Las defensas de los imputados en el caso Malaya piden sentencias "ejemplares"

"Estar en el banquillo del caso Malaya no significa ser culpable". La defensa del promotor Tomás Olivo, que ejerce el letrado Antonio Ruiz Villén, subrayó ayer en el juicio contra la corrupción en Marbella recordando "a la sociedad" que estar en el punto de mira de las acusaciones no significa "haber hecho algo". Las defensas iniciaron ayer la exposición de los alegatos finales en el caso Malaya y aprovecharon la ocasión para lanzar mensajes, como hizo el letrado Nicolás González Cuéllar en representación del presidente de la promotora Aifos, que pidió una sentencia "ejemplar", pero recordando que la ejemplaridad "no se mide por los aplausos de los medios ni por las medallas de los políticos" y la corrupción no se previene "con condenas desproporcionadas ni de inocentes".

González Cuéllar admitió que en la Marbella del GIL existió corrupción, pero que Aifos fue una de sus víctimas. De acuerdo con su versión los empresarios estaban sometidos a las arbitrariedades del equipo de gobierno y por eso Aifos "se vio forzada a pagar" porque era la única manera de lograr que "dejaran en paz a la empresa". El letrado subrayó que Ruiz Casado pagó convencido de que el dinero era para el Ayuntamiento.

Sin embargo, esas aportaciones aparecen reflejadas en los documentos de Maras, la contabilidad secreta en la que el ex asesor urbanístico de Marbella, Juan Antonio Roca, anotaba sus entradas y salidas de dinero. La Fiscalía Anticorrupción afirma que la promotora Aifos pagó sobornos al ex asesor de urbanismo y principal implicado en el caso Malaya por importe de 4,8 millones. Las defensas de los directivos de la promotora, sin embargo, sostienen que tras revisar las cuentas sólo hallan un descuadre inferior a 150.000 euros que sí se pudieron entregar a Roca "en la confianza de que eran para el Ayuntamiento". Y en estas circunstancias la defensa declamó la absolución de Ruiz Casado.

Durante la sesión también expuso su informe final la defensa del promotor y dueño de la Cañada, Tomás Olivo, acusado por la Fiscalía Anticorrupción de pagar 2,4 millones en sobornos a Roca para que caducaran los expedientes de disciplina urbanística que pesaban sobre nueve licencias de obras para ampliar el centro comercial La Cañada y asegurarse el cambio de uso de un edificio en Puerto Banús.

La defensa cuestionó la actitud "pasiva y silente" de las acusaciones por no aportar pruebas, y justificó el pago de 600.512 euros a Roca por la intermediación de Olivo en la venta de unos suelos en Córdoba. Finalmente, el abogado puso en solfa que un empresario entregara "alegremente" 1,8 millones a cambio de una resolución administrativa sin ningún tipo de garantía.