La aldaba
Carlos Navarro Antolín
Sánchez aguanta más que el telexto
Las intervenciones de los alcaldes en la Comisión de Fomento que aborda la comparecencia de los agentes sociales sobre la Proposición de Ley de ordenación de los regadíos en los municipios al norte de la Corona Forestal de Doñana, han dado el punto de vista local de una proposición de ley que tiene nombres y apellidos entre los afectados. Todos ellos, han defendido la necesidad de contar con el mayor de los consensos para ayudar los agricultores de cada uno de los municipios afectados (Rociana del Condado, Almonte, Bonares, Lucena del Puerto y Moguer) de la situación en la que se encuentran en la actualidad.
El resto de participantes han evidenciado las posiciones que eran conocidas antes de comenzar sus intervenciones. Los agricultores afectados, como era previsible, han apoyado la iniciativa legislativa que les permite regularizar sus explotaciones. Tan sólo los representantes de la organización agraria COAG, han pedido la retirada de la normativa y la apertura de un proceso de diálogo.
Los defensores de la continuación de la tramitación y aprobación de la misma, han señalado la arbitrariedad del denominado Plan de la Fresa que ordenaba las zonas de cultivo en la Corona Norte de Huelva, en determinar el año 2004 como el de la "foto fija" para establecer las propiedades que se quedaban fuera de la regulación, algo que "dio como consecuencia varios errores".
Los momentos más tensos (uno por la mañana y otro por la tarde) se han vivido cuando el parlamentario Mario Jiménez preguntaba a Martínez-Conradi por las alegaciones formuladas por su organización al Plan Hidrológico de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, así como sobre su petición de alejar esta iniciativa legislativa del momento electoral, momento en que ha sido interrumpido por Chocano para reclamarle que formulara preguntas y rehuyera de disquisiciones en su argumentación.
Esta petición ha motivado la reacción de Jiménez, quien ha recriminado a la presidenta de la Comisión que se inmiscuyera en el contenido de su intervención como diputado y le interpelara sobre dónde se regulaba las características de ésta en el Reglamento del Parlamento.
El presidente del Consejo de Participación, pidió a los proponentes de la proposición de ley que "tengan el coraje de retirarla", además de acusar directamente al PP de "hacerle oposición a la Junta" en una intervención contundente como no se recuerda en sede parlamentaria. "Tomadura de pelo" ha sido lo más suave que ha pronunciado en una intervención que ha finalizado con la petición de reunirse a todas las administraciones "para acabar con el riesgo que tiene Doñana" y les ha pedido que "apuesten por la paz".
El representante de la Asociación de Comunidades de Regantes de Huelva, considera que "no es cierto que Doñana esté en peligro", al mismo tiempo que ha negado que "falta agua; hay más que de sobra". También ha reclamado las infraestructuras hídricas pendientes y ha apuntado directamente hacia el río Guadiamar como una de las alternativas para poder satisfacer las necesidades hídricas de las hectáreas objeto de regularización.
El gerente de la Asociación Onubense de Productores y Exportadores de Fresa, ha reclamado la conclusión de infraestructuras pendientes en la provincia de Huelva y que permitirán "regularizar una cantidad de hectáreas que se estiman en 800". También ha recordado que "llevamos pidiendo agua desde 1994 y el trasvase se aprobó en 2018 y ya es hora de que se ponga en marcha".
La representante del sindicato ha pedido a las administraciones "una salida a un problema complejo que debe compaginar el desarrollo económico, la preservación de los puestos de trabajo y, por supuesto la salvaguarda de Doñana que se encuentra en estado crítico", así como que pidió a los representantes políticos "dejar de utilizar este tema como arma electoral".
Desde la Federación de Asociaciones Agrarias-Jóvenes Agricultores de Andalucía (Asaja) en la provincia de Huelva, ha reclamado la regularización de los suelos que se quedaron fuera del Plan de la Corona Norte, porque "ocasiona problemas y alarma social", algo que a su juicio es "solucionable" y cuya indefinición "ha estado provocada por las administraciones".
Desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Andalucía, se ha propuesto "sustituir las aguas subterráneas, absolutamente todas, tanto con papeles, como sin papeles, por superficiales, para así mimar Doñana". Por su parte, Manuel Piedra, secretario general de UPA en Huelva, ha matizado que "los afectados son pequeños agricultores", por lo que defendió que "hay que ver parcela por parcela", porque "por una foto no se puede dejar fuera a una explotación familiar".
El alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar, ha asegurado en la Comisión de Fomento del Parlamento que "la ley que se tramita en el Parlamento no puede tener efectos retroactivos, así al menos lo dice incluso la Junta de Andalucía, con comunicaciones que nos remiten todos los días en los que se nos pregunta qué tipo de tierras son algunas de ellas".
El alcalde de la localidad donde más hectáreas se van a regularizar con la proposición de ley, ha asegurado que es totalmente favorable a la misma "aunque pido el máximo consenso a todos los partidos políticos y administraciones". En este sentido, ha querido recordar que "las parcelas en mi pueblo están reconocidas como de regadío desde el año 1938".
El primer edil de Bonares ha asegurado que la actual proposición de ley presentada en el Parlamento, debería haber seguido el mismo camino que "el del Plan de Ordenación anterior, es decir, buscando el consenso". García ha pedido que "se llegue a un acuerdo entre todas las administraciones y organizaciones de agricultores y regantes".
Demoledora intervención de la regidora almonteña, quien ha afeado que "no se haya consultado a los científicos, a los agricultores y regantes de Almonte que representan más del 50% de a superficie de cultivo" y ha pedido "la retirada de inmediata de la proposición de ley que está hecha sólo con intereses electoralistas"
El regidor ha asegurado que "ya es hora que las administraciones se sienten en una mesa y que solucionen un tema que leva encima de la mesa desde los años 80". A su juicio, "el agua no tiene color y tenemos que tener conciencia de que hay un problema real. Hay que tener una reunión a tres partes y arreglar este problema".
El responsable de WWF en Doñana, Juan José Carmona, pidió de manera rotunda "la retirada de la ley porque ha roto la paz social en el Condado de Huelva, es un incumplimiento flagrante de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que nos enfrentará a sanciones millonarias e invade competencias estatales".
El miembro de la Junta Directiva de la Plataforma, ha mostrado una imagen de una explotación, "que está ahora desmantelada; si se toma como fecha para un hipotético plan de ordenación el día de hoy, esta finca se quedaría sin derechos de agua".
A su juicio, el Plan de Ordenación contenía errores que deben ser subsanados, algo que calificó como "predecible después de que se regularizaran los suelos agrícolas en 2004, con la foto fija que se hizo entonces". En su opinión, "esta proposición no de ley, lo único que viene es a regular y ordenar estos errores".
El ingeniero agrónomo recuerda la elaboración de la Corona Norte "que no se dijo en ningún momento se dijo que se iba a tomar como referencia el año 2004" y se ha preguntado "si ahora con el cambio de legislación y con la regularización de 750 u 800 hectáreas que necesitan entre 3 y 5 hectómetros cúbicos, realmente ¿éste es el problema de Doñana?".
Ha puesto el acento no tanto en los suelos agrícolas que se van a regularizar ahora "sino en las más de 13.000 que se seguirán regando procedentes de los acuíferos de Doñana". También ha pedido un acuerdo entre todas las administraciones para acometer las obras hidráulicas necesarias y puso el ejemplo del Guadiana como un "recurso que no podemos dejar de aprovechar".
Jefa de Servicio de Gestión de Medio Natural de la delegación de Huelva, reconoce que "no hemos sido capaces de solucionar algunas situaciones y errores". La proposición de ley quiere estudiar caso a caso, algo que a su juicio supondrá el arreglar los problemas surgidos en 2014 con la implantación del Plan Especial del entorno de Doñana.
Agricultor en la localidad de Lucena del Puerto, explica el caso personal de como en 2004 comenzó su actividad en la propiedad de su familia. Catorce años después "me llegan dos expedientes y un año después dos sanciones por 50.000 euros cada una por un delito contra el medio ambiente. Tuve que abandonar la explotación por la que sigo pagando un canon y rentar una finca en Cartaya para continuar la actividad".
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