Bolaños incluye a un ex diputado vasco y al chófer de Guerrero en las sobrecomisiones

La juez María Núñez Bolaños ha incluido en la pieza de las sobrecomisiones de los ERE, en la que se investiga un sobrecoste en las pólizas cuantificado en más de 66 millones, a otras 12 personas, entre las que se encuentran el ex diputado del PSOE en el País Vasco Antonio Aso Martínez; los sindicalistas Manuel Roberto Carmona Soto, ex secretario general de la Federación Minerometalúrgica de CCOO-A, el ex secretario general de UGT en Cádiz Salvador Mera Crespo y el ex secretario general de Fiteqa José Luis Montesinos; así como Juan Francisco Trujillo, el ex chófer del ex director general de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero, que también figura como investigado en esta pieza.

En un nuevo auto, la instructora ha accedido de esta forma a la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción para imputar a estas doce personas, lo que eleva el número de investigados por las sobrecomisiones de los ERE a 38. Entre los nuevos imputados figuran además de los mencionados el empresario de la Sierra de Sevilla Norte Antonio Diéguez Viera; Gregorio Martínez Piñero, conocido de Guerrero, y Agustín Guzmán Carranza, intruso en Industrias del Guadalquivir (Invirsal), entre otros.

De otro lado, la juez ha procedido a archivar la causa contra otras cuatro personas, entre las que se encuentran Patrocinio Sierra García, la esposa del conseguidor de los ERE Juan Lanzas, que no obstante seguirá en el proceso como “partícipe a título lucrativo”; Roser Massa Dalmau, administradora de Vitalia; Antonio Francisco Murillo, socio de Ismael Sierra; y Ascensión de la Cruz Antona, también ex directiva de Vitalia.

Sobre el archivo en el caso de la mujer de Lanzas, la instructora precisa que los hechos señalados por la Fiscalía “no inducen a valorar su presunta participación en la comisión de hecho delictivo alguno, sino en su enriquecimiento ilícito con los beneficios obtenidos de la conducta presuntamente delictiva de su marido”, por lo que procede el archivo sin perjuicio de la investigación por su inclusión como intrusa en el ERE de Hitemasa para “con su cuantía pagar comisions a su marido”.

Bolaños ha fijado asimismo un calendario de declaraciones en el que comparecerán 27 testigos entre los días 16 y 25 de mayo próximos.

En la nueva resolución, la instructora detecta un “cambio de orientación” en la Fiscalía Anticorrupción en lo que se refiere a la “delimitación objetiva y subjetiva” de esta pieza, por haber solicitado la inclusión en esta pieza de la esposa de Lanzas, Patrocinio Sierra García, cuando ésta ya figura como investigada por su inclusión como intrusa en la póliza de Hitemasa.

La instructora añade que, en consecuencia y “de conformidad al criterio sostenido por el Ministerio Público”, debe “limitar los hechos investigados en esta causa a aquellos que vendrían determinados por la cuantificación de aquellas cantidades abonadas por la Junta de Andalucía en concepto de prima, que superan el coste de mercado de las pólizas suscritas, su distribución, presuntamente ilícita, entre las personas físicas y jurídicas que intervienen en su fijación y, en su caso, en el destino final de los fondos como pago de presuntas ayudas públicas”.

La juez incluye los pagos realizados por el bufete Estudios Jurídicos Villasís a Muebles Don Formon, Roda Textil, Sapphire grupo empresarial, Promociones Vinícolas, Tialna, Dehesa Navera y Megara, la Sociedad de Desarrollo Local de El Pedroso, Salvador García Rodríguez, la Federación Minerometalúrgica de CCOO-A y a Verónica Galloso.

Por último, la juez ha requerido a los peritos de la Dirección General de Seguros para que emitan un informe “cuantificando aquellas cantidades abonadas por la Junta en concepto de prima que superan el coste de mercado de las pólizas suscritas, unas primas infladas realizando una cuantificación global del perjuicio total ocasionado en este concepto a la Junta de Andalucía”, para lo cual deberán examinar también los “costes de administración y adquisición”, añade Bolaños.

La titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla consideró en su momento que los hechos que se investigan en esta nueva pieza pueden ser constitutivos de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, en cuanto a unos “hechos relativos a la determinación o fijación de la prima de la póliza y porcentaje de comisión, bien de forma directa o bien indirecta, y luego a su reparto a pesar de ser todo ello presuntamente ilícito”.

La magistrada no cifró inicialmente el posible importe pagado por la Administración autonómica por esos sobrecostes, si bien la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones cuantificó en 66.155.573,51 euros las sobrecomisiones que se pagaron por encima de la media de mercado en las pólizas de prejubilaciones vinculadas a los ERE financiados por la Junta.

El informe destacaba que en la mayor parte de las pólizas la comisión percibida por los mediadores en el periodo investigado (2000-2011) ha sido "significativamente superior" a la media del mercado, que se situaba en el 2%, mientras que en las ayudas investigadas se alcanzó incluso el 12%.

De esos 66,1 millones, la mayor parte, 36.228.300,1 euros fueron percibidos por las entidades vinculadas a Vitalia, (Vitalia, Holding Europeo Tindex, Irson, Resturine, Morgan & Meyer, Rokiblau y Dreamhouses Invest). El grupo Uniter (Uniter e Ingotor) recibió 29.804.937,2 euros, mientras que otros mediadores que intervinieron un carácter marginal fueron Atlantis, que recibió comisiones por importe de 50.918,3 euros, y Expert Ejecutivos, por 71.417,9 euros.

Entre las irregularidades que detectaron los peritos de la Dirección General de Seguros se encuentran la "actuación de agentes de seguros exclusivos simultáneamente para varias entidades aseguradores, el pago de comisiones a varios mediadores por la misma póliza, el pago de comisiones a un mediador sin que conste un contrato de agencia, y la existencia de tomadores impropios en las pólizas intermediadas y la no identificación adecuada del mediador en las pólizas".