Gobierno andaluz y el Ministerio de Hacienda por este asunto se suma a otras discrepancias previas en materia de financiación, como la reclamación de Andalucía de los 1.350 millones de euros correspondientes a la liquidación del IVA de 2017, que continúa siendo objeto de litigio judicial, o la demanda de un fondo transitorio mientras se negocia un nuevo modelo.

¿Qué es el principio de ordinalidad en la financiación autonómica?

El principio de ordinalidad es un concepto clave en el debate sobre los sistemas de financiación territorial. Este principio establece que, tras la aplicación de los mecanismos de reparto de recursos y de solidaridad interterritorial, debe mantenerse el orden de las comunidades autónomas según su capacidad fiscal inicial. Es decir, una comunidad que genere más recursos por habitante no debería quedar, después del reparto, por debajo de otra que inicialmente generaba menos.

Este principio ha sido tradicionalmente defendido por comunidades como Cataluña, Madrid o Baleares, que argumentan que el actual sistema de nivelación puede llegar a invertir el orden de las comunidades tras el reparto, situando a algunas con mayor capacidad fiscal inicial por debajo de otras con menor capacidad. Sus defensores consideran que esto desincentiva el crecimiento económico y penaliza a los territorios más productivos o con mayor presión fiscal.

Por el contrario, comunidades como Andalucía, Extremadura o Castilla-La Mancha han defendido históricamente un modelo basado fundamentalmente en la solidaridad interterritorial y en la garantía de servicios públicos equivalentes en todo el territorio nacional, con independencia de la capacidad fiscal de cada comunidad. Para estas regiones, el principio de ordinalidad podría perpetuar las desigualdades territoriales existentes.

¿Qué implicaciones tendría este modelo para Andalucía?

Según el análisis del Gobierno andaluz, la aplicación del principio de ordinalidad en el nuevo sistema de financiación tendría consecuencias negativas para la comunidad. Al privilegiar a las regiones con mayor capacidad fiscal, Andalucía vería reducidos sus recursos en comparación con el potencial de un sistema que priorizara la solidaridad interterritorial y la población.

La consejera Carolina España ha señalado que, aunque por población Andalucía podría beneficiarse al ser la comunidad más poblada de España con más de 8,5 millones de habitantes, el Gobierno andaluz ha mostrado su disposición a aceptar criterios de población ajustada que tengan en cuenta otros factores como la dispersión, el envejecimiento o la insularidad. Sin embargo, considera que la introducción del principio de ordinalidad rompería cualquier posibilidad de acuerdo al favorecer exclusivamente los intereses de determinadas comunidades.

El Ejecutivo andaluz mantiene que cualquier reforma del sistema de financiación debe garantizar la suficiencia de recursos para prestar servicios públicos de calidad en condiciones de igualdad en todo el territorio nacional, así como respetar los principios constitucionales de solidaridad entre regiones, autonomía financiera y corresponsabilidad fiscal.

El PSOE andaluz confía en Montero y critican la falta de proyecto de Moreno

El PSOE de Andalucía ha afeado este martes que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "se agarra a la ordinalidad como un clavo ardiendo porque no tiene ni una sola idea propia sobre financiación autonómica", una cuestión cuyo "debate" va "mucho más allá" de dicho principio, según los socialistas.

Desde el PSOE-A han reaccionado así, en un mensaje remitido a los medios de comunicación este martes, en un contexto de reforma pendiente del sistema de financiación autonómica, y después de que la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, se comprometiera la semana pasada, tras dirigir la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), a presentar una nueva propuesta para modificar dicho sistema en los próximos dos meses.

Este martes, el consejero andaluz de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha expresado el rechazo del Gobierno de la Junta que preside Juanma Moreno a que el nuevo modelo de financiación autonómica se base en el principio de "ordinalidad", que supone que las comunidades más ricas "reciben más", y "cargarse directamente el principio de solidaridad que establece" la Constitución, según ha advertido el número dos del Gobierno andaluz.

En este contexto, y al hilo de esas declaraciones de Antonio Sanz, desde el PSOE-A han señalado que "Moreno Bonilla y su Gobierno no tienen ni una sola idea ni proyecto sobre financiación autonómica", y "sólo proponen confrontación porque el presidente de la Junta está agotado y cercado por la corrupción".

"Moreno Bonilla se agarra a la ordinalidad como un clavo ardiendo porque no tiene ni una sola idea propia sobre financiación autonómica", han añadido desde el PSOE-A antes de agregar que "el debate sobre financiación va mucho más allá de la ordinalidad".

Dicho esto, desde el PSOE-A han indicado que, "ante la incapacidad" de Moreno "para defender los intereses de Andalucía frente a los de su propio partido, María Jesús Montero es la garante de los intereses de Andalucía en financiación autonómica".

Asimismo, desde el PSOE-A han puesto de relieve que "Andalucía recibirá en 2026 los mayores recursos de su historia, por encima de los 30.000 millones" de euros, "una cifra récord", y al hilo han subrayado que "el 80% de lo que aumenta el presupuesto andaluz se debe al incremento en financiación autonómica".

"Desde que Montero es ministra, Andalucía ha recibido cada año 8.500 más que cuando gobernaba el PP", han subrayado también desde el PSOE-A para concluir advirtiendo de que, "con más recursos que nunca", el presidente de la Junta "tiene los servicios públicos peor que nunca" en la comunidad autónoma andaluza.