La Audiencia Provincial de Madrid juzgará la semana que viene al bailarín Rafael Amargo como presunto cabecilla de un grupo que traficaba con droga, fundamentalmente metanfetamina, que vendían desde su propio piso, unos supuestos hechos por los la Fiscalía pide para él nueve años de cárcel.

Según han confirmado fuentes jurídicas, el juicio se celebrará los días 7, 8, 9 y 12 de junio en la Sección 30 de la audiencia madrileña contra Rafael Amargo, el productor Eduardo de los Santos y otro socio de Amargo llamado Miguel Ángel Batista León.

El magistrado que llevó la instrucción, Juan Ramón Reig, propuso inicialmente juzgar a los tres acusados y a la mujer de Amargo, Lucia Bonginiano, por un posible delito contra la salud pública y otro de pertenencia a grupo criminal, pero, al no acusar la Fiscalía a la mujer, el proceso no siguió contra ella.

El juez apreció que el bailarín era el cabecilla de un grupo que traficaba con droga, fundamentalmente metanfetamina, que vendían desde el piso que compartía con su mujer, utilizando "mulas" que llevaban la droga a los compradores, y destacó las cantidades de droga intervenidas en la entrada y registro de los diferentes domicilios investigados, las llamadas telefónicas entre vendedores y compradores, las cantidades aprehendidas a los compradores y el contenido de las sustancias.

Rafael Amargo fue detenido por estos hechos el 1 de diciembre de 2020 y quedó en libertad provisional, continuando con sus actuaciones.

El pasado 16 de marzo fue arrestado de nuevo en Alicante acusado de seguir traficando con droga y de atentar contra los agentes que fueron a arrestarle, tras lo que quedó en libertad con cargos.

De cara al juicio que se celebrará desde el próximo miércoles, el letrado de Rafael Amargo, Jaime Caballero, ha recordado a Efe que recientemente el artista rechazó un acuerdo con la Fiscalía, que supondría reconocer los hechos para rebajar la pena de nueve años de cárcel que pide el Ministerio Público, porque es inocente y confía en que se demostrará.

"No es verdad que traficara con droga; nada tiene que ver ser consumidor con vender", sostiene el letrado, que destaca que el artista lleva tiempo sometiéndose a tratamiento por su adicción a las drogas, y que fue este problema el que hacía que recibiera a algunas personas en su casa, para adquirir las sustancias.

Rafael Amargo, trasladado por agentes de la Policía Nacional

Por su parte la Fiscalía pide nueve años de prisión para Amargo por vender droga de forma "persistente" en su casa, y la misma pena para el productor Eduardo de Santos, de quien dice que actuaba de forma "conjunta" con Amargo en la compra y posterior distribución de droga, según ha recordado este viernes el Ministerio Público.

También solicita seis años de cárcel para el socio Miguel Ángel Batista por ser un "hombre de confianza" que entregaba la droga a los compradores.

En el escrito de acusación, el fiscal concluye que Rafael Amargo cometió un delito contra la salud pública al vender en su propio domicilio sustancias estupefacientes a terceras personas de manera "persistente" a cambio de dinero, actuando de forma "conjunta" con el productor Eduardo de Santos y el otro socio investigado.

Recuerda la Fiscalía que en la casa de Amargo se intervinieron tres botes de "Popper" (nitritos de alquilo), una bolsita con feniletilamina con un peso neto de 0,089 gramos, y un frasco con seis mililitros de "GBL" con un valor en el mercado de 314,19 euros en su venta por gramos.

En el caso de Eduardo de Santos los agentes decomisaron, entre otras sustancias estupefacientes como ketamina y "Popper", un envoltorio de plástico con 56 gramos de metanfetamina con una pureza del 76%, con un valor en el mercado de 1.452,14 euros en su venta por gramos, y 5.800 euros en efectivo y cuatro móviles.

De cara al juicio la sección correspondiente ha rechazado la petición realizada por el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que se retransmitiera en streaming, tras valorar las alegaciones hechas por las partes y al considerar suficiente que los periodistas puedan grabar imágenes al inicio del juicio y luego seguirlo como una vista púbica común, según el auto al que ha tenido acceso