El Gobierno central recuerda que la competencia de los vertidos mineros al Guadalquivir es de la Junta de Andalucía

El Gobierno central ha recordado este miércoles que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir rechazó en su momento la autorización de vertidos mineros al Guadalquivir "por no responder a las exigencias medioambientales" y que ha sido la Junta de Andalucía la que ha autorizado la actividad de la mina de cobre que han denunciado varios ayuntamientos y distintos colectivos.

En unas declaraciones hechas en la Diputación de Jaén, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, se ha referido a las denuncias interpuestas a la Fiscalía por las entidades locales y asociaciones afectadas en relación a los vertidos mineros de la mina Cobre Las Cruces, cuyos efectos negativos en el estuario han sido objeto de crítica en un artículo científico recientemente publicado.

"En este caso, las autorizaciones de vertido en el proceso de reactivación de algunas explotaciones mineras se trata de un ámbito de competencia de la Junta de Andalucía", ha señalado Morán.

El alto cargo del Ministerio de Medio Ambiente ha recordado que en su momento los promotores de los vertidos mineros solicitaron autorización en el ámbito que corresponde a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que argumentó que "la calidad del vertido no respondía a las exigencias medioambientales que la demarcación tiene definidas".

Morán ha añadido que el promotor decidió trasladar el punto de vertido a un ámbito de competencia de la Junta de Andalucía, "que le dio el visto bueno a ese vertido y nosotros tenemos que entender que lo ha hecho con pleno conocimiento de las condiciones ambientales del mismo".

El secretario de Estado de Medio Ambiente ha señalado que las denuncias presentadas ante la Fiscalía de Medio Ambiente por ayuntamientos y colectivos "se tendrán que resolver en la administración competente, que es el gobierno andaluz".

Un estudio científico de las Universidades de Sevilla, Cádiz y Granada ha relevado que las autorizaciones de vertidos mineros al Guadalquivir "no tienen una base científica y técnica sólida", lo que podría conllevar "graves impactos" en el río y su estuario, una situación que ha sido denunciada ante la Fiscalía.

La denuncia ante el Ministerio Público, según informaron este martes en rueda de prensa los colectivos que han presentado este análisis, toma como base esta investigación científica, centrada en los vertidos mineros autorizados al Guadalquivir desde las minas Cobre Las Cruces y Aznalcóllar.

Un estudio científico de las Universidades de Sevilla, Cádiz y Granada ha relevado que las autorizaciones de vertidos mineros al Guadalquivir "no tienen una base científica y técnica sólida", lo que podría conllevar "graves impactos" en el río y su estuario, una situación que ha sido denunciada ante la Fiscalía.

La denuncia ante el Ministerio Público, según han informado este martes en rueda de prensa los colectivos que han presentado este análisis, toma como base esta investigación científica, centrada en los vertidos mineros autorizados al Guadalquivir desde las minas Cobre Las Cruces y Aznalcóllar.

Con esta actuación fiscal, impulsada de momento por el Ayuntamiento de Chipiona (Cádiz) y la asociación Facua y a la que podrían sumarse otros agentes sociales, económicos y políticos relacionados con el estuario, los denunciantes pretenden que se adopten medidas cautelares ante lo que consideran existencia de indicios racionales de delitos contra el medio ambiente.

Al contrario de lo que sostienen las firmas mineras en otro informe, los vertidos mineros autorizados contaminan gravemente el estuario y la desembocadura del río, de acuerdo al estudio desarrollado "de manera totalmente independiente, sin estar contratados ni por las empresas ni por nadie", ha asegurado el catedrático de Ecología Jesús Castillo.

La revisión científica ha sido llevada a cabo por nueve investigadores de las Universidades de Granada, Cádiz y Sevilla desde cinco disciplinas como la hidrodinámica, la zoología, la ecología, la oceanografía y las ciencias del mar.

La conclusión principal del estudio científico es que las autorizaciones de vertidos mineros "no tienen una base científica y técnica sólida" y que los autorizados al Guadalquivir desde las minas Cobre Las Cruces y Aznalcóllar podrían tener "graves impactos ambientales, socioeconómicos y de salud pública en el estuario".

Según los científicos, para dar las autorizaciones de vertidos mineros al Guadalquivir no se habrían tenido "aspectos clave" como los "efectos acumulativos y sinérgicos" de dos vertidos al mismo tiempo tanto desde Cobre Las Cruces como Aznalcóllar.

Tampoco se han considerado aspectos clave de la "fisicoquímica del estuario": "Las empresas mineras y la Junta de Andalucía dicen que los metales se quedarían disueltos en las aguas del estuario y eso no es cierto", ha explicado Castillo.

Los investigadores advierten de que no se han tenido en cuenta aspectos "hidrodinámicos" clave del estuario del Guadalquivir como que las partículas unidas a los metales en la zona interior son transportadas aguas arriba y tienden a depositarse en el fondo.

Finalmente, tampoco se habrían tenido en cuenta los denominados procesos de "bioacumulación y biomagnificación de metales", de manera que cuando esos metales se acumulan en el fondo del estuario son asimilados por la flora y por la fauna.

Los vertidos mineros podrían afectar gravemente a especies protegidas como la anguila europea, a espacios naturales protegidos como el Parque Nacional de Doñana y hábitats de interés comunitario.

"Ya tenemos medidas de arsénico en galeras en la desembocadura del Guadalquivir que están al borde de lo permitido legalmente para comercio de carne de crustáceo en la Unión Europea", ha advertido.

Ante esta situación, los colectivos que han promovido la rueda de prensa celebrada en la Universidad de Sevilla han pedido una moratoria para que se tengan en cuenta los dos vertidos, tanto el de Las Cruces como el de Aznalcóllar, y que se cree un comité de expertos independiente, que no sea de parte, antes de permitirlos.

Igualmente, han advertido de que las últimas lluvias han llevado incluso durante más de un mes al "drenaje ácido de mina", con unas concentraciones "elevadísimas" de metales disueltos como aluminio, zinc, cobre o cadmio, que están contaminando el río Agrio que pasa por la mina de Aznalcóllar, llegando al Guadiamar -un espacio protegido-, a Doñana y al estuario del Guadalquivir.