A las críticas de la rectora de la Universidad de Granada (UGR), Pilar Aranda, se suman los Decanos y Directores de la UGR mostrando su descontento hacia la gestión del Gobierno andaluz.

Basándose el escrito en un "espíritu constructivo y sabiendo la difícil tarea que supone la gestión de una pandemia", los máximos mandatarios de la UGR han querido expresar que las decisiones se deben tomar "teniendo en cuenta los distintos factores a considerar que van desde la salud de las personas, su formación y futuro profesional, las libertades individuales o el impacto económico y social".

Para los Decanos y Directores la medida tomada de cerrar las aulas es "un error pues tendría un considerable impacto en muchos de los ámbitos anteriormente citados". En relación a esto, y haciendo referencia a la experiencia de cierre en marzo, afirman que lo que se producirá con esta decisión será "la disgregación del estudiantado de la Universidad por todo el territorio nacional", un estudiantado que cuenta con más de 20.000 estudiantes de fuera de la provincia que "a todas luces regresarán a sus casas en cuanto no haya la obligación de la asistencia".

Si se aprueba dicha medida, los Decanos y Directores saben a la perfección la vida de sus estudiantes y las clases telemáticas no harán más que "acarrear un estilo de vida más activo y social, con todo lo que esto conlleva en la propagación de la enfermedad. Por ello, esta medida puede causar una consecuencia inversa como es la aparición de "nuevos focos alejados del control de la Universidad que desde el comienzo de curso lleva un riguroso seguimiento".

Como ya dijo en el día de ayer la rectora de la Universidad granadina, los centros "están siguiendo estrictamente las medidas sanitarias que la propia Conserjería proporcionó". Además, "los datos nos indican que las aulas no son focos de contagio, ni el lugar donde se hayan producido situaciones para ello".

Apartando de raíz algunos casos aislados de jóvenes inconscientes, desde la Universidad de Granada afirman que "los estudiantes están con una enorme responsabilidad en las aulas, en las bibliotecas, en los laboratorios trabajando y formándose con seguridad y acatando las normas sanitarias, porque aquí es fácil acatarlas" Por último, esta decisión del Gobierno no es más que "robarles el derecho que tienen a recibir una formación presencial".